Fuente: Infografía El País
dilluns, 9 de març del 2015
diumenge, 8 de març del 2015
divendres, 6 de març del 2015
Las mujeres con hijos en España ganan un 5% menos que las que no tienen
En las diferencias salariales influye el número de hijos
y si son niñas o niños
y si son niñas o niños
Según la OIT, la igualdad salarial no se alcanzará
hasta dentro de 71 años
hasta dentro de 71 años
Deberían ganar más que los hombres,
si se atiende a factores explicables
si se atiende a factores explicables
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| Una bióloga molecular trabajando en el laboratorio.Ana Ivanova/Getty Images |
Las mujeres soportan una doble brecha salarial: respecto a los hombres y también entre ellas en función de si son madres o no. Así, el sueldo de las españolas es un 17% más bajo que el de los varones y, si tienen hijos, ganan de media un 5% menos que las que no tienen.
Además, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apunta que al ritmo actual -en el que las mujeres ganan de promedio un 77% de lo que cobran los hombres-, sin una acción dirigida, la igualdad salarial no se alcanzará hasta dentro de, al menos, 71 años.
"La maternidad está socialmente penalizada", asegura Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT para España, quien ha explicado durante la presentación del informe La brecha salarial relacionada con la maternidad que en las diferencias salariales influye el número de hijos, si son niñas o niños o si existe cónyuge y si éste trabaja.
Este estudio señala que la brecha salarial en función de la maternidad aumenta con el número de hijos que tiene la mujer. "Si el primer vástago es niña, la brecha salarial es menor, porque existe aún una cultura en la que las niñas ayudan a sus madres y la mujer se ve más libre para participar en el mercado laboral", destaca la experta en econometría y en salarios de OIT Ginebra Rosalía Vázquez.
En muchos países europeos, por ejemplo, un solo hijo tiene un pequeño efecto negativo, pero las mujeres con dos y, sobre todo, con tres sufren "una sanción salarial".
En España y en comparación con Europa, la brecha salarial entre mujeres con hijos y sin hijos es menor que la que existe en Portugal, Alemania o Reino Unido. En Reino Unido las madres pueden llegar a ganar hasta un 25% menos que las mujeres que no tienen hijos, un 15% en Alemania y un 10% en Portugal. Por el contrario, la brecha en España es mayor que la de Irlanda, Holanda o Bélgica.
En países como Francia, Italia y Dinamarca la maternidad "se penaliza de manera positiva", lo que significa que las mujeres con hijos ganan hasta un 5% más que las que no tienen, explica Rosalía Vázquez-Álvarez, experta en salarios de la oficina de la OIT en Ginebra.
A este respecto, la OIT propone una serie de políticas a desarrollar con objeto de reducir la brecha salarial por maternidad, como la reducción de la doble carga del hogar, la asistencia de guarderías, la promoción de la protección maternal y de la baja por paternidad, la oferta de flexibilidad en el trabajo y, además, la erradicación de la brecha salarial de género.
Las españolas deberían ganar más que los hombres
En cuanto a la brecha salarial entre hombres y mujeres, la OIT ha hecho una distinción entre factores explicables (educación, experiencia, categoría profesional, actividad económica, ámbito rural o urbano y meses y horas trabajadas) y no explicables (penalización salarial por razones de género).
Los primeros identifican el capital humano de los individuos (determinan hasta qué punto un hombre o una mujer son productivos en el mercado laboral). Cuando esas variables son idénticas entre ambos sexos no existe una razón objetiva por la que no deban cobrar el mismo salario. Sin embargo, sí ocurre, lo que significa que una parte "muy importante" de las diferencias se deben a factores no explicables.
En España, las mujeres cobran un 17% menos que los hombres, por debajo de la media europea, que se sitúa en el 19%. La OIT señala que las mujeres ganan de media en Europa 200 euros menos al mes que los hombres, de los que 175 euros "no tienen explicación". El porcentaje aumenta en Estados Unidos hasta el 36%.
¿Qué parte de ese 17% es explicable y qué parte no?. Si se atiende al capital humano (factores explicables), las españolas no solo deberían ganar igual que los hombres, sino algo más (un 2%). A este respecto, Vázquez-Álvarez ha precisado que "si tuviera que haber una brecha salarial tendría que ser a favor de las mujeres dada su mayor capacidad humana".
"Si tomamos en cuenta todos los factores de capital humano, observamos que, por el mero hecho de ser hombre, éste recibe un 4% más de salario que la mujer", comenta Vázquez, quien asegura que, a pesar de que las mujeres tengan una capacidad humanas mayor que la de los hombres, éstos tendrían una sobrerrepresentación en los puestos laborales más altos.
Según aumenta el salario, la brecha también se va agrandando, a pesar de que en el rango más alto de salarios, las mujeres están más preparadas en educación y más cualificadas y tienen una experiencia similar, pero tienen menor categoría profesional (un 15% de los hombres ocupan cargos ejecutivos y directivos frente a un porcentaje residual de mujeres).
Fuente: RTVE
dimecres, 4 de març del 2015
dimarts, 3 de març del 2015
La Diputación enseña a mejorar la gestión a once ayuntamientos
Algemesí, Picassent, Alfafar, Picanya, El Perelló, Benetússer y Burjassot han obtenido ya la certificación AENOR
El área de asesoramiento municipal busca sistemas de gestión personalizados para cada ayuntamiento
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Un total de once representantes municipales han asistido hoy a un encuentro celebrado en la Diputación de Valencia para recibir asesoramiento para mejorar sus sistemas de gestión mediante certificados de calidad.
La reunión ha contado con técnicos de los ayuntamientos de Algemesí, Picassent, Alfafar, Picanya, El Perelló, Benetússer y Burjassot que han obtenido ya la certificación AENOR de sus cartas de servicios.
Al encuentro han asistido también delegados de los consistorios de Gandía, Cheste, Faura y la Font d’ En Carrós que están en proceso de obtener la certificación bajo la coordinación y dirección del Servicio de Asesoramiento Municipal de la institución provincial.
Encuestas como herramienta de participación ciudadana
Los asistentes han expresado su compromiso por seguir trabajando para que los ciudadanos reciban unos servicios públicos locales con niveles de calidad acorde a sus necesidades, al tiempo que han consolidado las encuestas como método para conocer de primera mano la opinión de los vecinos y fomentar la participación ciudadana.
Asimismo, en la cita se ha manifestado la necesidad de potenciar la gestión por procesos como herramienta indispensable para reducir y eliminar las cargas administrativas, de acuerdo al proyecto que se ha convertido en uno de los objetivos estratégicos de la Unión Europea, a partir de la estrategia renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo.
El área de asesoramiento municipal lleva más de diez años trabajando con los consistorios valencianos, a través de diversos programas, buscando de manera individualizada sistemas de gestión personalizados para cada ayuntamiento en base a las necesidades.
El objetivo último de la implantación de sistemas de calidad es reducir costes, mejorar la productividad, la gestión y la atención al ciudadano acortando los trámites administrativos.
Fuente: DIVAL
El empleo público local en la España democrática. Una perspectiva institucional
Autor:
J. Javier Cuenca Cervera: Profesor asociado de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de Valencia. Técnico de Recursos Humanos de la Administración Local
Prologo de:
Manuel Villoria Mendieta: Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos
Por su interés ponemos aquí el prologo
con algunos subrayados hechos por nosotros.
Es un orgullo poder prologar el libro de Javier Cuenca por múltiples razones,
aunque podrían sintetizarse en dos. En primer lugar por la persona que lo
escribe, que reúne competencias académicas, gerenciales y personales muy
elevadas y, todas unidas, raramente discernibles en el panorama de nuestros
estudios de Administración Pública. En segundo lugar, por la calidad del texto
que tienen ahora entre sus manos, una obra realizada con la pasión de un
orfebre y la actitud incisiva y crítica propia de un buen científico social.
El tema que trata el texto –la profesionalidad y meritocracia en el empleo
público local– puede parece secundario en el marco de los grandes problemas
políticos y sociales contemporáneos, y, sin embargo, es uno de los temas cruciales
para explicarse algunas de las malaises contemporáneas de España. En
los estudios sobre la democracia siempre se ha considerado que el principio
de igualdad política es uno de los constituyentes básicos del concepto. Como
nos advierte Dahl, en toda democracia es preciso que todos los miembros de
la comunidad política sean tratados, bajo la Constitución, como si estuviesen igualmente cualificados para participaar en el proceso de toma de decisiones que va a adoptar la asociación. Como nos recordaba Rafael del Águila, esa
igual capacidad se explicaba por Platón poniendo en boca de Protágoras una
leyenda. Según esta, preocupado por la incapacidad de los humanos por convivir pacificamente, Zeus tomo la decisión de distribuir por igual entre las personas dos regalos: la vergüenza moral y el sentido de la justicia (aidòs y
diké); con el primero, las personas tendrían límites a su tendencia egoísta a
saltarse los compromisos y deberes sociales; con el segundo, los humanos
tendrían una natural tendencia a buscar términos justos de convivencia y a rechazar
la injusticia. A partir de dicha igualdad, la democracia griega desarrolla
dos conceptos igualmente esenciales para entender la esencia democrática
moderna, por una parte la isègoria –o el derecho a la palabra– y por otra la
eleutheria –o el derecho a la libertad de cada ciudadano ateniense–.
Todo ello, Todo ello, igualdad, libertad de expresión y libertad de acción política, estaba garantizado en Grecia por la ley, pues sin ella la igualdad y la libertad estarían sometidas al vaivén de las luchas de poder y a la furia de los poderosos, mas con ella la libertad de todos garantizaba la de cada uno, consolidando la inextricable unión de democracia y Estado de derecho. Este pacto de reglas que es la democracia, según Varela Ortega, requiere, así pues, para su funcionamiento que se reconozca la primacía de la ley, la independencia de los poderes y la seguridad jurídica. Diversos estudios empíricos sobre la calidad democrática y diversos índices de democratización insisten también en este tema, el Estado de derecho es uno de los componentes esenciales de la democracia, tal vez el esencial si seguimos a Inglehart y Wenzel.
Llegados a este punto, es preciso conectar el Estado de derecho con la profesionalidad y el mérito del servicio público. Es cierto que la meritocracia del funcionariado no es algo que inventen las democracias, en China ya estaba iniciado en la dinastía Han e implantado desde el siglo VI con la dinastía Sui, con una finalidad puramente sistémica: mejorar la calidad de las decisiones públicas evitando que la lealtad aplastase a la racionalidad. Pero la llegada de las democracias modernas profundiza las virtualidades del método y permite que, además de aportar eficacia, proporcione las bases de la imparcialidad de la burocracia y la judicatura y, con ello, la aplicación eficaz de la ley, sin que consideraciones de tipo personal o político corrompan dicho valor. Con ello, la democracia genera instituciones que favorecen la implantación de la igualdad política y restringe el uso del clientelismo, el favoritismo, la patrimonialización y, finalmente, la corrupción. Profesionalidad implica un compromiso con el servicio público y una ética del esfuerzo al servicio del bien común; mérito conlleva un acceso al servicio público a través de exámenes rigurosos y competitivos y una carrera fundada en la demostración continua de la competencia. Juntas, y asumidas como reglas inquebrantables del servicio civil, proporcionan una palanca extraordinaria para la calidad de la democracia. En suma, la existencia de un empleo público profesional y meritocrático asegura que las normas se aplican con independencia de las personas a las que obligan, que los servicios se implantan de acuerdo con los fines que los justifican, que los dineros se gastan respetando los presupuestos y sus objetivos.
No obstante, es cierto que el otro componente básico de la democracia –la soberanía popular– puede generar tensiones con esta modalidad de organización del empleo público. La victoria electoral puede suponer para algunos el derecho a penetrar en la Administración y remover personas y normas para asegurar que los más leales ocupan los cargos y que las normas favorecen a los victoriosos. Grave error. Una vez en el poder, esta burocracia de partido usara las instituciones para asegurarse el poder indifinidamente y quebrara la igualdad política y ante la ley, generando un rosario de actos clientelares, corruptos e ilegales. Con ello, pervertirá el sentido último de la democracia, que se basa en llegar al poder a través del consentimiento, pero ejercer el poder de acuerdo con la ley y respetando la igualdad intrínseca de todos los ciudadanos. Numerosos estudios nos demuestran que el spoils system generan ineficacia y corrupción, y con ello dificulta seriamente el desarrollo. Pero, ademas, otros estudios nos permiten ver cómo la politización de la Administración es incompatible con la seguridad jurídica y la garantía de los derechos reconocidos en las leyes. Sin embargo, un gobierno surgido de las urnas, respetuoso de una burocracia profesional y meritocrática, encuentra en la neutralidad del servicio civil las bases para poder llevar adelante su programa de forma eficaz y respetuosa con la legalidad. De ahí que la neutralidad del empleo público sea la respuesta ideal para el respeto a los dos principios clave de la democracia, la soberanía popular y la igualdad política.
Por todo lo expuesto, creo que el tema elegido por Javier toca elementos esenciales de la reflexión sobre la calidad de la democracia y las condiciones institucionales para su plena efectividad. Y lo hace con un enfoque –el institucionalismo histórico– que me es cercano y que explica bastante acertadamente alguna de las causas del fracaso en la consolidación del empleo público profesional en los niveles locales de Gobierno en España. Finalmente, creo que las reflexiones finales, expresadas en el epilogo, nos advierten claramente de los riesgos de una reforma local formulada desde la priorización absoluta de la eficiencia y el recorte de gastos, olvidando las bases estructurales que podrían acercarnos a la eficiencia. Cualquier análisis serio de los Gobiernos locales en España no puede obviar la ausencia de profesionalización en múltiples ámbitos, y la incapacidad para dar asistencia técnica adecuada en otros. Ello, unido al vigente modelo de «strong major» y a la necesaria reconfiguración de las diputaciones hará que algunas bienintecionadas medidas sean inaplicables. En todo caso, me remito al texto para que ustedes conozcan, a través de palabras más acertadas que las mías, cuáles son el origen y la situación del empleo público local en España, y las posibilidades de su mejora. Seguro que de esta lectura saldrán sabiendo más y deseando que el autor siga escribiendo nuevos textos.
Todo ello, Todo ello, igualdad, libertad de expresión y libertad de acción política, estaba garantizado en Grecia por la ley, pues sin ella la igualdad y la libertad estarían sometidas al vaivén de las luchas de poder y a la furia de los poderosos, mas con ella la libertad de todos garantizaba la de cada uno, consolidando la inextricable unión de democracia y Estado de derecho. Este pacto de reglas que es la democracia, según Varela Ortega, requiere, así pues, para su funcionamiento que se reconozca la primacía de la ley, la independencia de los poderes y la seguridad jurídica. Diversos estudios empíricos sobre la calidad democrática y diversos índices de democratización insisten también en este tema, el Estado de derecho es uno de los componentes esenciales de la democracia, tal vez el esencial si seguimos a Inglehart y Wenzel.
Llegados a este punto, es preciso conectar el Estado de derecho con la profesionalidad y el mérito del servicio público. Es cierto que la meritocracia del funcionariado no es algo que inventen las democracias, en China ya estaba iniciado en la dinastía Han e implantado desde el siglo VI con la dinastía Sui, con una finalidad puramente sistémica: mejorar la calidad de las decisiones públicas evitando que la lealtad aplastase a la racionalidad. Pero la llegada de las democracias modernas profundiza las virtualidades del método y permite que, además de aportar eficacia, proporcione las bases de la imparcialidad de la burocracia y la judicatura y, con ello, la aplicación eficaz de la ley, sin que consideraciones de tipo personal o político corrompan dicho valor. Con ello, la democracia genera instituciones que favorecen la implantación de la igualdad política y restringe el uso del clientelismo, el favoritismo, la patrimonialización y, finalmente, la corrupción. Profesionalidad implica un compromiso con el servicio público y una ética del esfuerzo al servicio del bien común; mérito conlleva un acceso al servicio público a través de exámenes rigurosos y competitivos y una carrera fundada en la demostración continua de la competencia. Juntas, y asumidas como reglas inquebrantables del servicio civil, proporcionan una palanca extraordinaria para la calidad de la democracia. En suma, la existencia de un empleo público profesional y meritocrático asegura que las normas se aplican con independencia de las personas a las que obligan, que los servicios se implantan de acuerdo con los fines que los justifican, que los dineros se gastan respetando los presupuestos y sus objetivos.
No obstante, es cierto que el otro componente básico de la democracia –la soberanía popular– puede generar tensiones con esta modalidad de organización del empleo público. La victoria electoral puede suponer para algunos el derecho a penetrar en la Administración y remover personas y normas para asegurar que los más leales ocupan los cargos y que las normas favorecen a los victoriosos. Grave error. Una vez en el poder, esta burocracia de partido usara las instituciones para asegurarse el poder indifinidamente y quebrara la igualdad política y ante la ley, generando un rosario de actos clientelares, corruptos e ilegales. Con ello, pervertirá el sentido último de la democracia, que se basa en llegar al poder a través del consentimiento, pero ejercer el poder de acuerdo con la ley y respetando la igualdad intrínseca de todos los ciudadanos. Numerosos estudios nos demuestran que el spoils system generan ineficacia y corrupción, y con ello dificulta seriamente el desarrollo. Pero, ademas, otros estudios nos permiten ver cómo la politización de la Administración es incompatible con la seguridad jurídica y la garantía de los derechos reconocidos en las leyes. Sin embargo, un gobierno surgido de las urnas, respetuoso de una burocracia profesional y meritocrática, encuentra en la neutralidad del servicio civil las bases para poder llevar adelante su programa de forma eficaz y respetuosa con la legalidad. De ahí que la neutralidad del empleo público sea la respuesta ideal para el respeto a los dos principios clave de la democracia, la soberanía popular y la igualdad política.
Por todo lo expuesto, creo que el tema elegido por Javier toca elementos esenciales de la reflexión sobre la calidad de la democracia y las condiciones institucionales para su plena efectividad. Y lo hace con un enfoque –el institucionalismo histórico– que me es cercano y que explica bastante acertadamente alguna de las causas del fracaso en la consolidación del empleo público profesional en los niveles locales de Gobierno en España. Finalmente, creo que las reflexiones finales, expresadas en el epilogo, nos advierten claramente de los riesgos de una reforma local formulada desde la priorización absoluta de la eficiencia y el recorte de gastos, olvidando las bases estructurales que podrían acercarnos a la eficiencia. Cualquier análisis serio de los Gobiernos locales en España no puede obviar la ausencia de profesionalización en múltiples ámbitos, y la incapacidad para dar asistencia técnica adecuada en otros. Ello, unido al vigente modelo de «strong major» y a la necesaria reconfiguración de las diputaciones hará que algunas bienintecionadas medidas sean inaplicables. En todo caso, me remito al texto para que ustedes conozcan, a través de palabras más acertadas que las mías, cuáles son el origen y la situación del empleo público local en España, y las posibilidades de su mejora. Seguro que de esta lectura saldrán sabiendo más y deseando que el autor siga escribiendo nuevos textos.
MANUEL VILLORIA MENDIETA
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración
en la Universidad Rey Juan Carlos
Reunión con el DG de Empleo y Ocupación, Rafael Miró
El Director General de Empleo y Ocupación de la Generalitat Valenciana Rafael Miro se reunió el 24 de febrero en Atzeneta con representantes de diversos colectivos y asociaciones.
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