dimarts, 29 de març del 2016
diumenge, 27 de març del 2016
divendres, 25 de març del 2016
El Régimen Económico Matrimonial Valenciano de Separación de Bienes
Como todo el que ha opositado, al menos a notarías o registros, ha podido saber, los temas de derecho foral son especialmente antipáticos. Y no porque haya un sentimiento anti-foralista en el cuerpo de los opositores, sino por lo complejos, largos y difíciles que son los temas. Pues bien, para añadir emoción y complejidad a la oposición, los derechos forales están en continua actualización. Incluso algunos de ellos en proceso de recuperación, como es el derecho civil propio de la Comunitat Valenciana.
¿Pero desde cuando la Comunidad Valenciana tiene derecho civil propio?
Haciendo brevemente memoria, tras perder el Reino de Valencia los Fueros y no recuperarlos con los Decretos de Nueva Planta de 1.707, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana de 1 de julio de 1982 señaló que la Generalitat Valenciana ostenta competencia exclusiva en orden a la conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Valenciano. Va más allá la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de 10 de abril de 2006, que dice que la Generalitat procurará la recuperación del contenido correspondiente de los Fueros del histórico Reino de Valencia.
Fruto de ese reconocimiento, el régimen económico matrimonial valenciano se recuperó por la Ley Valenciana 10/2007 de 20 de marzo de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. Antes de que se produjera su entrada en vigor, prevista por la Disposición Final Cuarta, para el 25 de abril de 2008, y cuestionando la competencia de la Generalitat, se promovió por el Presidente del Gobierno recurso de inconstitucionalidad, suspendiendo el Tribunal Constitucional la aplicación de la Ley, hasta el auto de 12 de junio de 2008, que levanta esa suspensión, entrando en vigor a partir de 1 de julio de 2008, si bien pendiente de la resolución del recurso. Antes de esa resolución, el Consell acuerda modificar los preceptos impugnados de la ley referida y por Ley 8/2009 de 4 de noviembre de 2009, la Generalitat publica en el DOCV una modificación que finaliza con el problema de su constitucionalidad, eliminando las cuestiones de conflicto, en relación a las remisiones al Código Civil o a la legislación estatal, la oponibilidad a terceros y normativa procesal, el desarrollo de la ley de sucesiones y otras razones sistemáticas.
Ahora los valencianos se casan en separación de bienes.
Por tanto, desde el 1 de julio de 2008, existe otra norma relativa al régimen económico matrimonial dentro del territorio español, aplicable a los matrimonios cuyos efectos deban regirse por la Ley valenciana. Se parte de la idea de que existe libertad de elección del régimen económico matrimonial en escritura pública de capitulaciones matrimoniales o carta de nupcias, pero, a falta de éstas, o si son ineficaces, el régimen económico aplicable como supletorio será el de separación de bienes. Y es esta la principal novedad que ha supuesto en la vida económica y jurídica de los valencianos, y que ha sido bien recibida por estos, ya que han pasado, de un día a otro, de casarse en régimen de gananciales a un régimen de separación de bienes.
Como comenta María Dolores Mas Badía, profesora titular de Derecho Civil de la Universitat de València en su muy recomendable intervención en las Jornadas sobre Derecho foral valenciano de 2013 en la Facultad de Derecho de Valencia, lo cierto es que en los Fueros el régimen legal no era la separación de bienes propiamente dicha, sino un régimen dotal, que hoy sería inconstitucional, por lo que tanto Valencia, como antes Cataluña y Baleares han evolucionado de modo natural hacia la separación absoluta de bienes.
La consecuencia directa es que ya no se firman escrituras de capitulaciones matrimoniales. O al menos se firman muy pocas y las que se firman son para pactar regímenes de comunidad, ya sea la del código civil de gananciales o la de germanía valenciana. De hecho, en ocasiones, un régimen de comunidad puede ser incluso más beneficioso para el matrimonio, o, al menos, más protector para el cónyuge que menos ingresos y patrimonio posee.
Ocurre por tanto justo a la inversa de lo que sucedía antes y con gran frecuencia: los cónyuges (o futuros cónyuges) preferían un régimen de separación de bienes que permitiera delimitar a priori los bienes y derechos de cada uno y quizás salvaguardar las responsabilidades del otro frente a acreedores de uno de ellos.
Por eso, es especialmente necesaria la indagación por parte del notario del régimen aplicable, pues los efectos son radicalmente distintos. Muchos, sin tener conocimiento de la norma, ni siquiera saben que están casados con dicho régimen, y piensan que el de gananciales es el que rige su vida económica matrimonial.
Obviamente, los matrimonios anteriores regidos por la sociedad de gananciales siguen bajo sus normas, al no operar el cambio de régimen por mera disposición de la ley. Por ello, no es suficiente manifestar en la escritura el estar casados en régimen de gananciales, al no poder entrar en juego una presunción de ser el régimen legal, sino que debe decir expresamente si el régimen de gananciales es el legal, con lo que se entiende que han contraído matrimonio con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley, conforme a la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de junio de 2009.
La Germanía, nuevo régimen convencional.
Se regula el régimen convencional denominado de Germanía, que es una comunidad conjunta o en mano común de todos o parte de los bienes de los esposos. En ese sentido, la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 2013 aclara que no es una sociedad de gananciales como la que regula el Código Civil sino una comunidad conyugal de bienes con un régimen jurídico propio y diferenciado de tipo germánico.
Los actos de administración y de disposición de los bienes agermanados requieren el consentimiento de ambos cónyuges, pudiendo estos apoderarse a este efecto recíprocamente, y regulándose el consentimiento judicial supletorio. Los actos de administración o de disposición llevados a cabo por uno solo de los cónyuges podrán ser ratificados por el otro, con efectos retroactivos.
Es necesario expresar documentalmente la causa onerosa o gratuita que genera el desplazamiento hacia la germanía o fuera de ella, del mismo modo que se debe expresar en las aportaciones a gananciales. La similitud con ésta la encontramos también en que las aportaciones a la germanía y las adjudicaciones resultantes de su liquidación total o parcial, en lo que dependa de las competencias de la Generalitat, gozarán de exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
Disposición de la vivienda habitual.
Sea cual sea el régimen económico matrimonial, para disponer de algún derecho sobre la vivienda habitual de la familia o sobre los muebles de uso ordinario de la misma, el cónyuge titular necesitará el consentimiento del otro cónyuge en cada caso, del mismo modo que ocurre con el artículo 1320 del Código Civil.
Si el inmueble pudiera constituir vivienda habitual, el disponente habrá de manifestar, en el documento en el que los formalice, si tal circunstancia concurre o no en el inmueble dispuesto, no perjudicando la manifestación errónea o falsa del disponente al adquirente de buena fe. Se considerará de buena fe al adquiriente que no conozca o que, razonablemente no pueda conocer el carácter del inmueble como vivienda habitual de la familia.
Artículo escrito por el notario José Carmelo Llopis
Publicado en su blog: notariollopis.com
Un momento decisivo para el derecho civil valenciano
En 1716, Felipe V decidió transformar la Chancillería, un tribunal castellano creado tras la abolición, en una Audiencia. Muchos valencianos vieron en ello la oportunidad para recuperar los fueros, al menos la parte del derecho civil. Al fin y al cabo, era lo que había pasado en Aragón sólo unos años antes. Con esa esperanza fueron ante el presidente de la nueva Audiencia, pero éste, el murciano Juan de Valcárcel„ ni siquiera se molestó en consultar con el rey: denegó la petición en línea y media de un auto y jamás volvió a preocuparse por ello.
Tres siglos después, los valencianos estamos asistiendo a un hecho similar. Pese a décadas de esfuerzo por recuperar y consolidar un derecho civil propio, parece que el Gobierno central está decidido, con la ayuda del Tribunal Constitucional, a dar carpetazo al asunto. Tampoco ahora se ha molestado en consultar, en abrir un espacio de diálogo o en preguntarnos a los valencianos hasta qué punto nos importa esta competencia, qué repercusión tendría su eliminación de facto o cómo se podría llegar a una solución satisfactoria para todos. Otra vez nos encontramos con el silencio o la indiferencia al otro lado. No es una novedad: lo mismo ocurre con la financiación, las inversiones públicas, el Corredor Mediterráneo. Es el ninguneo constante a que nos somete Madrid desde hace ya demasiado tiempo.
Pero en esta ocasión no nos vamos a resignar. Desde hace unos meses, la Associació de Juristes Valencians venimos impulsando un manifiesto en el que exigimos la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de nuestro derecho civil. Lo hemos presentado en casi doscientos municipios de la Comunitat, con el ánimo de promover la iniciativa desde la misma base de nuestra población. Hasta el momento, una treintena ya se ha sumado a ella. Nos ha sorprendido gratamente la actitud de los partidos políticos valencianos, que la han hecho suya y la han apoyado casi por unanimidad; desde aquí les queremos agradecer ese apoyo y el aliento que nos han dado.
Y si no ha habido unanimidad es por la inexplicable excepción de Ciudadanos, un partido que apoya esta competencia en Cataluña, pero no en nuestra comunidad. Aún está a tiempo de cambiar de parecer y unirse a este afán de todos los valencianos. Porque nuestra intención es acudir a todos los foros que, en política, cuentan: aparte de los ayuntamientos y las diputaciones, también las Corts, donde reside la máxima representación de nuestros intereses y de nuestro ser como pueblo. Y, por supuesto, el Congreso y el Senado, donde ya ha habido una primera aparición del problema en el pleno fallido de investidura. Acudiremos igualmente a la Delegación del Gobierno porque somos conscientes de que es el Ejecutivo estatal, ahora en manos de Mariano Rajoy, el que debe retirar los recursos „como ha hecho en el caso de otras comunidades autónomas„ y abrirse a una negociación que resuelva de una vez este contencioso, que ya dura demasiado.
Pero no sólo nos hemos dirigido al ámbito de la política y el gobierno, sino también a entidades cívicas y culturales, a los colegios profesionales y a las universidades. Queremos hacer del manifiesto y de su objetivo último, la conservación del derecho civil valenciano, una empresa de todos, libre de filiación política o de cualquier otra significación no deseable. Nos jugamos mucho en ello: la posibilidad de disponer de unas leyes propias en nuestras relaciones como ciudadanos, por ejemplo a la hora de formar una familia (Ley de Régimen Económico del Matrimonio, Ley de Uniones de Hecho), de organizar el día a día entre sus miembros cuando ésta se rompe (Ley de Custodia Compartida) o, simplemente, al prever el destino de nuestros bienes cuando ya no estemos aquí mediante un testamento (proyecto de Ley de Sucesiones). Es la posibilidad, en fin, de tener una legislación más moderna y mejor para todos, por estar adaptada a las necesidades de una sociedad desarrollada y en permanente cambio, como es la valenciana.
Siempre que lo hemos intentado, el Estado central no ha tardado un momento en recurrir cada una de estas leyes ante el Tribunal Constitucional, a veces incluso con malas artes y engaño manifiesto. Si son declaradas inconstitucionales, las consecuencias sociales serán enormes: la gente que se ha casado en régimen de separación de bienes porque es el preferido hoy día, ¿deberá adoptar el de gananciales contra su voluntad por culpa de un Gobierno intolerante? ¿Y qué pasará con las numerosas custodias compartidas establecidas por los jueces desde 2011? Esos mismos jueces pueden acreditar que el sistema funciona y es más justo que el anterior.
Pero más allá de la utilidad de esta legislación y de los efectos beneficiosos que pueda tener en nuestra sociedad, es ésta, también, una cuestión de dignidad y de autoestima. Durante muchos años, el Estado nos ha tratado como a ciudadanos de segunda y nosotros, hasta cierto punto, lo hemos tolerado. Sin embargo, esta actitud está empezando a cambiar, porque los valencianos ahora somos conscientes de que nos estamos jugando mucho „el bienestar, el desarrollo económico y social o nuestro ser como pueblo, sin ir más lejos„ y que, a la larga, seguir igual es insostenible. En esto, y en muchas otras cosas, nos va el futuro, el nuestro y el de nuestros hijos.
Así pues, pedimos la unión de todos los valencianos y las valencianas ante una reivindicación que, en el fondo, sólo pretende defender nuestro Estatuto de Autonomía y nuestra capacidad de autogobierno. Hace más de tres siglos, un rey indigno nos la quitó «por justo derecho de conquista», y uso sus propias palabras. Hoy no podemos, no debemos permitir que vuelva a ocurrir. Todos juntos, los partidos políticos y la sociedad civil, hemos de mostrar una postura firme ante Madrid. Que sepan „parafraseando a Winston Churchill„ que lucharemos hasta el fin por nuestro derecho y que nunca nos rendiremos.
Artículo de opinión escrito por: Javier Palao Gil
Publicado en: Levante EMV
¿Sirve de algo tuitear sobre los atentados?
Sumarse a un hashtag no acabará con el terrorismo, pero también es algo más que una forma de sentirnos mejor con nosotros mismos
Cuando ocurre una tragedia, muchos tenemos la necesidad de expresar nuestra solidaridad, compartiendo tuits e ilustraciones o cambiando la foto de perfil. Pero también son muchos los que dudan de que esto sirva para algo, aparte de para hacernos sentir mejor: un tuit (o cien mil) no va a cambiar las cosas.
Además de eso y como recordaba Caitlin Dewey en The Washington Post, las causas en redes sociales duran muy poco. Tras los atentados de noviembre en París y según datos de Trendinalia, una herramienta para medir el impacto de hashtags y temas en Twitter, Dewey constató que las etiquetas solidarias no aguantaron más de 11 horas entre las tendencias globales: “El algoritmo de Twitter está sesgado hacia la novedad”, recordaba.
También añadía que tras una tragedia, “necesitamos tiempo para el pensamiento continuado y contemplativo. Y no hay tiempo para nada: internet sigue adelante”. Y con internet, nuestras vidas. Se trata de un proceso que cada vez es más previsible y va más rápido, según este artículo que publicó ayer Slate.
Solidarios desde el sofá
El peligro del activismo de salón es que podemos acabar dejando de actuar y conformándonos con formar parte de una causa, pero solo con el móvil. Podemos acabar creyendo que nuestros tuits pueden cambiar el mundo si suman el número adecuado de favs y retuits.
Además, el hecho de querer dar nuestra opinión lo antes posible sobre un hecho tan complejo conlleva el riesgo de que difundamos rumores sin contrastar o, directamente, bulos, simplemente por la satisfacción de participar en un hashtag a cambio de una pequeña recompensa en nuestra conciencia.
Eugeni Morozov, autor de To Save Everything Click Here, criticaba ya en 2009 este activismo de salón, recordando que se basa en “la idea nada realista de que, con suficiente conciencia social, se pueden solucionar todos los problemas”.
Es cierto que sumarse a un hashtag contra el hambre en el mundo o contra el cambio climático no va a servir para nada si no va acompañado de acción, y resulta difícil pensar que un terrorista se va a arrepentir tras leer un puñado de tuits airados. Pero a pesar de todo, Megan Garber sugiere en The Atlantic que compartir nuestra solidaridad en redes supone “un acto de compasión masiva”, lo que en internet se convierte “en un mensaje político”. Estos memes solidarios funcionan, en su opinión, como “botones de empatía” que intentan recordar que nos podría haber pasado a nosotros.
De hecho, este activismo de salón puede tener consecuencias prácticas: según un estudio de la Universidad de Pensilvania y Nueva York, tuitear desde casa sobre una protesta incrementa las posibilidades de salir a la calle y sumarse. El estudio recogía datos de protestas de Turquía en 2013, de Londres en 2011 y también del 15M. Su autora recordaba que las redes contribuyeron además a que estas protestas cobraran visibilidad internacional.
Otro ejemplo: el 2 de noviembre de 2010, Facebook publicó una notificación que vieron 61 millones de estadounidenses y que les animaba a votar, en una iniciativa que, como recogía Materia, supuso que “340.000 personas acudieran al colegio electoral movidos por este experimento social”. Los más propensos fueron quienes vieron en esta notificación “que varios de sus amigos ya habían votado”.
Tampoco se pueden olvidar las ocasiones en las que un hashtag nace con la intención de ser una herramienta práctica y no solo una forma de expresar solidaridad. Durante los atentados de París de noviembre, muchos ofrecieron su casa a la gente que necesitaba refugiarse de los ataques usando la etiqueta #porteouverte (“puerta abierta”), en una iniciativa que se ha repetido con los atentados de Bruselas, a pesar de que las situaciones son diferentes: en esta ocasión, no ha habido ataques en terrazas y restaurantes.
Eso sí, este hashtag también tuvo sus problemas: primero, que no sabemos cuánta gente acabó aprovechando esta oferta; segundo que hubo tanta gente tuiteando lo mucho que les gustaba la idea y explicando cómo funcionaba que resultaba difícil encontrar a quien de verdad estaba ofreciendo su casa.
La jerarquía de la muerte
Otro riesgo de la solidaridad en redes es que unas tragedias pueden ocultar otras. La cobertura del atentado de Bruselas está siendo mucho mayor que el que tuvo lugar el domingo 13 de marzo en Costa de Marfil, en el que fallecieron 19 personas, por ejemplo. También vimos en noviembre cómo Facebook nos permitió ponernos la bandera de Francia en la foto de perfil tras los atentados de París, pero no habilitó la misma posibilidad tras el del Líbano, a pesar de había acabado con la vida de más de 40 personas en este país dos días antes.
Se trata de la jerarquía de la muerte, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión: nos preocupa más lo que ocurre en nuestro país y en países cercanos, no solo por una cuestión de proximidad, sino también porque la calidad de la información con la que contamos es mayor.
Esto no es algo necesariamente negativo: quizás hemos viajado a París o conocemos a gente que trabaja en Bruselas, por lo que es natural que nos sintamos más próximos a estas ciudades.
Pero esto no quiere decir que no debamos mejorar la información que se da sobre otros conflictos y, también, evitar hablar de ellos desde la perspectiva de los intereses de los países occidentales.
Además, es algo que las redes sociales han de tener en cuenta si pretenden ser medios globales. Por ejemplo, Facebook alertó su Safety Check tras los atentados de París. Era la primera vez que lo hacía para una tragedia que no se trataba de un desastre natural. Pero no lo había hecho tras los atentados de Beirut. La empresa aprendió de las críticas y ha ofrecido en otras ocasiones este servicio que permite alertar a tus amigos de que estás bien. No solo este martes en Bruselas, sino también tras los bombardeos en Nigeria de noviembre pasado.
¿Podemos hacer algo más allá de las redes?
Aunque la lucha contra el terrorismo parezca un fenómeno eminentemente policial y militar, la sociedad civil puede poner su grano de arena. Cristina Fernández, de Movimiento por la Paz, considera necesario combatir las causas de fondo que alimentan el terrorismo en Europa, como la desigualdad, la pobreza o la exclusión.
Esta asociación la han puesto de manifiesto algunos investigadores, como Miguel Ángel Cano, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada, quien reconoce de manera tajante que "todos los estudios que hasta la fecha se han realizado en el ámbito de la inmigración y el terrorismo islamista muestran cómo los déficits de integración constituyen los factores más decisivos en los procesos de radicalización y reclutamiento yihadistas".
En el plano de la comunicación, la sociedad civil podría involucrarse, por ejemplo, a la hora de desmontar los tópicos que habitualmente se asocian al terrorismo. Cristina Fernández señala al que tradicionalmente vincula a toda la población musulmana con el terrorismo yihadista.
A este respecto, un informe de 2011 del Centro Antiterrorista Nacional del gobierno de Estados Unidos reconocía que "en casos donde la afiliación religiosa de las víctimas del terrorismo pueden ser determinadas, los musulmanes supusieron entre el 82% y el 97% de las víctimas relacionadas con el terrorismo de los últimos cinco años". Es decir, la población musulmana sufre en mayor medida el terrorismo yihadista.
También en el plano de la comunicación, Jordi Calvo, economista e investigador del Centro Delàs de Estudios por la Paz, considera que la sociedad puede adoptar un papel más proactivo que reactivo ante el terrorismo. "Nuestros mensajes tienen la capacidad de influir y cambiar el rumbo de los acontecimientos", dice a Verne. Desde su punto de vista, la sociedad puede reorientar el discurso del miedo hacia una perspectiva más humana, y pedir responsabilidades a sus gobernantes.
Artículo escrito por: Alvaro Llorca y Jaime Rubio Hancock
Publicado en: Verne
dijous, 24 de març del 2016
El Grupo Popular pide la retirada de los recursos contra leyes del Derecho Civil valenciano
La portavoz popular de Justicia, María José Ferrer San-Segundo, defiende el derecho civil valenciano y acabar con la penalización de unos territorios sobre otros
22. marzo. 2016.- La portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, ha anunciado hoy que ha presentado una Proposición No de Ley sobre la defensa del Derecho Civil Valenciano. En el texto se insta a Les Corts a que solicite al Gobierno de España la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra tres leyes dictadas en ejercicio de la competencia normativa en materia de Derecho Civil Valenciano: la ley de custodia compartida, la ley de régimen económico matrimonial valenciano y la de uniones de hecho.
Ferrer San-Segundo ha explicado en rueda de prensa tras la Junta de Síndics que “hay que acabar con ese modelo privilegiado que premia a unos territorios por encima de otros y que siempre castiga a los mismos. Estamos hablando de tres leyes vigentes y que tienen calado social cuya derogación aumentaría la litigiosidad”.
La diputada popular ha indicado que “el Grupo Popular solicita en la proposición que se inste al Gobierno de España, gobierne quien gobierne, a retirar con carácter urgente esos recursos de inconstitucionalidad. También solicitamos, en segundo lugar, que cualquier modificación o reforma de la Constitución tenga como premisa que la capacidad normativa de la Comunitat Valenciana no sea menor que la de otras comunidades autónomas. No se trata solo de recuperar un derecho histórico sino también de pensar en el futuro porque no hay ninguna razón para privar de este derecho a la Comunidad Valenciana”.
“Es momento de posicionarse a favor del derecho civil valenciano y acabar definitivamente con esa penalización. España tiene una deuda histórica con la Comunidad Valenciana, también en materia de derecho civil. No podemos ser los ‘pagafantas’ de España, porque España también tiene una deuda histórica con nosotros en materia de derecho Civil”, ha concluido Ferrer.
Fuente: ppcv.com
dimarts, 22 de març del 2016
«Gardez la frite»
Los belgas están mandando a través de redes sociales estas palabras algo cripticas de "Gardez la frite". Las patatas fritas son el plato más representativo de Bélgica y la expresión bruselense de "Conservar la patata frita" significa darse ánimos.
dilluns, 21 de març del 2016
dimecres, 16 de març del 2016
dilluns, 14 de març del 2016
divendres, 11 de març del 2016
dimarts, 8 de març del 2016
dilluns, 7 de març del 2016
divendres, 4 de març del 2016
dijous, 3 de març del 2016
dimecres, 2 de març del 2016
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