dimecres, 3 de setembre del 2014

La caída del número de matrimonios


Por lo que dicen las cifras se consolida la tendencia al incremento de los Matrimonios Civiles. 

Un tema del que publicaremos algunas cosas interesantes que tenemos preparadas basadas en nuestra propia experiencia.





Carlos Madrid, de 36 años, espera bajo la sombra de los árboles plantados frente a la Ciudad de la Justicia de Valencia que le llegue el turno de pasar por el juzgado. Está a punto de casarse con Isabel González, de 31 años. “Llevamos siete años viviendo juntos, y a los 36 años, yo creo que ya tocaba”, explica, rodeado de familiares y amigos, mientras una prima le ajusta la flor de la solapa. 

Carlos e Isabel son un reflejo de los últimos datos de nupcialidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran cómo los españoles se casan cada vez más tarde. Pero hay otros indicadores más contundentes. Por ejemplo, el fuerte retroceso en el número de bodas. En 2013 se celebraron un 8% menos que en 2012, y comparado con 2003, la caída es del 27%. 

“Son datos inequívocos de que se trata de una tendencia consolidada, no es un retroceso coyuntural”, apunta Albert Esteve, del Centro de Estudios Demográficos (CED) de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Se ha dado un cambio de esquemas en la formación de la familia”, añade Teresa Castro, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. El hundimiento es aún más vertiginoso en los enlaces religiosos: en 2012 fueron 61.809, el 37% de los celebrados en 2000 (163.636). 

Existen razones estrictamente demográficas que ayudan a explicar estos datos. El número de matrimonios depende, en parte, de la cantidad de jóvenes que hay en edad de casarse. Y ahora están llegando a los 30 años las llamadas generaciones vacías, denominadas así porque están mucho menos nutridas que las de los babyboomers de principios y mitad de la década de 1970. 

Tampoco hay que infravalorar el peso de la crisis, que retrasa (o impide, en el peor de los casos) la emancipación y los proyectos vitales de vida en pareja. 

Pero el declive del matrimonio arranca antes del estallido de la burbuja inmobiliaria y hunde sus cimientos en un cambio de usos sociales. Cada vez es más habitual que las parejas convivan al margen del régimen conyugal. La tendencia, consolidada a lo largo del siglo XXI, es vivir juntos, al menos, durante unos años antes de decidir formalizar la relación y pasar por el juzgado o el altar, si finalmente se decide hacerlo. “La cohabitación se impone como la forma mayoritaria de comenzar la vida en pareja”, apunta Esteve. 

Ello queda patente en diferentes estadísticas. Por ejemplo, en el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que conviven en pareja, que se ha triplicado en diez años. Mientras en el censo de 2001 la tasa era del 6,5%, en 2011 creció hasta el 19%. 

El incremento del número de hijos fuera del matrimonio, que en 2012 ya eran el 39% del total, es otro indicador del peso que están adquiriendo los hombres y mujeres que viven juntos de espaldas al matrimonio. “Un tercio de estos niños corresponde a mujeres solas, pero el resto son de parejas de hecho”, indica Castro. 

La cohabitación prolongada previa a la boda se traduce en el aumento de la edad de los novios. El ejemplo extremo es Suecia. El patrón para formar una familia en este país sigue mayoritariamente las etapas de convivencia en pareja-hijo-matrimonio. Es el país europeo con la edad media más alta del primer matrimonio: 35,5 años en hombres, 33 en mujeres; por 33,8 y 31,7 en España, de las más elevadas. 

Ignacio Linares, de 37 años, ha seguido la secuencia sueca de formación de la familia. Se casó hace dos meses con Clara Giner, de la misma edad, después de 12 años de vida en común. Lo hizo “por los derechos que aporta el matrimonio” pensando en sus dos hijas, de tres y un año. Fue una boda de trámite, discreta. “Si no es por las pequeñas, no me hubiera casado”, comenta. 

“Es cierto que el matrimonio aporta ventajas respecto a la convivencia en pareja”, apunta Isabel Gozalo, especialista en derecho de familia del Consejo General de la Abogacía. “Los cónyuges gozan de presunciones legales de las que carecen las parejas que, por lo tanto, tienen que demostrar”. Por ejemplo, vivir bajo un mismo techo. La necesidad de probar la convivencia, lo que no siempre es una tarea sencilla, puede comportar inconvenientes en el ámbito de la Seguridad Social, tributario o administrativo, advierte la letrada. El alta en el registro de parejas de hecho sí concede mayor seguridad. Pero, una vez decidido que se quiere dar el paso de formalizar la relación, las parejas suelen optar por el matrimonio. 

Como en el caso de Ignacio y Clara, las bodas a las que asisten los novios con hijos son cada vez más frecuentes. “Yo diría que ya representan el 30%”, explica la magistrada del Registro Civil número 2 de Valencia, quien también ha advertido el incremento de edad entre los contrayentes. 

En todo caso, no todos los que conviven acaban por casarse. Pueden mantener su condición de pareja de hecho con o sin hijos. Y se consolidan figuras de cohabitación alternativas a las clásicas, como las parejas que tienen una relación estable pero, a la vez, mantienen sus viviendas. Son los living apart together (algo así como los que viven separados pero están juntos), destaca Esteve.

También se ha incrementado el porcentaje de personas que viven solas (los hogares unipersonales han crecido un 45% entre 2001 y 2011). “Baja la intensidad del matrimonio y en formar parejas”, apunta el demógrafo del CED.

Todos estos aspectos completan el dibujo que traza el INE respecto a los matrimonios y que refleja unos cambios “rápidos” relacionados con las familias españolas en las últimas décadas, señala Castro. “España empezó tarde, pero ha ido muy rápida en situarse en la media europea”, apunta. Incluso ha avanzado a países culturalmente afines, como Italia, en indicadores como hijos fuera del matrimonio o la caída de la nupcialidad. “Es algo que estamos estudiando con colegas italianos, nos llama mucho la atención”, adelanta la investigadora.




Publicado en: El País

El PP se plantea una segunda vuelta si nadie saca el 40 % en las locales


La reforma de la ley electoral que está cocinando el Partido Popular es, por ahora, secreto de Estado en los matices, aunque la letra gruesa que ha trascendido ha sido ya suficiente para provocar una polémica con ribetes de escándalo. La «elección directa de alcaldes» en terminología de los populares, un «golpe de Estado municipal» para la oposición contempla que el candidato que alcance el 40% de los votos será automáticamente el dueño de la vara de mando porque se le primará de tal forma que tendrá la mitad más uno de los concejales, según explicaron ayer fuentes populares. Las mismas indicaron que en el caso de que ninguno de los contendientes en la carrera hacia la alcaldía alcance el 40%, la reforma podría contemplar que se celebrara una segunda vuelta, a la francesa, en la que concurrirían los dos aspirantes más votados. En ese caso, el reparto de concejales se efectuaría en función de los resultados de esa primera elección con un factor corrector al alza para los dos finalistas. 

La doble vuelta entre los candidatos con más predicamento si nadie alcanza la mayoría absoluta, fue reivindicada por los socialistas y hasta incluida en el programa electoral. En todo caso, no hay nada definitivo, advierten desde el PP, partido que está abierto a escuchar propuestas, según han reiterado desde el Gobierno y desde el partido. El propio presidente Mariano Rajoy apuntó que no se abordaría la reforma sin contar con el consenso de los partidos. 

El líder del PSPV, Ximo Puig, arremetió ayer contra la iniciativa del PP basada, dijo, «en un análisis de los resultados para conservar la mayoría política cuando han perdido la mayoría social». «40 no puede ser más que 60» 

«Democráticamente 40 no pueden ser más que 60, por lo que no es razonable en términos democráticos que a meses de las elecciones se cambien las reglas del juego». «El PP está a la desesperada y quiere mantenerse en el poder aunque sea costa de la democracia», denunció Puig, quien acusó a «Fabra, Barberá y Rajoy» de estar «jugando con fuego». «En vez de ser responsable, Rajoy es un bombero pirómano que quiere abrir otro frente más de deslegitimación y deterioro de la democracia representativa», lamentó.

El dirigente socialista acusó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de practicar el «cinismo sin límite» cuando critica la posibilidad de pactos de izquierda para desalojarla del poder. «Ella llegó a alcaldesa [en 1991 merced al acuerdo entre PP y Unión Valenciana] por un pacto cuando sacó 1 concejal más que Lizondo y 4 menos que Clementina Ródenas», denunció Ximo Puig.


Autor: F. Arabí
Publicado en: Levante EMV

divendres, 29 d’agost del 2014

La Diputación invertirá 523.200 euros en mejorar la iluminación de edificios públicos en la comarca de la Vall d’ Albaida


La corporación provincial subvenciona el 80% del presupuesto de la adquisición de artículos de iluminación tecnológica LED en la provincia de Valencia



La Diputación de Valencia invertirá 523.200 euros en el ahorro en energía y gasto corriente de los ayuntamientos de la Vall d’ Albaida mediante una nueva línea de subvención para la adquisición de artículos de iluminación tecnológica LED. 

Con esta iniciativa, la corporación provincial financia el 80% del importe total de los costes de cada municipio. En este caso al costar 654.000 euros, la Diputación inyectará 523.200 euros. Por su parte, el ayuntamiento hace frente al 20% restante, 130.800 euros. 

La finalidad de estas subvenciones es aumentar el ahorro energético y al mismo tiempo reducir la contaminación lumínica. Para ello, la corporación provincial puso en marcha el Plan de Eficiencia Energética en Edificios Municipales y el Plan de Eficiencia Energética en Alumbrado Público. 

Con estas nuevas ayudas, la entidad provincial completa un cuadro de actuaciones integrales que favorecen el ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos de las entidades locales de la provincia de Valencia. 

Así, podrán ser beneficiarios de estas ayudas los municipios de la provincia que adquieran los siguientes artículos de iluminación tecnológica LED para edificios públicos: Tubos LED, bombillas LED, Dicroicas LED, que pueden ser bombillas dicroicas o transformadores para Dicroicas GU5.3, Downlights LED, paneles LED, campanas LED y proyectores LED. 

Ayudas 

La cuantía de la ayuda estará determinada por los siguientes baremos poblacionales: Los municipios de hasta 500 habitantes recibirán 4.800 euros; los de 501 vecinos y hasta 1.000 obtendrán 8.000 euros; las localidades desde 1.001 habitantes y hasta 3.000, 16.000 euros; los municipios desde 3.001 habitantes y hasta 5.000 recibirán 20.000 euros; las poblaciones con 5.001 habitantes y hasta 10.000, 40.000 euros, los municipios desde 10.001 vecinos y hasta 20.000, 80.000 euros y, por último, los municipios de más de 20.000, excepto la ciudad de Valencia, recibirán 120.000 euros. 

Por ello, Aielo de Rugat, Bellús, Beniatjar, Benissoda, Bufali, Carrícola, Guadasséquies, Otos, Pinet, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig recibirán hasta 4.800 euros por parte de la diputación provincial. Bèlgida, Benicolet, Montixelvo y el Palomar podrán obtener hasta 8.000 euros para realizar los cambios de bombillas. Mientras que los municipios de Agullent, Aielo de Malferit, Alfarrasí, Atzeneta d’ Albaida, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Lutxent, Montaverner y la Pobla del Duc serán subvencionados con hasta 16.000 euros. Mientras que Bocairent podrá obtener hasta 20.000 euros. L’ Olleria y Albaida recibirán hasta 40.000 y Ontinyent podrá percibir hasta 120.000 euros.



dijous, 28 d’agost del 2014

El PP apela a Suárez para justificar su reforma electoral


Presentó un proyecto de ley que preveía 
la designación automática del cabeza de lista 

Los 'populares' recuerdan que en 1998 los socialistas 
también plantearon un cambio 

"En varios países de nuestro entorno, 
como Francia y Portugal, ya se contempla"


El PP invoca a la Constitución y el legado político del ex presidente Adolfo Suárez para argumentar la decisión de Mariano Rajoy de aprobar y comenzar a aplicar una reforma electoral que permita gobernar en los ayuntamientos a la lista más votada, aunque no obtenga el respaldo del principal partido de la oposición. 

El borrador de moción que el PP ha remitido a sus grupos municipales manifiesta que la Carta Magna ya contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos y rememora que, en 1978, Suárez presentó un proyecto de ley de elecciones locales donde se preveía «la designación automática como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más votada». No fue finalmente aprobado, puntualizan en el texto, pero «lo cierto es que en varios países de nuestro entorno, como Francia y Portugal, se contempla». 

Los populares apelan al artículo 140 de la Constitución para apuntar también que ya se prevé que los alcaldes «serán elegidos por los concejales o por los vecinos». Y recuerdan que en 1998 el Grupo Parlamentario Socialista planteó una proposición de ley orgánica para modificar la situación actual -donde la suma de otras opciones puede desplazar al candidato con más votos-, en la que proponía cambios sustanciales como «el establecimiento de una prima electoral para el grupo del alcalde ganador o una segunda vuelta». 

La iniciativa caducó porque se disolvió la Cámara, señalan. Pero -apunta la moción- el PSOE incluyó la elección directa del primer edil en el programa electoral de 2004. «De hecho», indica «fue la propuesta estrella al inicio de la redacción del Libro Blanco para la reforma del régimen local que, como tantas otras del Gobierno de Zapatero, fue incumplida». 

Desde Santiago de Compostela, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en rueda de prensa junto a la canciller alemana, Angela Merkel, aseguró ayer que o los socialistas estaban «muy equivocados» entonces o la propuesta «no es tan mala», máxime cuando se aplica en varios países «importantes» de la UE. 

Es «mucho mejor», señaló, que sea alcalde quien es elegido por los ciudadanos que quien es fruto de pactos entre tres, cuatro, cinco o seis partidos. Rajoy se reunirá con la dirección del PP para acabar de definir la propuesta. PSOE e IU han avanzado que no se sentarán a negociar.


Artículo de: Marisol Hernández
Publicado en: El Mundo

dimecres, 20 d’agost del 2014

El Gobierno prevé que en 2015 haya elección directa de alcaldes


Arenas reta a Sánchez a que 
"presente una propuesta más democrática" 
que esa 


El Gobierno tiene la voluntad de impulsar la reforma legal necesaria que establecerá que en los Ayuntamientos gobierne la lista más votada, y con vistas a ello el PP va «a dialogar hasta la extenuación para conseguir un acuerdo». Son palabras del vicesecretario de Asuntos Territoriales del Partido Popular, Javier Arenas, que en declaraciones a ABC subrayó ayer que en septiembre se intensificarán las negociaciones con todos los grupos parlamentarios con el fin de consensuar una fórmula que garantice el máximo respeto a la decisión de la mayoría en la elección de alcaldes. Esa fórmula podría introducir mecanismos de segunda vuelta como los que ya se utilizan en otros países de Europa, o también otorgar la alcaldía al candidato que obtuviera una ventaja «clara y apreciable» con respecto a la fuerza inmediatamente posterior, que los estudios que realizan en el PP situarían en un margen «superior a cinco puntos». 

La consigna es el diálogo. No obstante, otras fuentes del PP que prefieren no ser identificadas han avanzado a este diario que los cambios se llevarán adelante para su aplicación en los próximos comicios municipales con o sin compañía de otras formaciones, particularmente del PSOE. Su recién estrenado secretario general, Pedro Sánchez, proclamó la pasada semana un «no ahora, y no en el futuro» a esta modificación tras entrevistarse en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que a su vez insistió el pasado viernes en no dar por cerrada la vía del pacto con los socialistas. 

Arreglos en despachos 

El jefe del Ejecutivo lo hizo habida cuenta de que en sus programas para los comicios municipales de 2003 y los generales de 2004 estuvo presente, aunque lo abandonó a partir de 2007, cuando vio abierta la posibilidad de desplazar al PP a través de pactos con IU o los nacionalistas. 

«El PSOE está habituado a resolver las elecciones municipales desde los despachos y no con los ciudadanos... es muy cómodo hacer una "segunda vuelta" en conversaciones con IU», lamentó Javier Arenas, que avanzó que el PP no descarta «ninguna fórmula, siempre que pase por la voluntad popular y por las urnas». 

La literalidad del programa con el que se presentó José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 proponía «elección directa de los alcaldes, en votación diferente pero simultánea a la de los concejales, en un sistema de doble vuelta que refuerce la gobernabilidad de los Ayuntamientos y en el que se reconozca el derecho de sufragio a todos los que residan legalmente en España». 

«No» presente y futuro 

En vista de aquella determinación y del rechazo absoluto exhibido ahora por el líder socialista —y antes que él, por su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba o la presidenta de Andalucía, Susana Díaz— Javier Arenas ha tachado de «incomprensible y cínica» la postura del PSOE

«Reto al señor Sánchez a que presente una propuesta más democrática que la nuestra. No se puede entender que el señor Sánchez, sin ninguna mayoría absoluta, sea hoy secretario del PSOE y sin embargo se oponga a que una mayoría amplia de ciudadanos elija a su alcalde», añadía el responsable de Asuntos Territoriales del PP. 

Dentro de la defensa de la elección directa de alcaldes que plantean los populares -y que ya formularon en 2010, cuando estaban en la oposición-, se prevé la presentación a partir de septiembre en todos los ayuntamientos de una moción que destaque que ese sistema «se funda en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y de un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos». 

Lejos de esa lectura, la negativa del PSOE fue, no obstante, reforzada ayer por su secretario de Organización, César Luena, quien en rueda de prensa en Ferraz dijo que esta iniciativa activada a pocos meses de las elecciones municipales «demuestra el miedo del PP a la democracia». «Nosotros lo que creemos es que la estabilidad en las normas es una parte muy importante para que la democracia funcione bien, y la derecha del PP está muy acostumbrada a cambiar las normas».


Articulo escrito por: L.L Caro
Publicado en: ABC

Rajoy está dispuesto a aprobar sin el PSOE la elección directa de alcaldes


El presidente hará en septiembre una 
propuesta a los grupos parlamentarios

Peridis; El País: 20 de agosto 2014.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está dispuesto a seguir adelante con la reforma de la ley electoral para modificar el actual sistema de elección de los alcaldes, a pesar del rechazo rotundo del PSOE, según explican diversos dirigentes y miembros de la ejecutiva del PP. Rajoy ha ordenado a responsables de su partido que sigan trabajando para presentar en septiembre esta propuesta dentro de un plan de regeneración democrática o de mejora del funcionamiento de las instituciones, añaden dichas fuentes. Escuchó directamente del nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, en su reunión de La Moncloa en julio el rechazo rotundo del principal partido de la oposición. Entonces no desveló a Sánchez si seguiría adelante, pero ha hecho caso omiso de ese rechazo y ha puesto en marcha la medida y está dispuesto a avanzar para que se aplique ya en las municipales de mayo de 2015. 

Fuentes de la dirección del PP aseguran que habrá una ronda de reuniones con todos los grupos para exponerles estas medidas, que incluirán otras novedosas que ya han sido ultimadas, y con disposición para escuchar algunas más. “Retamos al PSOE y a la izquierda a que presente propuestas más democráticas que la nuestra y que garanticen la elección directa por los ciudadanos”, aseguró a este periódico Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP. No está decidido si la negociación será entre partidos o con el Gobierno y en función de eso y de si hay acuerdo la propuesta se concretará en un proyecto de ley del Ejecutivo o una proposición de ley firmada por varios grupos. 

La intención, siempre según fuentes del PP que trabajan en la propuesta concreta, es la de sentarse con el PSOE y buscar un acuerdo global. Algunas medidas como la de establecer por ley que deban abandonar sus cargos públicos los que vayan a sentarse en el banquillo ya están en trámite en el Parlamento y otras como la reforma electoral o la reducción del número de aforados deben ser incluidas en otras. 

El PP tiene mayoría suficiente en el Parlamento para sacar adelante estas propuestas, pero nunca antes en democracia se ha cambiado la ley electoral sin acuerdo entre los dos grandes partidos. Lo más parecido ocurrió recientemente cuando María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, aprobó una reforma del Estatuto que afectaba al modelo electoral solo con los votos de su partido y sin consenso, lo que no había sucedido nunca desde 1978 en ninguna comunidad. 

Hasta el momento, el PSOE ha rechazado de plano la reforma electoral que planteó Rajoy por primera vez en junio. Por eso, fuentes socialistas explican que pedirán que la reforma de la ley electoral se saque del paquete global de medidas de regeneración, por entender que es ajena al asunto y, además, solo pretende favorecer al PP. Sánchez anunció este martes en Ibiza que en septiembre presentará también “medidas radicales de limpieza democrática”. 

Desde que Rajoy hizo pública su propuesta, destacados dirigentes del PP se han pronunciado a favor de seguir adelante en todo caso. El más significativo ha sido el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que pidió que se apruebe la propuesta aunque sea sin respaldo de los socialistas. También los populares valencianos están presionando a Génova en el mismo sentido. Otros como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, pidieron que se haga solo si hay consenso. Y destacados dirigentes del PP dan por hecho que Rajoy está decidido a ir hasta el final con su propuesta. 

Fuentes populares explican que no hay una fórmula cerrada para modificar la elección de alcaldes y que trabajan en varias opciones que, además, podrían modificarse en la negociación con los otros grupos. Por ejemplo, aseguran que una opción para intentar lograr el apoyo de los socialistas sería establecer una segunda vuelta entre las dos listas más votadas siempre que ninguna haya alcanzado un porcentaje claro que, por ejemplo, podría ser como mínimo del 40%. Si algún partido en primera instancia llegara a ese porcentaje tendría la alcaldía y el control del Ayuntamiento sin necesidad de segunda vuelta. “Que la segunda vuelta no se haga en los despachos”, explica el PP. 

Este martes se abrió una pequeña grieta en el rechazo del PSOE a esta reforma, porque el coordinador del Consejo Territorial del PSOE de Andalucía, Juan Pablo Durán, admitió que esa reforma sea estudiada para 2019, es decir, no para las próximas municipales, sino para las siguientes. El PP descarta totalmente esta opción. 

Para esta reforma legal y otras que puedan proponerse, el Gobierno dispone del tiempo justo para la tramitación parlamentaria. En la legislatura solo quedan dos periodos de sesiones parlamentarios completos: el que empieza en septiembre y acabará en diciembre y el de enero de a julio de 2015, para que las elecciones generales sean en noviembre. La reforma de la ley electoral deberá pasar por el trámite de informes no vinculantes si se aprueba en Consejo de Ministros y el posterior en el Congreso y el Senado, con tiempo justo de que esté listo antes de las municipales de mayo de 2015 para que entre en vigor. 

Después de su reunión con Sánchez, Rajoy siguió defendiendo su propuesta y ni siquiera se dio por enterado del rechazo del PSOE: “Ese tema no está cerrado con el partido socialista”. 

Así elige Europa a sus alcaldes 

El sistema electoral en el Reino Unido, tanto en lo que concierne a las municipales como a las legislativas, es nítidamente mayoritario: el primero que llega, gana; esto es, se impone el candidato más votado, con independencia de que tenga o no mayoría absoluta. En el caso concreto de los comicios locales, los electores deciden entre uno y tres nombres, según las circunscripciones, y el aspirante o aspirantes son elegidos a tenor del número de sufragios obtenidos. 

En Alemania no existe una ley única que regule el proceso electoral, ni tampoco hay una ley que impida las alianzas para gobernar en los Ayuntamientos. En 12 estados federados, el regidor es elegido por mayoría absoluta y, si ningún candidato obtiene ese resultado en la primera vuelta, los dos más votados tienen que ir al balotaje (la segunda vuelta), donde les bastará la mayoría simple. En otros cuatro Estados, los alcaldes son elegidos por los Parlamentos locales. 

En Francia, las elecciones municipales son una combinación entre los comicios mayoritarios a dos vueltas y los proporcionales. Las listas que logran más del 50% de los votos (con la participación de más del 25% de los inscritos) se hacen con la mitad de los puestos de consejeros municipales, una modalidad denominada “prima mayoritaria”, y el resto se reparte de forma proporcional entre esa misma lista y las siguientes que hayan logrado más del 5%. En caso de no alcanzar ninguna lista la mitad de los votos, lo más frecuente, se celebra una segunda vuelta, en la que pueden mantenerse las que obtienen más del 10% de los sufragios en primera, y pueden fusionarse las que obtienen más del 5%. 

En los municipios de Italia de más de 15.000 habitantes los electores pueden votar solo para el alcalde (poniendo la cruz sobre el candidato que prefieran) o también para la asamblea municipal (poniendo la cruz sobre el símbolo de uno o dos partidos). Si ningún candidato alcanza la mitad de los votos más uno, se celebra una segunda ronda entre los dos candidatos más votados.




Artículo escrito por: Fernando Garea Baragaño
Publicado en: El País

dimarts, 19 d’agost del 2014

Las autonomías frenan la ley que les obliga a asumir servicios municipales


Colas para acceder a un comedor social en Madrid, el pasado enero / SAMUEL SÁNCHEZ

La Asamblea de Madrid (con mayoría absoluta del PP) aprobó el mes pasado una ley que aplaza —hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación— la asunción de ciertas competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales, unas competencias que ahora están en manos de los Ayuntamientos y cuyo traspaso a las comunidades ordenaba la reciente ley de reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Cataluña ha hecho lo propio con un decreto ley publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado. En el preámbulo de ese decreto, la Generalitat habla de la “incertidumbre jurídica” que ha creado la reforma local, que entró en vigor el pasado enero en toda España y que, según el texto, “ha generado numerosas y contradictorias interpretaciones por parte de los entes locales”. 

Extremadura, gobernada por el PP, ha desarrollado la ley estatal con sus propias claves para evitar que desaparezcan las mancomunidades de su región. Más contundente ha sido Andalucía, que ha aprobado un decreto ley pensado como un “dique de contención contra el desmantelamiento de la Administración local”, en palabras del vicepresidente Diego Valderas (IU). Galicia, Castilla y León, País Vasco y La Rioja también han desarrollado sus propias leyes para esquivar en mayor o menor medida uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy. 

Paralelamente, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite nueve recursos contra la reforma formulados por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias; y los Parlamentos extremeño, catalán, andaluz y navarro, así como el presentado por 130 diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto. El Constitucional todavía tiene que pronunciarse sobre un décimo recurso, el registrado en julio por cerca de 3.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) que gobiernan a unos 17 millones de ciudadanos. 

Tras esta ofensiva legislativa y judicial, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha quedado reducida a la mínima expresión ocho meses después de su entrada en vigor. Su gran objetivo, plasmado en la máxima de “una Administración, una competencia”, está siendo papel mojado mientras no se aclara el nuevo sistema de financiación autonómica, cuya negociación ha sido aplazada sine díe por el presidente del Gobierno: “Ahora es imposible”, reconoció Rajoy hace una semana. 

Sin más dinero, los Gobiernos autónomos de todo signo político se niegan a rescatar o ceder por convenio los servicios que según esa ley estatal deben dejar de prestar sus municipios: desde oficinas de consumo a casas de acogida de mujeres, albergues, guarderías, centros de mayores, oficinas de turismo o consultorios médicos. La propia reforma ya daba unos plazos muy amplios para ejecutar ese traspaso en cuanto a los servicios sociales y la sanidad, pero la opinión unánime de los alcaldes consultados es que nada se ha movido desde enero. 

El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), lo explica en clave de normalidad frente a “las posturas alarmistas que llegaron a decir que se desmantelarían los servicios sociales, se perderían decenas de miles de puestos e iríamos hacia la privatización”. “Nada de eso ha sucedido”, subraya. Aun así, De la Serna cree que hay una ofensiva de ciertas autonomías para pulverizar la ley y reclama al Gobierno que la defienda. El Ministerio de Administraciones Públicas no ha movido ficha, aunque el Ejecutivo afirma que estudiará si las normas que están aprobando las comunidades vulneran la ley estatal. 

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), coincide con que apenas se ha notado la entrada en vigor de la reforma local. La legislación autonómica que ha impulsado el Gobierno gallego (PP) con el decidido apoyo de los alcaldes de su partido frena el traspaso de competencias al menos hasta 2015. “El albergue social nos cuesta 750.000 euros. Se lo tendría que quedar la Xunta, pero seguimos con él y pagándolo. En el resto de comunidades prácticamente sigue todo igual”, dice. 

Eulalio Ávila, presidente del Colegio de Interventores y secretarios de la Administración Local, razona que uno de los problemas está en la redacción del artículo 25 de la norma, el que regula las competencias de los municipios: “Adolece de cierta ambigüedad. Las comunidades han regulado en general de una manera laxa el desarrollo de la reforma local, que tendría que haber nacido de un pacto de Estado, incluidas comunidades y Ayuntamientos, con un acuerdo amplio. Pero los desarrollos normativos de cada comunidad dejan claro que no había una visión común”, afirma Ávila. 

Otro dato: Hacienda prometió que en abril publicaría la lista de las poblaciones que, por incumplir con la estabilidad presupuestaria, no pueden prestar competencias que no se recojan en la ley. Nada se sabe de ese documento. Fuentes municipales aseguran que el departamento de Cristóbal Montoro tiene razones para no mostrarse muy estricto con los alcaldes: la Administración local lleva dos ejercicios aportando superávit a las cuentas públicas y queda menos de un año para las elecciones. “[La ley] se está aplicando bajo mínimos”, analiza el responsable de política municipal de IU, Manuel Fuentes. “Nos lo temíamos la mayoría de los municipalistas: en vez de solicitar la delegación de competencias o la prestación de servicios, se deja hacer porque no se ha solucionado el problema de la financiación municipal. Pero no hay que perder de vista que tanto esta ley como todo lo que el PP ha impulsado, como el plan de pago a proveedores o la ley de estabilidad presupuestaria, pone en riesgo los servicios públicos”, añade. 

Ni una sola fusión de municipios 

Pocos meses después de llegar al Gobierno, Mariano Rajoy hizo un primer intento para convencer a sus filas de que la reforma de la Administración debía comenzar por un recorte de los 68.462 concejales que pueblan las 8.117 alcaldías españolas. Más de 30 borradores manejó el Ministerio de Hacienda del proyecto de ley de reforma local hasta que, en agosto de 2013, entró en el Congreso muy descafeinado por las presiones de cargos medios del PP. Tras cuatro meses de tramitación parlamentaria y lejos de las intenciones iniciales, la reforma refuerza el papel de las Diputaciones y no ha inducido a ninguna fusión local. La única integración (y primera en 32 años) está recurrida ante los tribunales y se produjo antes de la entrada en vigor de la ley, en diciembre pasado, entre Oza dos Ríos y Cesuras, dos pequeños Ayuntamientos coruñeses. No hay ninguna otra en marcha. 

La ley tampoco ha servido para propiciar una reducción significativa de mancomunidades: solo han desaparecido 20 de las 1.021 que había hace un año. En cuanto a las plantillas, según el Ministerio de Hacienda, entre enero de 2012 y enero de 2014 se han recortado 25.000 puestos, hasta el medio millón de empleados actuales, lo que deja la administración local en los niveles de 2006. 

La ley también fue presentada como la reforma que iba a poner coto a los sueldos en las corporaciones municipales, pero la tramitación parlamentaria elevó dos veces los límites salariales para concejales y alcaldes, de forma que apenas ha habido rebajas de nóminas. El Gobierno insiste, aun así, en que la ley ahorrará 7.129 millones de euros en tres años.



Publicado en: El País

dilluns, 18 d’agost del 2014

La Vall d’Albaida dispondrá de un millón para equipos de calefacción más sostenibles y ecológicos


Rus: “Nuestro objetivo es reducir el gasto corriente de los ayuntamientos con el fin de que destinen ese dinero a inversiones productivas y otras mejoras para los vecinos”


Dotado con 17,2 millones, el Plan de Eficiencia Energética financia a los ayuntamientos la compra de equipos de biomasa, quemadores, silos y captadores solares para calefacción de edificios públicos y su mantenimiento por dos años 


La Diputación de Valencia abre una nueva línea de subvención para la adopción de medidas en los pueblos que supongan la reducción de las emisiones de gas efecto invernadero y cumplir los objetivos europeos contra el cambio climático, además de impulsar el ahorro económico en los ayuntamientos. En concreto se va a destinar un millón a todos los pueblos de la comarca de la Vall d’Albaida, previa solicitud de cada uno de los ayuntamientos. 

El presidente Alfonso Rus ha señalado que el nuevo plan responde al objetivo de la institución provincial que dirige de reducir el gasto corriente de las corporaciones locales “con el fin de que destinen ese dinero a inversiones productivas y otras mejoras para los vecinos”. “La situación de los ayuntamientos -ha dicho- exige un esfuerzo de imaginación por parte de todos para mantener el mismo nivel de servicios y de bienestar de los vecinos y recuperar el potencial económico para revertir ese beneficio en inversiones que sean productivas y puedan crear empleo, que es lo que tenemos que buscar en este momento todos los que tenemos responsabilidades públicas”. 

Rus ha comentado, igualmente, que el plan permitirá a los ayuntamientos renovar sus fuentes de energía pasando de las tradicionales como el gasoil, gas y electricidad a las alternativas procedentes de la biomasa, como los “pellets”, o las mixtas y las solares, con la renovación de las calderas y quemadores. 

El Plan provincial de Eficiencia Energética en equipos de calefacción, con una dotación presupuestaria de 17,2 millones, colabora y financia en un 80% la adquisición de equipos de biomasa, quemadores, silos y captadores solares para edificios públicos de los municipios de la provincia de Valencia y su mantenimiento durante un plazo de dos años. 

Asignación a la Vall d’Albaida 

El millón de euros asignado por la Diputación de Valencia a la Vall d’Albaida se reparten con la dotación de 12.000 euros para Aielo de Rugat, Bellús, Beniatjar, Benisoda, Benisuera, Bufalí, Carrícola, Guadasséquies, Otos, Pinet, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere, Terrateig, respectivamente. Un importe de 20.000 euros ha sido asignado para cada una de las localidades de Bélgida, Benicolet, Montixelvo, El Palomar. Los beneficiarios de la asignación de 40.000 euros son los municipios Agullent, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Llutxent, Montaverner, La Pobla del Duc y Quatretonda. Una suma de 50.000 euros ha sido destinados a Aielo de Malferit y Bocairent, respectivamente. Además, los municipios que podrán disfrutar de una asignación de 100.000 euros cada uno son Albaida, Benigànim y l’Olleria. Finalmente, la cantidad de 300.000 euros ha sido asignada a Ontinyent. Cada ayuntamiento tendrá que solicitar previamente la solicitud según las bases que se han publicado ya en la web corporativa dival.es y, como es preceptivo, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La Diputación de Valencia financia el 80% del presupuesto asignado a cada municipio, teniendo en cuenta los límites que se establecen por el baremo poblacional. Por su parte, el ayuntamiento tiene que costear el 20% restante. 

El plan se rige por los siguientes baremos poblacionales: Municipios de hasta 500 habitantes, 9.600 euros; poblaciones de 501 y hasta 1.000 habitantes, 16.000 euros, poblaciones desde 1.001 vecinos y hasta 3.000, 32.000 euros; municipios con más de 3.000 y un máximo de 5.000, 40.000 euros; localidades desde 5.001 y hasta 10.000, 80.000 euros; municipios de 10.0001 habitantes y hasta 20.000, 160.000 euros, y de más de 20.000 excepto la ciudad de Valencia recibirán como máximo 240.000 euros. 

Con esta iniciativa, la corporación provincial completa un grueso de actuaciones integrales que favorecen el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios públicos de las entidades locales de la provincia de Valencia.


Fuente: El Periódic

dilluns, 11 d’agost del 2014

La Diputació destina 17,2 milions a l'estalvi energètic dels pobles per mitjà de nous equips d'energies alternatives


Rus: «El nostre objectiu és reduir el gasto corrent dels ajuntaments a fi que destinen eixos diners a inversions productives i altres millores per als veïns» 

El Pla d'Eficiència Energètica aporta el 80% del cost de la compra d'aparells de biomassa, sitges, cremadors i captadors solars


La Diputació de València obri una nova línia de subvenció per a l'adopció de mesures en els pobles, que suposa la reducció de les emissions de gas d’efecte hivernacle i el compliment amb els objectius europeus contra el canvi climàtic, i a més impulsa l'estalvi econòmic en els ajuntaments. 

El president Alfonso Rus ha assenyalat que el nou pla respon a l'objectiu de la institució provincial que dirigix de reduir el gasto corrent de les corporacions locals, «a fi que destinen eixos diners a inversions productives i altres millores per als veïns.La situació dels ajuntaments —ha dit— exigix un esforç d'imaginació per part de tots per a mantindre el mateix nivell de servicis i de benestar dels veïns i recuperar el potencial econòmic per a revertir eixe benefici en inversions que siguen productives i puguen crear ocupació, que és el que hem de buscar en este moment tots els que tenim responsabilitats públiques». 

Rus ha comentat que el pla permetrà als ajuntaments renovar les seues fonts d'energia, passant de les tradicionals com el gasoil, gas i electricitat a les alternatives procedents de la biomassa, com els pèŀlets, o les mixtes i les solars, amb la renovació de les calderes i cremadors. 

El Pla d'Eficiència Energètica en equips de calefacció, amb una dotació pressupostària de 17,2 milions, coŀlabora i finança en un 80% l'adquisició d'equips de biomassa, cremadors, sitges i captadors solars per a edificis públics dels municipis de la província de València i el seu manteniment durant un termini de dos anys. 

El programa ha sigut ratificat en Junta de Govern amb els vots favorables del PP, l'abstenció del PSPV i Compromís i el vot en contra d'EU. 

Amb esta iniciativa, la corporació provincial completa un nombre d'actuacions integrals que afavorixen l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis públics de les entitats locals de la província de València. 

La Diputacióde València finança el 80% del pressupost de l'adquisició, tenint en compte els límits que s'establixen segons la població del municipi. Per la seua banda, l'ajuntament que soŀlicite els equips ha de costejar el 20% restant. 

Els beneficiaris podran ser tots els municipis de la província que desitgen adquirir equips d'equips de biomassa, cremadors, sitges i captadors solars d'estes característiques: calderes específiques de pèl·lets, calderes de biomassa, calderes mixtes o multicombustibles, cremadors de biomassa, sistemes d'autoneteja, sistemes d'extracció de cendres, sistemes d'alimentació del combustible, sistemes de seguretat de la caldera i captadors solars. 

Subvencions 

El pla es regix pels següents barems poblacionals: Municipis de fins a 500 habitants, 9.600 euros; municipis de 501 a 1.000 habitants, 16.000 euros; municipis de 1.001 a 3.000 habitants, 32.000 euros; municipis de 3.000 a 5.000 habitants, 40.000 euros; municipis de 5.001 a 10.000 habitants, 80.000 euros; municipis de 10.001 a 20.000 habitants, 160.000 euros, i de més de 20.000 habitants, excepte la ciutat de València, rebran com a màxim 240.000 euros.


Fuente: DIVAL