Este fin de semana se han a constituido los ayuntamientos valencianos y en días asistiremos a la sesión de investidura del president de la Generalitat. Lo haremos en un clima de normalidad institucional. En el que nadie ni ningún colectivo cuestionará la legitimidad de los alcaldes investidos por las votaciones plenarias. Hace cuatro años en el marco de una campaña de deslegitimación institucional se puso en cuestión las mayorías absolutas que no superaban el cincuenta por cien de los votos emitidos. De esta manera se señaló como ilegítimos a esos alcaldes, que electos por el pleno, en algunos casos sus amplias mayorías no sumaban la mistad más unos de los votos emitidos. Esta tesis fue llevada a extremos hilarantes en los que para reducir la percepción de los apoyos obtenidos se llegaban a computar los votos no emitidos de tal forma que el porcentaje se calculaba del total del censo. Alcanzando un extremo de absurdo al contar los votos de los que no habían votado. Al igual que sostener que aquellos que no votan una opción lo que están es votando en contra de la misma. Nadie cuestionará la legitimidad de la investidura de Puig candidato de un PSPV que obtuvo apenas un 20 % de los votos o de alcaldes que sus candidaturas alcanzaron porcentajes incluso inferiores al citado.
El verano pasado se tildó de oportunista la propuesta de elección directa de los alcaldes. Sin embargo tras las elecciones y las contradicciones surgidas en los pactos son muchos los ciudadanos que ahora reclaman una modificación en este sentido. La reforma del sistema electoral empieza a desaparecer de las agendas de las formaciones que ayer se veían perjudicadas por un sistema que hoy les aupa al poder. La reforma integral del modelo electoral es un debate presente socialmente y debe orientarse siempre hacia una mejora de la representatividad y de la percepción de la misma. La reforma electoral en todo caso se engloba en un ámbito más profundo que es el de las reformas a favor de la recuperación política y este pasa necesariamente no sólo por la adopción de medidas concretas sino por un funcionamiento que sea capaz de canalizar la participación y de involucrar en el funcionamiento institucional sin voluntad de deslegitimarlo y si por el contrario para mejorarlo.
Publicado en: Levante EMV
