Infografía sobre la Ley de Transparencia

Llega la Ley de Transparencia, ¿qué información puedes solicitar ahora?

La Ley de Transparencia empieza a funcionar en un momento en que la corrupción ocupa gran parte del debate público. 

Aspira a cambiar la mentalidad en la Administración Pública y convertirse en una auditoría ciudadana, pero muchos critican que se queda a medio camino para lograrlo. 

Hoy entra el vigor la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Una deuda histórica del ordenamiento jurídico con los ciudadanos. España, al comienzo de la legislatura, era el único país del continente con más de un millón de habitantes que no tenía una legislación de estas características. 

Conceptos tan abstractos como ‘transparencia’ y ‘buen gobierno’ se han puesto de moda a raíz del descontento social evidente. ¿Sabrá satisfacer esta ley las nuevas necesidades de información de la ciudadanía? 

La ley fija tres objetivos: incremento de la transparencia, reconoce y garantiza el acceso de los ciudadanos a la información y establece las obligaciones de buen gobierno. Además, establece la creación de un Consejo de Transparencia, adscrito al Ministerio de Hacienda, y, como medida estrella, la puesta en marcha de un portal electrónico para canalizar las consultas y las publicaciones. 

Novedades 

Lo cierto es que partir de ahora se tendrán que dar a conocer datos inéditos como, por ejemplo, los contratos menores de la Administración, que se harán públicos cada tres meses. También los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sindicales y las empresas privadas que reciban más de 100.000 euros en un año en subvenciones o que más del 40% de sus ingresos provengan de ayudas públicas, tendrán obligaciones de transparencia. 

Así, deberán hacer público su organigrama y currículos de altos cargos; sus convenios y subvenciones de la administración; sus cuentas y más. Sin embargo, no tendrán obligación de responder al ciudadano. 

«Va a suponer un cambio de mentalidad para políticos y funcionarios, ya que deberán publicar y facilitar mucha de la información que se les solicite. En gran medida, esta ley contribuye a ir acabando con el ‘vuelva usted mañana’ o ‘no podemos facilitarle esa información’. Podremos consultar el personal contratado, salarios de altos cargos, subvenciones otorgadas, presupuestos…», explica Santos Ortega, consultor de Comunicación y Asuntos Públicos. 

Entre las funciones del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno, que estará previsiblemente presidido por Ester Arizmendi, «se encuentra el conocimiento de las reclamaciones que se presenten en el marco del ejercicio del derecho de acceso a la información y el control del cumplimiento de las obligaciones de transparencia». 

En cuanto al portal, la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, ha puesto en valor en múltiples ocasiones su importancia. "Recogerá en un mismo punto toda la información sobre contratos, subvenciones e información presupuestaria", así como "el montante de las retribuciones de los altos cargos". Este portal contará con una ventanilla permanentemente abierta 24 horas y siete días a la semana, a la que los ciudadanos podrán acudir para solicitar información, según la 'número dos' del Gobierno. 

Transparencia.gob.es, que estará disponible desde hoy a las 12 del mediodía, contará con medio millón de datos. Para su creación han trabajado más de 80 funcionarios y ha tenido un coste de web 300.000 euros. Según señaló ayer el Gobierno, contará con información sobre subvenciones o convenios y contratos, entre otas. Parte de la información estaba ya disponible, pero se ha colgado mucha nueva y centralizado la que estaba "desperdigada" Además, incluirá los sueldos en bruto de los altos cargos (de director general para arriba) y su CV. Por su parte, hay datos que solo se conocerán mediante peticiones que los ciudadanos reclamen (tendrá que ser respondida en 30 días). 

Críticas a la ley 

Pese al cambio de escenario que plantea esta ley, hay quien echa en falta algunos elementos fundamentales y valora negativamente otros. Por ejemplo, la vinculación del Consejo de Transparencia con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (depende de él y es éste el que propone qué persona lo preside) y que no haya participado en la elaboración de la ley. A esto se suma que falta por desarrollar el reglamento y este tipo de leyes en otras Administraciones como las Comunidades Autónomas. 

Victoria Anderica, de Access Info Europe (una organización que se dedica a promover el derecho a la información), cree que hay un fallo de partida, que es ligar esta norma al artículo 105 de la Constitución (que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros de la Administración) y no al 20, que reconoce la libertad de expresión tal y como lo han hecho otros países. De hecho, Access Info sitúa la calidad de nuestra en el puesto 64 de los 100 países cuyas leyes de transparencia han sido analizadas. 

Para Javier de Vega, responsable de comunicación de la Fundación Civio, «el contenido de la ley está por debajo de los mejores estándares, y eso no es empezar con buen pie». En concreto, se refiere al hecho de mantener el silencio negativo (si no te responden en un mes, tu solicitud de información se da por denegada). En el caso de realizar una segunda consulta sobre el mismo tema a través del portal, éste puede actuar igual, lo que podría implicar un doble silencio negativo. 

También señala que sería importante favorecer el acceso a información auxiliar, «como la de borradores, notas, resúmenes, comunicaciones e informes de las instituciones» o evitar límites al acceso a información tan ambigua como el de «garantizar el secreto requerido en los procesos de toma de decisiones». Así, considera «que la voluntad política que exhibe el Gobierno no es suficiente para acabar con la opacidad institucional». 

Otra de sus carencias es que no incluye «la obligación de dar a conocer los nombramientos, funciones y experiencia de los asesores de los altos cargos del Estado», añade De Vega. 

Ortega, por su parte, explica que «al ser un tema tan importante y transversal para nuestra democracia, se echa en falta que la ley haya salido adelante con los votos del PP y el PSOE sumados al de otras fuerzas parlamentarias». No obstante, solo ha recibido el apoyo de PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y ha recibido el rechazo del PSOE, La Izquierda Plural, UPyD y el resto del Grupo Mixto. 

Anderica destaca que deja organismos fuera del control del consejo y pone de ejemplo que «se seguirán sin conocer los viajes del Congreso». También destaca la falta de información que seguirá sobre los servicios básicos privatizados. «No se sabe nada sobre las empresas que gestionan hospitales, el agua, etc.», añade. 

Lobbies fuera 

Por otro lado, hay que destacar que los lobbies permanecen al margen de la Ley de Transparencia. María Rosa Rotondo, presidenta de APRI (Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales), indica que desde la asociación se intentó incluir la regulación de los grupos de interés en esta ley. «Hace falta regular esta actividad en su relación con cada nivel de la administración: Cortes Generales, parlamentos autonómicos y Gobierno», explica. 

En Bruselas, en 2008, la Comisión Europea abrió el Registro voluntario de intereses, que según consta en la página web del registro está abierto a todas las entidades que llevan a cabo "actividades que se realicen con el objetivo de influir en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones de las instituciones europeas". 

Pese a todo, Ortega concluye: «Aunque las leyes no acaban con la corrupción, este nuevo escenario de transparencia subirá los estándares éticos al igual que han ido subiendo en los propios ciudadanos con la llegada de la crisis económica».

Fuente: Expansión

El portal de la transparencia arranca hoy con más de 500.000 datos sobre contratos o sueldos

Soraya Saénz de Santamaría, el día de la Constitución. ANTONIO HEREDIA

El portal de la transparencia se pondrá en marcha hoy a las 12.00 horas con más de 530.000 registros accesibles de información sobre estructura de la Administración General del Estado, sueldos de altos cargos, catálogo de bienes inmuebles, contratos, subvenciones o convenios relativos al año 2014. También se brinda al ciudadano la posibilidad de solicitar datos adicionales cursando una petición que deberá obtener respuesta en el plazo máximo de un mes. 

Este portal (http://transparencia.gob.es/) entra en vigor un año después de la publicación en el BOE de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y recogerá información relativa a la Administración General del Estado en sentido estricto y sus organismos dependientes. Las comunidades autónomas y ayuntamientos disponen de un año adicional para aplicar la ley, ya que tienen que adaptar su web y modificar la normativa en algunos casos. 

El Gobierno quiere dar a conocer esta herramienta de consulta de información y con ese objetivo hará una campaña publicitaria a principios de 2015, una vez que pasen las fiestas navideñas. Un total de nueve ofertas se han recibido para esa campaña que, finalmente costará 36.000 euros. De hecho, ese contrato podrá consultarse este miércoles en el portal. 

En concreto, el portal de la transparencia dispone de 530.000 registros accesibles de información y más de 30.000 informaciones individuales relativas a currículums, convenios o subvenciones que se han incorporado en estos últimos días. Al entrar en la web, aparte del buscador de información, se podrán visualizar tres iconos: uno relativo a información institucional, otro sobre información normativa y un tercero sobre información económica. También habrá enlaces a las webs de de La Moncloa, el INE y otras páginas oficiales. 

Currículos de altos cargos 

En el apartado relativo a la información institucional, se podrá consultar la información sobre estructura de los ministerios, currículos de altos cargos y objetivos de los diferentes ministerios. En el segundo ítem relativo a la normativa, se podrá ver tanto las leyes en vigor como los anteproyectos que están en fase de elaboración, incluyendo informes de órganos como el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado una vez que el texto ha dejado de ser anteproyecto. 

En el tercer apartado, el de información de carácter económico, estarán disponibles datos sobre contratación, convenios, subvenciones, subvenciones a partidos políticos, información presupuestaria, cuentas anuales e informes de auditoría, inventario de bienes inmuebles de la Administración General del Estado, información estadística, resoluciones de autorización y reconocimiento de compatibilidad de empleados públicos, retribuciones de altos cargos, o autorizaciones concedidas para ejercer la actividad privada tras el cese. 

Cualquier ciudadano podrá a partir de este miércoles solicitar información a través del portal, que deberá recibir en un plazo máximo de 30 días, aunque la propia Ley de Transparencia marca unos limites relativos a la seguridad ciudadana, la defensa nacional o la protección de datos, entre otros. 

Además, se podrá elegir si se quiere notificación a través del portal de la transparencia o notificación por correo postal. A partir de ese momento se obtendrá un justificante de registro que da fe de que se ha iniciado un procedimiento administrativo. Si en el plazo de un mes no hay respuesta de la Administración o la información proporcionada es insatisfactoria para el ciudadano, se podrá presentar un recurso ante el Consejo de la Transparencia que presidirá Esther Arizmendi. 

Si no hay respuesta, se puede recurrir 

Para las solicitudes de información que tengan que ver con la Casa Real se utilizará como canal la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. En abril del año pasado, al hilo de casos que afectaban a la Familia Real como el llamado 'caso Urdangarín', la Casa Real aceptó ser incluida en la Ley de Transparencia pero solo se podrá conocer aquella información que está en los Ministerios y que está presupuestada. 

Fuentes del Ejecutivo consideran que si esta norma hubiera estado antes en vigor se habrían evitado muchos escándalos como el llamado 'caso Gürtel', ya que la web dispondrá de un elevado nivel de información relativo a contratación, por ejemplo. "La transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción", avisan. 

El Gobierno ha optado por la opción más económica a la hora de hacer el portal, que ha tenido un coste de unos 300.000 euros (se presupuestaron 1,4 millones de euros para esta herramienta), ya que se ha contado con los medios de la propia Administración General del Estado para ahorrar costes. Fuentes del Ejecutivo calculan que en el mercado su precio podría llegar a los cuatro millones de euros. 

Una vez puesto en marcha, habrá 36 personas volcadas de lleno en este proyecto, ya que se han creado unidades de información en cada uno de los Ministerios para gestionar las peticiones de información que realicen los ciudadanos. Casi 800 personas han realizado cursos de formación presencial y otras 2.000 personas han recibido formación on line. 

Con este portal se ha centralizado toda la información y, con ese objetivo se han creado bases de datos nuevas como una relativa a las subvenciones de la Administración General del Estado o a los convenios. Según fuentes del Gobierno, hasta ahora había información que se podía saber, pero se ha colgado mucha información nueva y centralizado la que estaba "desperdigada". 

El Gobierno es consciente de que esta herramienta va a generar una sobrecarga de trabajo en la administración y confía en tener hoy algunos datos de cómo ha funcionado el primer día el portal y cuantas entradas ha tenido, según las mismas fuentes, que han avanzado que la solicitud de información más habitual se colgará en el mismo portal.

Fuente: El Mundo y Europa Press

El gran decálogo anticorrupción de Rajoy

Informar de los indultos cada seis meses, prohibir donaciones de empresas a las formaciones, que la militancia elija a sus órganos de dirección y que los 4.200 partidos rindan cuentas: el jefe del Ejecutivo pone voz a dos proyectos de ley para combatir el delito que lastra la imagen de los políticos hacia la ciudadanía 

Dos proyectos de ley adelantados el pasado mes de febrero han sido expuestos, desarrollados y amplificados este jueves por Mariano Rajoy en el Congreso

Mariano Rajoy ha esgrimido desde la tarima parlamentaria que no era habitual verle defendiendo y poniendo voz a un proyecto de ley. Que él mismo no lo hacía desde el de la abdicación de Don Juan Carlos como Monarca de España. Durante casi 50 minutos en su intervención inicial, Rajoy ha justificado la importancia de aprobar una batería de medidas anticorrupción porque es una mala praxis que mina la imagen de los políticos entre la población. En realidad, se trataba de desarrollar y amplificar los dos proyectos de ley que ya anticipó ante la Cámara Baja el pasado mes de febrero. El Ejecutivo es consciente de que los ciudadanos están cansados de «levantarse cada mañana con una dieta cotidiana» de registros, detenciones y casos de corrupción y que esto da alas a los «salvapatrias de los escobas», como ha acuñado Rajoy -dando un buen titular informativo, como si esta mañana de 27 de noviembre el dirigente gallego se hubiese enfundado la piel de un periodista- en referencia al ideario «populista» de la formación de Pablo Iglesias, Podemos. 

Estas son, una a una, las medidas para combatir el «problema peligroso» que atesora España acerca de la corrupción que tienta a cargos públicos y representantes de la soberanía nacional. Pese a ello, Rajoy ha defendido que ni es generalizada ni se puede extender a la mayoría de las personas que son «decentes» en política. 

El recetario es el siguiente: 

1-. La primera medida es quizás la más llamativa: el Gobierno informará cada seis meses al Congreso sobre los indultos que haya concedido y haya denegado, de los que dará cuenta el ministro de Justicia ante los diputados en sesión parlamentaria o comisión. Regenerar la política pasa además por agilizar la Justicia, ha dicho Rajoy, quien ha desgranado que su equipo gubernamental remitirá un informe semestral a la Cámara Baja para aumentar el control parlamentario sobre esa figura. 

2-. Además de los viajes, el Ejecutivo se muestra dispuesto a ampliar el régimen de derechos y deberes de los parlamentarios: se aprobó, tras el «caso Monago», que los grupos parlamentarios tuvieran constancia y dieran transparencia a los viajes de sus Señorías en acto de servicio. Asimismo, el jefe del Gobierno ha avanzado desde el encerado parlamentario que está abierto a ampliar el régimen de derechos y deberes de los parlamentarios siempre y cuando haya «un amplio consenso» sobre un asunto que ha considerado «complejo», según sus propias palabras y en el que no llega a sentar las bases de un pacto la totalidad de los diputados. 

En esta operación de vigilancia de los altos cargos, se regularán por ley los gastos de representación y estará prohibido el uso de tarjetas de crédito para abonarlos. 

3-. El presidente del Gobierno también ha vislumbrado la posibilidad de reforzar la iniciativa legislativa popular y los cauces de participación ciudadana en la política. 

4-. Otra de las nuevas iniciativas que ha adelantado el jefe del Ejecutivo estriba en obligar a todos los partidos a que los militantes participen en la elección de sus órganos de dirección para, en caso de no hacerlo, que «esa fuerza política sea extinguida». Dentro del caudal de exigencia de «patrones éticos y democráticos» a las formaciones del país, se piensa imponer a los partidos que renueven sus órganos de dirección como máximo cada cuatro años. El equipo de gobierno no impone primarias, sino que dejará que los partidos se organicen «como crean conveniente». En la réplica de la oposición, Pedro Sánchez se ha abonado en la línea de imponer primarias por ley para todos los partidos y eliminar así cauces «a dedo» en la designación de los dirigentes. 

En el alegato de Rajoy, ha incluido pedir a los militantes unas «obligaciones de conducta» en los regímenes estatutarios: expulsión en caso de ser condenado por un delito doloso y suspensión automática de militancia en caso de que se abra juicio oral por asuntos que conllevarían inhabilitación. Los estatutos de los partidos deberán recoger garantías concretas para todos los afiliados, especificando el órgano que ejercerá como defensor de sus derechos y el procedimiento de reclamación respecto a los acuerdos adoptados por la formación. 

5-. Luchar de forma eficaz contra la corrupción también pasa, según Rajoy, por prohibir las donaciones de personas jurídicas, así como que haya un control exacerbado sobre cada una de las donaciones de personas físicas, que no superarán los 50.000 euros (cae de 100.000 euros a la mitad). Supone a la sazón regular la actividad económica y financiera de los partidos políticos prohibiendo las donaciones de las empresas. Además, cada aportación de más de 25.000 euros habrá de ser pública en sus páginas web y comunicada al Tribunal de Cuentas. Esta medida se desarrollará a través de dos enmiendas más incluidas a los proyectos de ley. En palabras del gallego, «la vida pública debe hacerse en la plaza pública». 

6-. En conjunción con la medida anterior, se modificarán tanto las leyes de Partidos y de su Financiación como la del Tribunal de Cuentas. Rajoy ha agregado que se prohíben todas las operaciones bancarias de condonación o renegociación de deuda a los partidos políticos. En lo sumo, ninguna entidad bancaria podrá condonar un adeudo de las formaciones ni total ni parcialmente, ni tampoco, ha añadido, «pactar condiciones financieras» por debajo de las condiciones de mercado.

7-. 4.200 partidos deberán adaptarse a estas condiciones: Los partidos estarán obligados a hacer públicos sus presupuestos, a través del organismo pertinente, que es el Tribunal de Cuentas. 

Rendirán cuentas no solo aquellos que consiguen representación parlamentaria o que reciben subvenciones de alguna administración. Los 4.200 partidos políticos inscritos en el registro del Ministerio del Interior habrán de adaptar sus estatutos a la nueva legislación y habrá carta blanca a la expulsión, según ha proclamado Rajoy, para la formación que incumpla estas normas. Los objetivos de estas medidas -ha aseverado- no se limitan a garantizar el principio de que «quien la hace, la pague», sino que también se pretende endurecer las penas de tal manera que los corruptos «se lo piensen diez veces», ha exhortado Rajoy. 

8-. Y en ese endurecimiento, habrá tímidos retoques de la normativa vigente. Se establecerá por primera vez en democracia el delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos y se agravarán las penas por inhabilitación. La finalidad de ésta y las siguientes medidas rezume en despojar de lo robado al delincuente, proteger a los inocentes desde el primer momento y recuperar el dinero defraudado, para que retorne de inmediato al erario público y, por ende, a la sociedad. Se garantizará esa devolución de los bienes por parte del que delinque, ha esgrimido. 

9-. Se dará celeridad a los macroprocesos judiciales. Así, Rajoy ha anunciado que, entre otras medidas para combatir la corrupción, en la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se fijará un plazo máximo de instrucción en los macroprocesos. El objetivo, ha defendido, es que «la instrucción de los asuntos muy complejos pueda seguir su curso sin necesidad de una concatenación de piezas». Con ello se evitará que procesos de gran repercusión social permanezcan abiertos durante años, ha dicho el presidente, y se permitirá que los imputados puedan comparecer ante un tribunal y establecer, en su caso, las responsabilidades penales a que haya lugar en un plazo razonable. 

Además, como se ha citado en las recetas dispuestas para el control de los altos cargos, se suspenderá de militancia a los políticos que sean llevados a juicio oral por un juez por delitos relacionados con la corrupción que comporten pena de inhabilitación. 

10-. Más medios: Rajoy ha ultimado un mayor esfuerzo en los medios y recursos destinados a la lucha contra la corrupción. Se contempla la convocatoria de 100 nuevas plazas de jueces y fiscales en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y este próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la dotación de recursos para impulsar las nuevas tecnologías en el ámbito judicial. 

Se perseguirá, con este magno decálogo, que «la corrupción no se produzca porque se hayan eliminado sus oportunidades», ha proclamado el presidente del Gobierno, que hace pocas horas forzó la salida de Ana Mato tras ser involucrada por el juez Pablo Ruz en el posible beneficio de los delitos cometidos por su exmarido. El jefe de filas populares ha concitado su intervención parlamentaria con un enunciado: «La osadía crece donde no hay obstáculos».

Fuente: EFE y ABC

Medidas debate 27 N 2014

Primer Gobierno que limita los sueldos de las empresas públicas

#TodosContralaCorrupción

Hacienda recurrirá al constitucional las leyes autonómicas que desvirtúen la reforma local

La secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, afirmó hoy que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas analizará, enviará los correspondientes "requerimientos" a los gobiernos autonómicos, hablará para llegar a un acuerdo y, en su caso, recurrirá al Tribunal Constitucional, las leyes regionales que puedan desvirtuar la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. 

Así se pronunció en su intervención en el XXVII Curso de Economía para Periodistas de Información Económica que organiza la asociación que agrupa a éstos, APIE, a preguntas de los asistentes sobre la posibilidad de que gobiernos autonómicos aprueben leyes que interpreten a su modo la reforma local aprobada por el Ejecutivo central. En concreto, la Junta de Castilla y León aprobó en este sentido un decreto-ley y la Xunta de Galicia está elaborando una ley que justifican por la necesidad de clarificar dudas que puedan surgir en la apliación de la reforma local. 

Navarro contestó que Hacienda reacciona con el procedimiento habitual en estos casos: estudiar las normas aprobadas por las comunidades autónomas, si detectan alguna anomalía enviar los correspondientes requerimientos al gobierno regional en cuestión, negociar y tratar de llegar a un acuerdo sobre los puntos en litigio durante seis meses y, en su caso, las impugnará ante el Tribunal Constitucional. 

Por lo demás, Navarro defendió que, con el Fondo de Liquidación Autonómica, se ha atendido a la vieja reivindicación de los ayuntamientos de que las comunidades les paguen los más de 1.600 millones que tenían de deuda con ellos, y también el Plan de Pago a Proveedores por el que se han saldado ocho millones de facturas pendientes con 190.000 proveedores, de un montante total de 41.800 millones, el 62% para proveedores del ámbito sanitario y otro 34% de servicios sociales. Según vaticinó, la factura electrónica y la Ley de Transparencia evitarán que pueda volver a crearse una deuda así. 

Además, la secretaria general respondió al presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, que intervino antes que ella, que el Gobierno tendrá en cuenta a las entidades locales en el diseño del sistema de financiación autonómica, le reconoció que el margen de maniobra de las comunidades ha sido siempre mayor que el de los ayuntamientos, cuyo sistema es "mucho más rígido". 

De la Serna reclamó también que el diseño del nuevo modelo no se haga mirando sólo la situación actual, donde las comunidades parecen más necesitadas que los municipios, porque cuando se reactive la economía aquéllas tendrán más posibilidad de mejora por su tipo de orientación económica. 

Navarro destacó el "esfuerzo considerable" de las comunidades autónomas para ajustar su deuda, "aunque no han llegado a tanto como las entidades locales", y reivindicó el valor del Fondo de Liquidez Autonómica, al que se apuntan también las regiones que tienen superávit, por el interés más accesible que les ofrece sobre el que obtendrían en el mercado. Así, explicó que cada año se ahorran 508 millones sobre lo que pagarían a los bancos; 224 de ellos Cataluña. 

Fuente: La Información

La Diputación de Alicante ultima la publicación de su nuevo Portal de Transparencia

El MARQ acoge unas jornadas sobre 

transparencia en el sector público local organizada por 

Fundación Democracia y Gobierno Local 

La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha presentado esta mañana el proyecto del nuevo Portal de Transparencia de la institución provincial en el marco de la jornada organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local que se celebra en el MARQ, a la que han asistido más de un centenar de personas. Pastor ha indicado que este portal, que en breve estará operativo, viene a compilar los datos que ya existían y se van incorporando en la web institucional www.diputacionalicante.es de acuerdo con la nueva ley. 

“Se trata de un proceso paulatino que comenzó con la nueva página y cuyo objetivo final es implementar esta filosofía de publicación de datos en todos los organismo autónomos”, ha indicado la presidenta, para quien la Ley marca unos mínimos comunes “y nuestra responsabilidad es hacer que esa gran cantidad de datos sea comprensible; la normativa recientemente aprobada por el Gobierno de España representa una oportunidad para ampliar las vías de comunicación con nuestros vecinos y, en el caso de las diputaciones, con los pequeños y medianos municipios”. 

Ha recordado, además, que la Diputación de Alicante viene colaborando desde hace dos años con los ayuntamiento en la puesta en marcha de “ventanas digitales” a través del Plan Moderniza. En la actualidad, hay 122 de los 141 municipios de la provincia adheridos a este plan y se ha trabajado en la web de 74 ayuntamientos, creando más de 650 cuentas. 

La Jornada sobre Transparencia del sector público local ha contado con la asistencia, entre otros, de la subdirectora general de Propuesta Normativas y Documentación Parlamentaria, Mª Esperanza Zambrano, el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, el vicepresidente de la Fundación Democracia y Gobierno Local y diputado provincial de Barcelona, Vicente Llovet, la secretaria general de la Diputación de Valladolid, Carmen Lucas, y, por parte de la Diputación de Alicante, el vicesecretario general, José Manuel Baeza, y la jefa de Comunicación, Ana Jover. 

El encuentro, en el que se han abordado aspectos como los objetivos de la Ley de Transparencia, los desafíos o su incidencia en las administraciones locales, ha contado entre los asistentes con alcaldes, concejales y técnicos municipales y de la propia institución provincial. 

Fuente: Fundación Democracia y Gobierno Local

 

Infografía sobre La Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno

• Se prohiben las donaciones de personas jurídicas a partidos políticos, hasta ahora permitidas con un límite de 100.000 euros.
• Todos los partidos deberán presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas y se crea la figura del responsable económico.
• Se prohibe la condonación de las deudas bancarias a los partidos políticos.
• Fortalecimiento de la respuesta penal contra la corrupción y devolución de las donaciones indebidas.

Para prevenir abusos y reforzar el control en la Administración:

• Selección de los altos cargos bajo criterios de competitividad.
• Límite y transparencia de retribuciones para prevenir abusos.
• Los condenados por terrorismo no podrán ser altos cargos de la Administración. 
• Tampoco se nombrará a condenados a sentencias firmes, inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público.

El Gobierno ha puesto en marcha un intenso programa de reformas para salir de la crisis y volver a crear empleo. La economía centra nuestro impulso reformista, pero somos conscientes de que la recuperación de la confianza pasa también por el fortalecimiento de nuestras instituciones.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es una pieza fundamental en este objetivo. Porque creemos que contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar la calidad de nuestra democracia. Por eso, hemos desarrollado un trámite de consulta pública sobre el texto de esta nueva norma. Para que los ciudadanos pudiesen conocer de primera mano y participar en primera persona en la elaboración de esta Ley; porque serán precisamente ellos sus principales protagonistas y beneficiarios.

Estamos ante una norma que hará que España deje de ser uno de los pocos países europeos sin Ley de Transparencia y, por esta razón, queremos tener la mejor posible. Una Ley completa en términos de obligaciones de transparencia de nuestras administraciones, que garantice el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública y que refuerce la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos que son de todos.

Con este trámite de información pública hemos tratado de hacer partícipes a los ciudadanos de esta mejora, con sus aportaciones, sugerencias y apreciaciones. Y los resultados han sido muy positivos. En estos 15 días la página web que hemos habilitado ha recibido casi 80.000 visitas y los ciudadanos han enviado más de 3.600 contribuciones.

Quiero dar las gracias a todos los que han participado en esta consulta pública, por su interés y por su colaboración, porque estoy plenamente convencida de que experiencias como éstas contribuyen a reforzar nuestra democracia y los derechos que ampara.

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA

Fuente: http://www.leydetransparencia.gob.es/index.htm