dilluns, 27 d’abril del 2015

dimarts, 21 d’abril del 2015

La Diputación destina casi 4 millones a los Servicios Sociales Generales de 187 ayuntamientos


La corporación provincial dota de 3.950.000 euros al programa de Bienestar que beneficiará a 505.000 ciudadanos 

La Diputación de Valencia destina este año 3.950.000 euros para financiar las prestaciones básicas del sistema público de servicios sociales entre la corporación provincial y los ayuntamientos, mancomunidades y agrupaciones de municipios de la provincia. 

La Diputación ha aumentado la partida en 150.000 euros respecto al año anterior, según ha informado la diputada de Bienestar Social, Amparo Mora, quien ha dicho que se beneficiará a 505.000 ciudadanos de la provincia, que recibirán las prestaciones de sus ayuntamientos a través de los servicios sociales del propio consistorio, de la agrupación a la que pertenezca su municipio o de la mancomunidad en la que esté asociado. 

Amparo Mora ha explicado que desde el Área de Bienestar Social se ha tramitado este tema con la mayor celeridad, como todos los años, para que los ayuntamientos reciban esta ayuda lo antes posible”. 

La Diputación ha canalizado las ayudas en servicios sociales a los ayuntamientos desde 1983 para tener un análisis real de las necesidades de cada municipio y aplicar las medidas oportunas, que garanticen los derechos sociales de sus ciudadanos. 

En la Comisión informativa de Bienestar Social, la diputada Mora ha explicado que, además de esta importante partida, queda por asignar la concesión de ayudas para apoyo nutricional en época de vacaciones escolares, como se ha hecho en años anteriores, y aún habrá una cuantía suficiente para posible emergencia social. 

Programas incluidos en los Servicios Sociales Generales 

El importe destinado a estos programas se dirige a sufragar lo siguientes servicios. 
  • Prestaciones económicas de emergencia social que atiendan las necesidades básicas y urgentes para superar situaciones temporales de precariedad (gastos de vivienda habitual, alimentación o desarrollo personal de tercera edad). 
  • Servicio de información y asesoramiento sobre los derechos y recursos sociales existentes para la atención de las necesidades de la población. 
  • El servicio de ayuda a domicilio a personas y familias con dificultades para la realización de las actividades de la vida cotidiana. 
  • Ayudas a los clubes de convivencia de tercera edad para la realización de actividades 
  • Pago de los salarios y seguridad social de los profesionales del equipo municipal de Servicios Sociales Generales 
  • Mantenimiento de los centros sociales 
  • Ayudas para potenciar la participación social, el asociacionismo y el voluntariado, y 
  • Prevención e intervención social a través de proyectos que faciliten la promoción de las personas y colectivos más desfavorecidos. 


Fuente. DIVAL
 

Los nuevos ayuntamientos



Los ayuntamientos que saldrán de las próximas elecciones municipales poco tienen que ver con los de hace cuatro años. 

La nueva normativa nacional ha hecho que los municipios quebrados de 2011 y amenazados con la disolución por la Unión Europea estén hoy en situación de superávit. 

Este giro copernicano en las cuentas de los municipios, que aseguran su viabilidad futura, no ha sido fruto de la casualidad, tanto la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como la reforma local, han permitido que los mismos ayuntamientos que gastaron 39.000 millones de euros de más, en 2011, último año socialista, tengan ahora un superávit de 41.000 millones. 

Los ayuntamientos han hecho muchos esfuerzos. Han reducido sus plantillas a lo estrictamente necesario, han aplazado las inversiones que no eran urgentes, han saneado y simplificado la administración, eliminando más de mil entes públicos, haciéndola más accesible y útil para los ciudadanos. 

Puede resultar sorprendente pero hoy las entidades locales pagan antes que las empresas, la inmensa mayoría en menos de treinta días...y todo ello en una sola legislatura. 

Gracias a estos dos factores, esfuerzos y reformas, los ayuntamientos de toda España, y especialmente los de nuestra provincia, que durante 2011 soportaban con cortes de luz por impagos, retrasos en el abono de sus nóminas a trabajadores y largas colas de proveedores esperando a cobrar facturas, están ya hoy elevando su actividad, mejorando la prestación de sus servicios e incrementado las inversiones. 

Sólo en el último año, los ayuntamientos han duplicado su superávit, demostrando que la solidez de sus cuentas ha contribuido a equilibrar el déficit público, la senda de la recuperación.

Los nuevos ayuntamientos que nazcan el próximo 24 de mayo tendrán por primera vez estrictamente fijadas sus competencias, limitado por ley el sueldo de alcaldes y concejales, y establecidos límites para el número de concejales y de asesores con retribución para cada municipio. Aunque pueda parecer extraño, hasta la reforma local de Rajoy, un municipio por pequeño que fuera podía tener salarios y asesores ilimitados. 

Algunas entidades locales, como la Diputación de Castellón, anticiparon estos cambios menguado voluntariamente un 25% el salario de su presidente Moliner y acometiendo, con años de antelación, todos los cambios que se sustanciarán con las elecciones de mayo. 

Hoy nuestros ayuntamientos son más eficientes, solventes, están mejor dimensionados y prestan servicios de mayor calidad que hace cuatro años. 



Miguel Barrachina Ros Secretario General del Partido Popular de Castellón 
Publicado en: Castellón Diario

La FEEM rechaza la propuesta de Ciudadanos de suprimir Entidades Locales


La Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM) ha rechazado, una vez más, la propuesta que Ciudadanos ha hecho pública de suprimir todos los ayuntamientos de municipios y entidades locales menores de 5.000 habitantes del país. 

En un comunicado público, el presidente de la FEEM, Antonio Martín, ha lamentado que "es una propuesta tan brutal como la que se realizaba en el Anteproyecto de la Reforma Local". 

"Pretender que se solucionen los problemas económicos y de eficiencia local de todo el país suprimiendo los ayuntamientos más pequeños es como querer matar moscas a cañonazos", ha criticado Martín, "un error de bulto, un sinsentido y un ataque frontal a la autonomía local y a la idiosincrasia y riqueza de nuestros pueblos". 

"Además, no existe una razón económica que avale esta tesis, como lo demuestra el que el 98 % de los entes locales menores han rendido cuentas con superávit", ha reforzado Martín, en alusión a datos del Ministerio de Hacienda. 

Para Martín, "resulta desalentador que la excusa de la supresión sea, por ejemplo, la de compartir la gestión de cementerios o del alumbrado público, cuando eso ya se hace desde hace dos décadas con las mancomunidades de servicios, consorcios o empresas públicas provinciales". 

De igual modo, ha recordado que la filosofía de la UE es acercar la democracia a los ciudadanos que "es justo lo contrario de lo que propone" Ciudadanos, ha añadido. 

A su juicio, "una cosa son las propuestas lanzadas al aire y otra muy distinta la realidad de las entidades locales, desconocida totalmente para Ciudadanos que, según está demostrando, debería cambiarse el nombre". 

El presidente de la FEEM ha creído que "el problema de eficiencia no está en los pequeños ayuntamientos, ni en las entidades locales menores que, en su mayoría, no reciben las transferencias económicas que les corresponden, por lo que tampoco se les puede arrogar una responsabilidad así" y si en el Estado, Autonomías "y la cantidad de instituciones de gestión intermedia que se han creado absurdamente". 

"Lo que no se puede hacer es eliminar la administración que está más cerca del ciudadano y que vela, además, por la riqueza de la historia y las tradiciones locales, y en el caso de las zonas rurales por el arraigo de la población a ellas". 

Por ello, ha pedido que "los ciudadanos de estos municipios y entidades locales no voten" a esa formación como tampoco a UPyD que "plantea una media similar". 


Fuente: ABC

La reforma del régimen local


El régimen local es, desde luego, uno de los asuntos de mayor calado del Derecho Público y la teoría del Estado. Sobre todo porque la primera noción de lo general, de lo público, de lo común, que aprende cualquier persona, tras la experiencia familiar y escolar, es la local. En el espacio local se entra en relación con la dimensión pública y es el primer eslabón de la cadena administrativa y gubernamental con la que se encuentra el ciudadano, que en su expresión más cercana, se llama vecino. El laboratorio más fructífero de las reformas administrativas y gubernamentales siempre ha sido el local, también incuso para el diseño y construcción de las principales instituciones y categorías del derecho administrativo. 

España, que es un Estado descentralizado política y territorialmente, disfruta de una magnífica y amplia tradición de régimen local. En unos momentos, las autoridades locales dependieron del jefe político, en otras del gobernador civil, mientras que en otros momentos gozaron de autonomía para la gestión y administración de sus intereses propios. Autonomía que, al menos desde la Constitución de 1978, no es sólo administrativa, sino esencialmente política. El hecho de que no aparezcan las Entidades locales en el artículo 2 de la Constitución en modo alguno supone la negación de la autonomía política. La tienen sencillamente porque representan intereses públicos y sus regidores son elegidos por el pueblo. Son también, por ello, auténticos gobiernos que dirigen las correspondientes administraciones. Lamentablemente, nuestra Constitución no estableció, como otras del mundo comparado, un listado de competencias concreto y específico. Se prefirió dejar la regulación de los asuntos a las Cortes Generales y los temas específicos a las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. 

La actual regulación data de 1985 y está obsoleta en bastantes de sus aspectos básicos. Sobre todo porque entonces se prefirió seguir la tradición centralizadora francesa, que se impuso precisamente en las Cortes de Cádiz y que a día de hoy es la principal causa del ajuste estructural de los Entes locales. En este sentido, la estructura organizativa de estos Entes sigue un patrón común se tengan muchos o pocos habitantes. Y en 2003, además, se decidió aumentar exponencialmente las estructuras de gobierno locales a través de la instauración de un complejo régimen de altos cargos que ha terminado por complicar la propia gestión y administración de los espacios locales. 

El Gobierno aprobó una reforma de la ley de 1985 no hace mucho tiempo que persigue clarificar las competencias locales, simplificar la estructuras públicas locales, mejorar la gestión de estas instituciones, profundizar en los sistemas de control y aplicar el principio de estabilidad y equilibrio presupuestario. Sin embargo, tal reforma se ha quedado en aspectos hacendísticos y económicos amenazando incluso asuntos tan relevantes como la misma autonomía de la que constitucionalmente disfrutan los Entes locales. 

La Ley de 1985 parte de presupuestos del pasado y trabajó sobre la idea de Corporaciones de neta naturaleza administrativa. Lo razonable es aprovechar la necesaria reforma de la Constitución y diseñar un sistema competencial entre los tres poderes públicos: Estado, Autonomías y Entes locales, que permita un ejercicio de las competencias más razonable. 




Autor: Jaime Rodríguez Arana
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña
Publicado en: El Correo Gallego
Blog personal del autor: rodriguezarana.com