La Reforma de la Administración Local, impulsada por el Gobierno del Partido Popular, tiene como objetivo principal garantizar la prestación de los servicios públicos locales y su sostenibilidad económica, porque es la mejor garantía para su continuidad.
La Ley viene a clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones, racionaliza la estructura organizativa de la Administración Local y garantiza un control financiero y presupuestario de las cuentas públicas más riguroso.
Y esto lo hace la Ley en el marco de las competencias básicas del Estado, con respeto a las competencias de las CC.AA. y con respeto también a la autonomía municipal.
Esta Ley marca un punto de inflexión, tanto en las competencias de las Entidades Locales, como en sus relaciones con otras Administraciones. A partir de ahora, ni la Administración estatal, ni la Autonómica podrán encomendar a un Ayuntamiento la prestación de un servicio sin garantizar por cinco años la cobertura del 100 por 100 del coste.
La Reforma Local se ha tramitado de forma transparente y dialogada. Se ha dado audiencia a las Comunidades Autónomas que han presentado alegaciones, así como a las Entidades Locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la Comisión Nacional de Administración Local. Han sido innumerables las reuniones del Ministerio y de los Grupos Parlamentarios con todos los sectores afectados.
No hay merma de principios democráticos, ni de autonomía municipal. Y lo que se hace con esta Ley es profundizar en la transparencia y eficiencia de la gestión de los servicios locales y se garantiza la participación de los municipios en los mecanismos de coordinación con la Diputación.
La oposición a Ley por parte de la Junta de Andalucía no es por defender la autonomía municipal, es sencillamente porque con esta Ley el Gobierno Andaluz va a tener que pagar a los Ayuntamientos todos los servicios que prestan que son competencia de la Junta.
Con esta Ley no se vulneran las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local, como así se ha reconocido por el propio Consejo de Estado y se ha dictaminado en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado.
Con la Ley de Reforma de la Administración Local ni se eliminan, ni se privatizan servicios públicos, sino que viene a garantizar todos los servicios, y el tiempo lo confirmará con hechos. La Ley no introduce ninguna novedad en lo que son las posibles formas de gestión que ya están previstas en la legislación vigente, es justamente lo contrario, porque en el artículo 85 se opta claramente por la gestión directa de los servicios públicos.
A juicio del Gobierno y del PP, la Ley es claramente constitucional porque el Estado tiene el título para determinar el modelo competencial de municipios y provincias, y así lo ha ratificado el Consejo de Estado en su Dictamen.
Esta Reforma, junto con todas las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, da respuesta a los principales problemas de las Entidades Locales.
A los municipios no se les defiende con recursos de inconstitucionalidad, sino que se les defiende, por ejemplo, pagándoles lo que les debe la Junta, cumpliendo el Plan de Cooperación Municipal que en los últimos cuatro años ha perdido 1.500 millones de euros. No se puede deber 200 millones a los Ayuntamientos y decir que se presenta un recurso para defenderlos.
La oposición a esta Ley por parte de la Junta de Andalucía, no es por defender el ámbito de sus competencias, ni mucho menos por defender la autonomía municipal. Es sencillamente, porque, entre otras cosas, con esta Ley la Junta va a tener que pagar a las Corporaciones Locales todos los servicios que presta y los servicios que les ha delegado.
Es verdad, que la aplicación de la Ley en algún punto será compleja, sobre todo en un primer momento. Por eso, es necesaria una buena dosis de lealtad y colaboración institucional para resolver los problemas que vayan surgiendo, y hacerlo pensando siempre en lo único importante, los ciudadanos, los vecinos a los que hay que garantizar los servicios públicos a los que tienen derecho, vivan donde vivan.
Escrito por: Juan José Matarí.
Publicado en: El Almeria.es
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