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Lucha contra la corrupción en España

Els votants del PP no es mereixen passar vergonya per casos de corrupció

Casos de corrupción relacionados con el PP

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Casos de corrupción del PP en la Comunidad Valenciana

«Qui la fa la paga»

PP Atzeneta a favor de la refundació del partit

¿Qué hemos hecho contra la corrupción?

Corrupció en el PP de València

El PP suspende de militancia a Rus y pide un expediente disciplinario

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha acordado este sábado la suspensión cautelar de militancia del presidente provincial y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ratificando las medidas acordadas por el presidente regional del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra. 

Además Fabra ha solicitado a Génova la apertura de un expediente disciplinario. 

La decisión del PPCV llega horas después de que se hayan divulgado unas grabaciones de audio en las que Rus cuenta dinero junto al exgerente de la empresa pública de la Diputación Imelsa, Marcos Benavent, investigado por un juzgado valenciano por una supuesta trama de corrupción. 

Fabra ha justificado su decisión en las informaciones aparecidas en diversos de comunicación en los últimos días, que suponen "un deterioro público muy significativo de la imagen del PPCV dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales" 

Fabra respeta la presunción de inocencia 

En un escrito remitido al Comité Nacional de Derechos y Garantías, Fabra expone que, "sin prejuzgar la validez o veracidad de las referidas informaciones y grabaciones, y respetando ante todo la presunción de inocencia", en aplicación del reglamento de organización del PPCV procede a la suspensión provisional de Rus. 

Asimismo, indica que procede "directamente a la apertura de expediente disciplinario" contra Rus, aunque dada su condición de presidente del PP de la provincia de Valencia y de presidente de la Diputación la competencia para instruir ese expediente es del Comité Nacional de Derechos y Garantías. 

Por ello, Fabra solicita a ese órgano la tramitación oportuna del expediente disciplinario, y la ratificación de las medidas cautelares adoptadas de suspensión provisional de todas las responsabilidades de Rus en el partido. 

Como consecuencia de ello, expone Fabra en su escrito, el actual secretario general del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, asumirá la presidencia. 

Además, ha anunciado que la semana que viene se reunirá el comité de derechos y garantías del PPCV para acordar la apertura de expediente disciplinario y una suspensión cautelar de militancia a los afiliados Marcos Benavent -exgerente de Imelsa- y Máximo Caturla, exgerente de Ciegsa y que también aparece en las grabaciones. 

Rus emitió que iba a continuar "adelante" 

Rus había emitido a primera hora de esta tarde un comunicado en el que aseguraba que iba a continuar "adelante", confesaba que se sentía "indefenso y víctima de un ataque informativo y político brutal", e instaba a quien creyese que haya cometido un delito a demostrarlo, porque este "burdo montaje" daña a todos. 

Menos de dos horas y media después, se ha conocido la decisión de la dirección regional del PPCV, que se produce a falta de 22 días para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, en las que Rus es el candidato a la reelección como alcalde de Xátiva.

Fuente: EFE y RTVE

Normas de buen gobierno, casos de corrupción y programas electorales

Fuente: Infografía El País

Tolerancia frente a la corrupción

Fuente: El País Infografías

La corrupción es un baile de dos

La corrupción es la segunda preocupación de los españoles después del paro. Cuando se habla de juego sucio se asocia directamente con los políticos. Sin embargo, siempre hay empresas detrás de estas malas prácticas. Es un baile que requiere inexorablemente de dos actores. Hay quien opina que es un acto consentido, y quien cree que una de las partes fuerza a la otra a danzar porque tiene el poder de la concesión pública en sus manos. La gran mayoría de las compañías españolas son honestas y actúan respetando la legalidad, pero también es cierto que cada caso que se destapa (Gürtel, Púnica, Brugal, Palau, Eres...) salpica a un buen puñado de sociedades. Muchas son pequeñas y desconocidas, pero otras son de gran tamaño, entre ellas varias del Ibex 35. Los expertos urgen a buscar soluciones ya que la corrupción tiene graves consecuencias para la economía de un país al poner trabas a la competencia, impedir el desarrollo de empresas más competitivas, frenar la llegada de capital extranjero y socavar recursos públicos.  

“La corrupción es algo bastante habitual en España, pero también en otros países. La diferencia es que en mercados como el anglosajón hay una actitud mucho más decidida a combatir estas prácticas. Es una lacra para la sociedad. Genera desigualdades e inseguridad jurídica y hace que aumenten los costes porque hay que pagar más para conseguir lo mismo”, advierte Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de Esade. “Es fácil mirar para otro lado y decir que no hay corrupción o adoptar una actitud victimista y pensar que si yo no entro en el juego no voy a crecer. Es un error. Cuando actúas así debilitas a tu empresa porque desincentivas el esfuerzo. El dinero que usas para lograr cotratos se lo quitas a áreas como la de investigación”, señala Daniel Truran, profesor de la Escuela de Organización Industrial (EOI) y director general del European Bahai Business Forum. 

La persistencia de tics poco éticos en la forma de hacer negocios es reconocida por los propios directivos. El 52% de los empresarios españoles asume que la única manera de tener éxito es disponer de contactos políticos, cifra superior a la media de la UE (47%), según un informe de la Comisión Europea sobre la lucha contra la corrupción publicado en febrero pasado. La firma PwC publicó a principios de año una encuesta realizada entre más de 5.000 ejecutivos de todo el mundo, según la cual la mitad de los españoles consultados admitía haber visto algún delito económico en su organización en los dos años anteriores. Otro estudio de EY, divulgado hace cinco meses, denuncia que el 36% de los directivos españoles aprueba la práctica de comportamientos poco éticos para salvaguardar su negocio. 

El Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional —indicador que señala el grado de corrupción en el sector público, según la opinión de empresarios y analistas— sitúa a España en el puesto 37 de un total de 175 países, por detrás de Polonia, Puerto Rico, Chipre, Botsuana, Estonia, Emiratos Árabes Unidos, San Vicente y Granadinas, Bután, Botsuana o Barbados, entro otros. En este sentido, Ricardo Noreña, socio responsable de auditoría forense (Forensic) de EY, cree que el origen de la corrupción está en la falta de controles en las administraciones públicas, más que en las empresas. “El fraude surge donde está el poder. Si alguien no pide, la empresa no va da dar dinero de forma espontánea, porque va contra su margen y porque le puede meter en graves problemas”, explica Noreña.

El economista y consultor César Molinas, sin embargo, no es partidario de exonerar a las empresas de estas prácticas: “Las compañías crean riqueza y la mayoría lo hace de forma limpia, pero hay un grupo de organizaciones que se prestan al juego. En los contratos públicos, sobre todo los que se conceden a nivel municipal y autonómico, hay muchos concursos que no son limpios”. Molinas subraya que la corrupción no afecta solo a pequeñas empresas. “El famoso 3% catalán, que no se sabe si es solo el 3% y si se circunscribe solo a Cataluña, lo pagaban grupos grandes”. Molinas también habla de unas prácticas empresariales bastante extendidas en España y que él ha bautizado con el sobrenombre “capitalismo castizo”. “No es una actuación delictiva, sino el uso por parte de las empresas de su poder para influir en el BOE. Un instrumento para lograr los objetivos son las puertas giratorias. Es una práctica igual o más nociva que la corrupción, pero no es delito porque nadie compra a nadie directamente”, explica. 

Con independencia de si es antes el huevo o la gallina, o quien corrompe a quien, lo cierto es que pocas empresas denuncian públicamente intentos de soborno o concursos amañados a pesar de las reiteradas peticiones de organismos como la OCDE para fomentar las filtraciones como medicina contra la corrupción. “Las compañías no suelen denunciar porque para hacerlo deberían contar con algún tipo de protección. Si alguien decide señalar en solitario irregularidades lo normal es tomar represalias contra él. La corrupción es un engranaje muy complejo, parecido al funcionamiento de la mafia”, explica Noreña. 

¿La corrupción la protagonizan trabajadores a título individual para beneficio propio? ¿O por el contrario son prácticas habituales en la cultura de una empresa? Los expertos creen que el ámbito de los delitos económicos (apropiación indebida, fraude fiscal, cohecho, manipulación contable, soborno...) es tan amplio que pueden convivir perfectamente las dos situaciones. Sin embargo, en los casos de gran corrupción —como el que protagonizó Siemens— es inevitable que la cúpula de la compañía, bien por acción, bien por omisión (falta de controles), tenga la culpa. Ignasi Carreras cree que en la gran mayoría de los casos las prácticas fraudulentas no se incitan desde la cúpula. “Ahora bien, la dirección de la empresa es quien debe marcar las pautas anticorrupción. En este sentido, los principales directivos de las compañías españolas deben de ser mucho más duros”, dice. 

Antonio Argandoña, profesor de ética empresarial de IESE, considera que el peligro de que la clase empresarial sea más o menos corrupta responde a la relación entre tres variables: “La posibilidad de ganar dinero, la probabilidad de que te denuncien y el precio que hay que pagar si se demuestra el hecho delictivo”. Argandoña es contrario a la teoría de los versos sueltos en materia de fraude. “Pensábamos que era un problema de la manzana podrida. Pero hemos ido razonando y esto no es posible si la empresa no lo admite”. 

La batalla contra la corrupción empresarial debe darse no solo en el mercado local, sino en los negocios internacionales de las compañías. Transparencia Internacional insiste en que no se puede tener un doble rasero en este tema. “Los países en los que hay limitados niveles de fraude en el sector público deben combatir la corrupción global, renunciado por ejemplo a prácticas que fomenten la corrupción en otros lugares, redoblando sus esfuerzos para prevenir el lavado de dinero e impedir que sociedades opacas oculten sus actividades corruptas”, señalaba el organismo recientemente. 

Las investigaciones judiciales demuestran que es extremadamente difícil destapar delitos de cohecho, blanqueo de capitales, o fraudes a la administración. En sus notas manuscritas, el extesorero del PP Luis Bárcenas, recogió durante años decenas de apuntes con supuestas donaciones ilegales al partido (de hasta 7,5 millones) por parte de 14 empresas. En los interrogatorios ordenados por la Audiencia Nacional sobre el caso muchos cargos políticos reconocieron ante el juez que en la formación había una caja de dinero negro, pero todos los empresarios, sin excepción, lo negaron. 

La otra cara en la moneda de la corrupción podría estar en el crecimiento de la economía sumergida. Según el sindicato de Inspectores de Hacienda (Gestha), entre 2007 y 2012 se incrementó en 59.509 millones y ya supone el 24% del PIB nacional. “Detrás de la economía sumergida está lo que una sociedad quiere ser. Se trata, básicamente, de un problema de moralidad. Cuando a una sociedad no le parecen condenables ciertas actitudes (por ejemplo, no está mal visto no pagar el IVA o intentar defraudar a Hacienda) es que esta sociedad está optando por una economía con un elevado índice de economía sumergida y con todas las implicaciones que ello conlleva”, dicen los inspectores. 

Los expertos piden reformar la financiación de los partidos 

Como apunta la profesora de Derecho Penal de Empresa en la Universidad de Vigo Inma Valeije, uno de los efectos más perniciosos de la corrupción es que afecta a la equidad, la pobreza o las finanzas públicas. "Cuando la corrupción orienta la decisión, el tamaño y complejidad de los proyectos de inversión, tiende a inclinarse por los más grandes y difíciles y muy pocas veces se focalizan a favor de las clases más pobres. También resulta un obstáculo importante para el desarrollo de pequeños proyectos empresariales porque su presencia en los ámbitos administrativos y políticos se traduce en forma de exageradas regulaciones, controles y trámites para el funcionamiento de microempresas. Mientras que para las grandes no se exigen o pueden eludirse a través de pagos ilegales". 

Las recetas para atajar la corrupción en las empresas son parecidas. “Más transparencia, una legislación dura y convencer a la gente de que todos perdemos con la corrupción. Resolvamos de una vez la financiación de partidos, que es la sangre de una formación. Ya va siendo hora de que hablemos seriamente de este tema”, opina Argandoña. “Cuando alguien me dice que estamos en un mundo corrupto siempre pregunto a mi interlocutor si pagaría facturas sin IVA. Muchas veces se quedan en silencio”. La financiación de los partidos políticos planea sobre grandes redes de corrupción. En la más famosa, la Gürtel, están involucradas una treintena de sociedades. Algunas fueron creadas ad hoc para servir a la trama pero la mayoría colaboraban para aumentar su cifra de negocio.

Autores del artículo: David Fernández y María Fernández

Publicado en: El País

Los Pecados de Juan Cotino

El ex conseller valenciano responsabiliza a la Iglesia de su papel en la visita del Papa 

Dice que era un 'invitado' del Arzobispo García-Gasco, fallecido en mayo de 2011 

'Siempre que la Iglesia me lo ha pedido he colaborado estrechamente con ella' 

La Policía le señala como 'elemento nuclear' en el amañó de los contratos para Gürtel 

La trama se llevó un contrato de 7,4 millones por las pantallas, aunque el coste era de 3 

Luis Sabater, antiguo jefe técnico en Radiotelevisió Valenciana (RTVV), recuerda a Juan Cotino con pantalón corto y sombrero de paja, recorriendo el antiguo cauce del río Túria de Valencia ordenando dónde debía colocarse cada pantalla para la cobertura de la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en julio del año 2006. "Una aquí, otra allí, otra acá". Sabater, imputado en el caso Gürtel por los contratos de este evento, lo contaba hace unas semanas en una entrevista en exclusiva con EL MUNDO: «En febrero de 2006 me llama Pedro García -ex director general de RTVV también imputado en esta pieza- y fui a la Conselleria de Agricultura donde tuvimos una reunión con Juan Cotino -entonces conseller-. El cauce del río se iba a llenar de peregrinos y recuerdo que Cotino planteó que se necesitaban unas 30 pantallas, yo dije que la tecnología tenía que ser LED porque era verano y había que evitar brillos, nada más. Cotino se giró a Pedro y le dijo 'te ha tocado'». 

Cotino declaró este martes ante el juez que instruye la rama valenciana del caso Gürtel, imputado por cuatro presuntos delitos: prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho. La visita del Papa ocupa la pieza cuarta del caso Gürtel, que investiga la adjudicación de contratos públicos a las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez 'El Bigotes' para la cobertura del recorrido de Benedicto XVI por Valencia. 

La trama Gürtel se llevó, a través de la constructora leonesa Teconsa, un contrato para la instalación de pantallas y equipos de sonidos valorado en 7,4 millones de euros (IVA incluido) pero en realidad el servicio costó poco más de 3 millones. La diferencia, cree la Policía, se la repartieron los cabecillas de Gürtel y el antiguo director de RTVV. La Fiscalía Anticorrupción mantiene que la trama, en agradecimiento, regaló a Cotino un chaquetón valorado en 375 euros. 

Según la Unidad de Delincuencia Economía y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), el "elemento nuclear" del operativo, el que "tomaba las decisiones políticas", era Juan Cotino. Según los testigos, "el que cortaba el bacalao" era Juan Cotino. Según Juan Cotino, agregado del Opus Dei, de misa diaria y referente indiscutible en el sector cristiano del PP valenciano, él sólo era "un voluntario más" en la visita del Papa. "Siempre que la Iglesia me lo ha pedido he colaborado estrechamente con ella", dijo este martes tras prestar declaración ante el juez. 

Dentro del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Cotino se autorretrató como "un invitado" del Arzobispo. Sólo respondió a la fiscal y al juez Ceres. No atendió al abogado del Estado, ni a las acusaciones, ni al resto de las defensas. Dijo que en 2006 era conseller (entonces de Agricultura) y no tenía cargo alguno en el PP. En la visita del Papa participó como un invitado del entonces Arzobispo de Valencia, Agustín García-Gascó, fallecido en mayo de 2011. Cumplía sus órdenes. "Como había malestar en la calle por las nuevas leyes de Zapatero, y había un conflicto latente entre Gobierno e Iglesia, el Arzobispado me pidió que limara asperezas", relató Cotino ante el juez, según la declaración a la que ha tenido acceso EL MUNDO. 

"No he contratado con nadie de Gürtel nada en mi vida, en ninguna de las consellerias en las que he estado ni en nada. Es absurdo", dijo Cotino a los medios. En su declaración insistió: "Nunca contraté. Mi función era que todo saliera bien, y que fuera adelante. Si había un escollo, me ponía a resolverlo, sólo debatía sobre cuestiones relativa a la filosofía del acto". 

Reconoció Cotino que las pantallas se colocaron en Valencia como se había hecho "en el resto del mundo". En agosto de 2005, el Papa había participado en Colonia (Alemania) en la Jornada Mundial de la Juventud. "Querían que se hiciera igual que allí y de ahí cogieron el modelo". 

¿No tuvo usted una reunión con los responsables de RTVV?, preguntó la fiscal a Cotino. "No", sentenció primero el ex conseller. Luego admitió haber "cruzado unas palabras" con Pedro García y Luis Sabater. "No hablamos de nada en especial", dijo Cotino. "Se giró a Pedro y le dijo 'te ha tocado'", había contado Sabater de aquel encuentro. Cuando la maquinaria se puso en marcha. 

En marzo del año 2013, después de que Benedicto XVI anunciara su retirada anticipada como Papa, Juan Cotino escribió en el periódico religioso 'Paraula': Hace menos de un año tuve la oportunidad de estar muy cerca de él (Benedicto XVI) mientras rezaba el Rosario arrodillado delante de la pequeña gruta de la Virgen de Lourdes. Al finalizar, le saludé. Al decirle que era de Valencia me sonrió y me dijo en italiano: "Come è bello e quanto importante è stata la visita di Valencia" (Qué hermosa y qué importante fue la visita a Valencia).

Fuente: El Mundo Comunidad Valenciana

Autor del Artículo: Rodrigo Terrasa

El PP afronta tres investigaciones por financiación ilegal en año electoral

Presentación de la campaña para las elecciones de 2007, con el expresidente valencia Francisco Camps en el centro. / CARLES FRANCESC

El PP valenciano afronta en 2015 la cita electoral más complicada desde que conquistó la Generalitat en 1995, según las encuestas. Lo hará, además, con tres investigaciones por supuesta financiación ilegal por delante centradas en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2007. En los tres casos aparecen como presuntos pagadores empresarios de la construcción, un sector que vivía entonces el boom inmobiliario. 

La primera investigación está judicializada en el seno del caso Gürtel y afecta a casi todos los miembros de la antigua dirección regional de la formación y a un exvicepresidente del Consell, que niegan la acusación. La segunda atañe a la campaña de Paterna, que la Fiscalía Anticorrupción se dispone a denunciar, tras haber completado las diligencias preliminares, ante los juzgados del municipio. El exalcalde Lorenzo Agustí, máximo beneficiario de aquella campaña, guarda silencio desde su dimisión en julio. La tercera investigación afecta al Ayuntamiento de Alicante y tiene su base en las afirmaciones del empresario Enrique Ruiz Córcoles a EL PAÍS, en las que mantuvo que el PP le pagó parte de los gastos de campaña con dinero negro. 

Aunque todos los mencionados por Ruiz Córcoles, dueño de la agencia publicitaria ER Backspin han rechazado la veracidad de sus palabras, fuentes de Anticorrupción confirmaron su intención de investigar los hechos. Las pesquisas podrían desarrollarse dentro del procedimiento contra la trama Gürtel abierto en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Es la opción preferida por la fiscalía para evitar una pluralidad de procesos que podrían terminar con conclusiones diferentes cuando tratan sobre una misma campaña electoral. Pero es poco probable. Los argumentos de Anticorrupción para subsumir en Gürtel la investigación en Alicante ya fueron desestimados en septiembre por el juez que instruye la causa contra la red de Francisco Correa en el TSJ, José Ceres, cuando el fiscal intentó incorporar a la misma la rama de Paterna. 

Los hechos de Paterna, el décimo municipio más poblado de la Comunidad Valenciana, “desde el punto de vista jurídico penal, han de ser valorados en su conjunto” con los del caso Gürtel porque “en última instancia la contabilidad y su rendición de cuentas correspondientes a las elecciones municipales de 2007 en la Comunidad Valenciana no pueden ser analizadas sin tomar en consideración incluso la contabilidad y rendición de cuentas correspondientes a las elecciones autonómicas del mismo día”, sostuvo el fiscal en un proceso en el que los socialistas también ejercen la acusación. El magistrado denegó la petición y recordó para ello la “competencia especial y excepcional, por exclusiva razón de aforamiento o inescindible conexidad con aquel, que viene jurisprudencialmente entendiéndose que tiene la competencia la competencia de la sala de este tribunal de aforados”. 

El fiscal trasladó al juez Ceres que la empresa Eurostalvis Comunicaciones, que se “encargó” de la campaña de Agustí, “identificando” como “destinatario al Partido Popular de Paterna” emitió “las facturas” a nombre “de tres empresas constructoras con una misma dirección fiscal, Fogival, Balispa y Vatoyma”, “que nada tienen que ver con el mundo de la publicidad o las campañas electorales”. Y estimaba por ello “difícil encontrar justificación alguna para que abonen gastos de la campaña electoral de un partido político”. 

El fiscal admitió, sin embargo, que en el caso de Paterna, denunciado originalmente por Compromís, no aparecen aforados —miembros de las Cortes Valencianas o del Consell— ni sociedades de Gürtel, las condiciones fijadas por el juez Ceres para unir las pesquisas. Lo mismo sucede con los pagos en b denunciados por Ruiz Córcoles en Alicante. Por ello la opción con más posibilidades, según las fuentes consultadas, es que en vez de una se desarrollen tres investigaciones sobre la financiación en paralelo.

Autor del Artículo: Ignacio Zafra

Fuente: El País Comunitat Valenciana

Carlos Fabra ingresa en la cárcel de Aranjuez

El que fuera todopoderoso presidente de la Diputación de Castellón cumplirá un máximo de tres años de prisión por haber defraudado a Hacienda

EFE/Domenech Castelló

Carlos Fabra ya está preso. Ayer a mediodía ingresó en la madrileña cárcel de Aranjuez para cumplir la condena impuesta de cuatro años por haber defraudado a Hacienda cerca de 700.000 euros y optó por este centro penitenciario (Madrid VI) el pasado domingo tras barajar otras opciones, como la de Soto del Real. 

Con este ingreso se cierra una etapa y una forma de hacer política no sólo en la provincia de Castellón, sino en toda la Comunitat. Fabra ha pasado de ser uno de los hombres con más poder en la autonomía a estar entre rejas. 

La semana pasada, Carlos Fabra recogió de la Audiencia Provincial de Castellón la ejecutoria que le obligaba a ingresar en prisión y que le daba un plazo de cinco días para internar en un centro penitenciario y ese plazo se agotaba ayer lunes por la noche. 

Con esta decisión se pone fin a una era, la del mediático 'caso Fabra', que estalló en 2003 y que ha costado once años en llegar a un punto final definitivo con el encarcelamiento de Carlos Fabra tras un complejo y dilatado proceso de instrucción motivado, en gran parte, por los recursos de la propia defensa y por los cambios de titular en el juzgado encargado de llevar adelante la instrrucción -hasta nueve jueces y cuatro fiscales distintos-. 

Ayer, pasadas las 15.00 horas, Fabra pasó a ser interno de este centro penitenciario ubicada a escasos dos kilómetros de Aranjuez, lo que le facilitará las visitas de sus familiares. Su hija, la diputada nacional Andrea Fabra reside en Boadilla del Monte y su otra hija, Claudia, también vive desde hace años en Madrid, al igual que su exmujer, también condenada en el proceso, Desamparados Fernández y su hijo mayor, Carlos. 

Justamente la cercanía de la familia es la que ha decantado la balanza para que Fabra optara por este centro. Además, así ha conseguido evitar que se tomaran imágenes de su entrada en prisión a través de filtraciones incorrectas por parte de su entorno. El expresidente de la Diputación y del PP en Castellón durante lustros aprovechó las últimas horas en Castellón para despedirse de sus más allegados, si bien de los políticos en activo solo le han mostrado fidelidad hasta el último momento el edil de Burriana Quique Safont y su pareja sentimental y vicepresidenta de la Diputación, Esther Pallardó. 

Desde el viernes pasado Fabra estaba en Madrid donde ha estado en compañía de sus hijas y sus nietos apurando las últimas horas de libertad ya que Carlos Fabra no pasará este años las Navidades en familia, como solía hacer. 

Por delante le quedan cuatro años de prisión, si bien, todo apunta a que podría obtener el tercer grado en un año y que en otoño de 2015 ya podría acudir sólo a prisión para dormir. El exlíder castellonense está condenado a cuatro años pero por cuatro delitos fiscales: es decir, un año de prisión por cada uno. De ahí que como máximo vaya a cumplir tres años -sólo se cumple el triple de la máxima condena-. 

Con el encierro de Fabra en la prisión madrileña, muy cerca de donde fue intervenido para practicarle un trasplante de hígado, se acaba una etapa en la política de Castellón y en la Comunitat Valenciana. Desde su ascenso al poder, Fabra evidenció un carácter autoritario y una forma de gestionar la provincia cuya principal fuerza residía en tener a todo el PP comiendo de su mano. 

Su gran sagacidad política le permitió jugar sus cartas y que los distintos presidentes autonómicos e, incluso del PP nacional, optaran por mirar hacia otro lado cuando no por defenderle públicamente. El caso más visible fue cuando Rajoy le tildó de «ciudadano ejemplar». El hoy presidente del Gobierno estaba acosado entonces por una alternativa creciente que trataba de presentar una candidatura a su presidencia en el partido con Esperanza Aguirre y Juan Costa como cabezas visibles. Fabra logró intercambiar apoyo hacia su persona a cambio de ayudar a desactivar este movimiento. 

Populismo y cercanía 

Asimismo, su poder como barón territorial era indiscutible y estaba a la altura de Rita Barberá o Alfonso Rus. A todo ello se le une que nunca encabezó una lista electoral ya que a los diputados los elige el partido, no los electores y que jugó una importante baza de defensa a los intereses de Castellón, enfrentándose con miembros de su propio partido. El entonces todopoderoso Carlos Fabra aunaba populismo y cercanía y siempre estaba dispuesto a hacer un favor a quien fuera. El clientelismo fue parte de su éxito, al igual que sus salidas de tono hacia la oposición o los medios críticos. La causa contra Carlos Fabra arranca de la denuncia en 2003 de un amigo, Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle 150.000 euros a cambio de presionar para legalizar productos fitosanitarios que, más tarde, comercializaban a través de una empresa cuyas dueñas eran las esposas de ambos. 

La denuncia abrió una investigación periodística y de Hacienda que detectó muchas irregularidades. Sin embargo, la instrucción del caso contó con varios escollos: ocho jueces pasaron por esta plaza e, incluso, la Audiencia de Castellón llegó a archivar todo el proceso hasta que, en 2011, el Supremo la reabrió. 

No fue hasta 2013 cuando Fabra se sentó en el banquillo acusado de delitos fiscales, cohecho y tráfico de influencias. El propio denunciante se retractó y no se presentaron pruebas de sus delitos por corrupción pero, en cambio, los peritos de Hacienda presentaron un informe demoledor que ha acabado con su condena, hace ahora un año. «Son varios y plurales los datos que han llevado a la sala a la convicción de que los referidos ingresos corresponde a ganancias patrimoniales no justificadas», según la sentencia. 

Fuente: Las Provincias

Los escándalos que amenazan al PP

Fuente: Infografías El País

NNGG abordara la corrupción en el PP en su próxima convención

La organización juvenil incluirá un bloque de regeneración, una de las claves de la campaña 

Foto: MIKEL PONCE
Imagen del foro nacional de NN.GG. celebrado en Valencia

Los miembros de Nuevas Generaciones del PP han elevado últimamente el tono de sus quejas sobre la corrupción dentro del propio partido. Su medio hasta el momento ha sido, sobre todo, las redes sociales, como ocurría el pasado octubre cuando se adelantaron a Génova en su condena tras conocerse la detención del que fuera secretario general del PP en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. 

Ahora han decidido ir más allá y, según el presidente de la organización, Juan Carlos Caballero, llevarán la denuncia de estas conductas a su convención autonómica, que celebrarán el próximo año en Castellón. Ni el momento ni el lugar son casuales. Se trata de la cita más importante de los jóvenes del partido antes de la complicada cita con las urnas, y en ella lanzarán un mensaje claro de descontento a los dirigentes. Además, tendrá lugar en una provincia especialmente «señalada» tras la entrada en prisión del expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, para cumplir cuatro años por cuatro delitos fiscales. 

Su intención es vincularlo a la estrategia de la regeneración, de modo que incluirán la corrupción en un bloque sobre esta materia que está siendo y será una de las claves de la campaña electoral. Por el momento ya han creado los equipos de trabajo. 

En el caso de NN.GG., Caballero detalla que pretenden vincular la cita a la propuesta de apostar «por los mejores», y en línea con la liga de debate que han celebrado este mes –en la que buscaban a «guerreros ideológicos» para defender los valores del PP–. «Creemos que hay que fomentar a la gente con talento como modo de lucha contra la corrupción. Potenciando la formación nos aseguramos de que, al menos, las personas que salen de Nuevas Generaciones lo hacen preparadas», sostiene. 

En este sentido, el dirigente juvenil opina que su misión ahora no es «dar discursos políticos, sino aproximarse a la gente de la calle apostando por la renovación y la transparencia». 

En línea con el PPCV 

Ambas ideas van en consonancia con la línea roja aplicada por Alberto Fabra respecto a no incluir a imputados en las listas. También con el mensaje de la coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, «lideresa» de la regeneración en el partido y una de las primeras personas en defender las primarias como medio de dar más protagonismo a la militancia. 

Autor: RB Crespo

Fuente: ABC Comunidad Valenciana

El gran decálogo anticorrupción de Rajoy

Informar de los indultos cada seis meses, prohibir donaciones de empresas a las formaciones, que la militancia elija a sus órganos de dirección y que los 4.200 partidos rindan cuentas: el jefe del Ejecutivo pone voz a dos proyectos de ley para combatir el delito que lastra la imagen de los políticos hacia la ciudadanía 

Dos proyectos de ley adelantados el pasado mes de febrero han sido expuestos, desarrollados y amplificados este jueves por Mariano Rajoy en el Congreso

Mariano Rajoy ha esgrimido desde la tarima parlamentaria que no era habitual verle defendiendo y poniendo voz a un proyecto de ley. Que él mismo no lo hacía desde el de la abdicación de Don Juan Carlos como Monarca de España. Durante casi 50 minutos en su intervención inicial, Rajoy ha justificado la importancia de aprobar una batería de medidas anticorrupción porque es una mala praxis que mina la imagen de los políticos entre la población. En realidad, se trataba de desarrollar y amplificar los dos proyectos de ley que ya anticipó ante la Cámara Baja el pasado mes de febrero. El Ejecutivo es consciente de que los ciudadanos están cansados de «levantarse cada mañana con una dieta cotidiana» de registros, detenciones y casos de corrupción y que esto da alas a los «salvapatrias de los escobas», como ha acuñado Rajoy -dando un buen titular informativo, como si esta mañana de 27 de noviembre el dirigente gallego se hubiese enfundado la piel de un periodista- en referencia al ideario «populista» de la formación de Pablo Iglesias, Podemos. 

Estas son, una a una, las medidas para combatir el «problema peligroso» que atesora España acerca de la corrupción que tienta a cargos públicos y representantes de la soberanía nacional. Pese a ello, Rajoy ha defendido que ni es generalizada ni se puede extender a la mayoría de las personas que son «decentes» en política. 

El recetario es el siguiente: 

1-. La primera medida es quizás la más llamativa: el Gobierno informará cada seis meses al Congreso sobre los indultos que haya concedido y haya denegado, de los que dará cuenta el ministro de Justicia ante los diputados en sesión parlamentaria o comisión. Regenerar la política pasa además por agilizar la Justicia, ha dicho Rajoy, quien ha desgranado que su equipo gubernamental remitirá un informe semestral a la Cámara Baja para aumentar el control parlamentario sobre esa figura. 

2-. Además de los viajes, el Ejecutivo se muestra dispuesto a ampliar el régimen de derechos y deberes de los parlamentarios: se aprobó, tras el «caso Monago», que los grupos parlamentarios tuvieran constancia y dieran transparencia a los viajes de sus Señorías en acto de servicio. Asimismo, el jefe del Gobierno ha avanzado desde el encerado parlamentario que está abierto a ampliar el régimen de derechos y deberes de los parlamentarios siempre y cuando haya «un amplio consenso» sobre un asunto que ha considerado «complejo», según sus propias palabras y en el que no llega a sentar las bases de un pacto la totalidad de los diputados. 

En esta operación de vigilancia de los altos cargos, se regularán por ley los gastos de representación y estará prohibido el uso de tarjetas de crédito para abonarlos. 

3-. El presidente del Gobierno también ha vislumbrado la posibilidad de reforzar la iniciativa legislativa popular y los cauces de participación ciudadana en la política. 

4-. Otra de las nuevas iniciativas que ha adelantado el jefe del Ejecutivo estriba en obligar a todos los partidos a que los militantes participen en la elección de sus órganos de dirección para, en caso de no hacerlo, que «esa fuerza política sea extinguida». Dentro del caudal de exigencia de «patrones éticos y democráticos» a las formaciones del país, se piensa imponer a los partidos que renueven sus órganos de dirección como máximo cada cuatro años. El equipo de gobierno no impone primarias, sino que dejará que los partidos se organicen «como crean conveniente». En la réplica de la oposición, Pedro Sánchez se ha abonado en la línea de imponer primarias por ley para todos los partidos y eliminar así cauces «a dedo» en la designación de los dirigentes. 

En el alegato de Rajoy, ha incluido pedir a los militantes unas «obligaciones de conducta» en los regímenes estatutarios: expulsión en caso de ser condenado por un delito doloso y suspensión automática de militancia en caso de que se abra juicio oral por asuntos que conllevarían inhabilitación. Los estatutos de los partidos deberán recoger garantías concretas para todos los afiliados, especificando el órgano que ejercerá como defensor de sus derechos y el procedimiento de reclamación respecto a los acuerdos adoptados por la formación. 

5-. Luchar de forma eficaz contra la corrupción también pasa, según Rajoy, por prohibir las donaciones de personas jurídicas, así como que haya un control exacerbado sobre cada una de las donaciones de personas físicas, que no superarán los 50.000 euros (cae de 100.000 euros a la mitad). Supone a la sazón regular la actividad económica y financiera de los partidos políticos prohibiendo las donaciones de las empresas. Además, cada aportación de más de 25.000 euros habrá de ser pública en sus páginas web y comunicada al Tribunal de Cuentas. Esta medida se desarrollará a través de dos enmiendas más incluidas a los proyectos de ley. En palabras del gallego, «la vida pública debe hacerse en la plaza pública». 

6-. En conjunción con la medida anterior, se modificarán tanto las leyes de Partidos y de su Financiación como la del Tribunal de Cuentas. Rajoy ha agregado que se prohíben todas las operaciones bancarias de condonación o renegociación de deuda a los partidos políticos. En lo sumo, ninguna entidad bancaria podrá condonar un adeudo de las formaciones ni total ni parcialmente, ni tampoco, ha añadido, «pactar condiciones financieras» por debajo de las condiciones de mercado.

7-. 4.200 partidos deberán adaptarse a estas condiciones: Los partidos estarán obligados a hacer públicos sus presupuestos, a través del organismo pertinente, que es el Tribunal de Cuentas. 

Rendirán cuentas no solo aquellos que consiguen representación parlamentaria o que reciben subvenciones de alguna administración. Los 4.200 partidos políticos inscritos en el registro del Ministerio del Interior habrán de adaptar sus estatutos a la nueva legislación y habrá carta blanca a la expulsión, según ha proclamado Rajoy, para la formación que incumpla estas normas. Los objetivos de estas medidas -ha aseverado- no se limitan a garantizar el principio de que «quien la hace, la pague», sino que también se pretende endurecer las penas de tal manera que los corruptos «se lo piensen diez veces», ha exhortado Rajoy. 

8-. Y en ese endurecimiento, habrá tímidos retoques de la normativa vigente. Se establecerá por primera vez en democracia el delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos y se agravarán las penas por inhabilitación. La finalidad de ésta y las siguientes medidas rezume en despojar de lo robado al delincuente, proteger a los inocentes desde el primer momento y recuperar el dinero defraudado, para que retorne de inmediato al erario público y, por ende, a la sociedad. Se garantizará esa devolución de los bienes por parte del que delinque, ha esgrimido. 

9-. Se dará celeridad a los macroprocesos judiciales. Así, Rajoy ha anunciado que, entre otras medidas para combatir la corrupción, en la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se fijará un plazo máximo de instrucción en los macroprocesos. El objetivo, ha defendido, es que «la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas». Con ello se evitará que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años, ha dicho el presidente, y se permitirá que los imputados puedan comparecer ante un tribunal y establecer, en su caso, las responsabilidades penales a que haya lugar en un plazo razonable. 

Además, como se ha citado en las recetas dispuestas para el control de los altos cargos, se suspenderá de militancia a los políticos que sean llevados a juicio oral por un juez por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación. 

10-. Más medios: Rajoy ha ultimado un mayor esfuerzo en los medios y recursos destinados a la lucha contra la corrupción. Se contempla la convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y este próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la dotación de recursos para impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito judicial. 

Se perseguirá, con este magno decálogo, que «la corrupción no se produzca porque se hayan eliminado sus oportunidades», ha proclamado el presidente del Gobierno, que hace pocas horas forzó la salida de Ana Mato tras ser involucrada por el juez Pablo Ruz en el posible beneficio de los delitos cometidos por su exmarido. El jefe de filas populares ha concitado su intervención parlamentaria con un enunciado: «La osadía crece donde no hay obstáculos».

Fuente: EFE y ABC

Medidas debate 27 N 2014