Partit Popular Atzeneta d'Albaida: de febrer 2016

dilluns, 29 de febrer del 2016

El PP NO VOTARA un acuerdo malo para España

¿Para qué sirven las diputaciones? Un botín político de casi 26.000 millones

El futuro de las diputaciones provinciales está en el punto de mira del pacto PSOE-C's. Sin embargo, lo que proponen ya existe, y no ataca la inflación de entes locales

El alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero. (EFE)

Recordaba hace algún tiempo el catedrático Sosa Wagner que ya en las 'Sonatas' de Valle-Inclán el marqués de Bradomín -”feo, católico y sentimental”- se preguntaba para que servían las diputaciones provinciales.

La pregunta, decía con sorna el exeurodiputado de UPyD, continúa viva un siglo después. Solo hay una certeza: hoy representan una potente estructura burocrática que en 2015 habrán manejado unos presupuestos superiores a los 25.800 millones de euros, incluyendo las forales, los cabildos y las de régimen común.

Y lo que probablemente sea más significativo. Su capacidad de influencia política a nivel local (controlando los alcaldes de los pequeños municipios) es determinante. No en vano, gestionan fondos -y subvenciones- que afectan de forma directa a miles de pequeños municipios sin capacidad financiera. Son, por lo tanto, instrumentos clave en el reparto del poder y del empleo público. Y eso es lo que puede explicar que un siglo después la pregunta del marqués de Bradomín continúe sin respuesta.

Ahora lo que han propuesto el Partido Socialista y Ciudadanos es, simple y llanamente, su supresión. Pero con una salvedad. Plantean crear una especie de consejos provinciales de alcaldes con el objetivo de coordinar las políticas locales. Apostando, además, por potenciar las mancomunidades municipales. Ninguna de las dos propuestas es nueva. Son, como dicen en Andalucía, más viejas que el café 'migao'.

Los consejos de alcaldes, con una función meramente consultiva, ya existen en algunas provincias. De la misma manera, las mancomunidades son hoy una realidad generalizada en todo el territorio nacional. Hasta el punto de que en estos momentos hay censadas 1.023 mancomunidades en el conjunto del país. Tan solo en Castilla y León, cuna del municipalismo desde los lejanos tiempos de Brañosera (Palencia), hay registradas 244 mancomunidades, lo que significa que esa función de coordinación y prestación de los servicios sociales básicos (alcantarillado, servicios sociales o recogida de basuras) ya existe. Y es que la inflación de entidades locales es tal que hoy, según datos del Ministerio de Hacienda, existen 13.023 unidades territoriales de ámbito local, de las que 8.112 son ayuntamientos.

Es por eso que sorprende la idea de crear nuevos instrumentos de coordinación de las políticas locales, cuando, precisamente, lo que sobran son entidades locales, algunas verdaderamente inviables. Y es que el debate sobre el número de municipios españoles parece haber pasado a mejor vida. Qué tiempos cuando Rivera sostenía que había que reducir el número de municipios de 8.000 a 1.000.

Esta solución -la creación de nuevos instrumentos de coordinación que sustituyan a las diputaciones provinciales- puede tener mucho que ver con un asunto de mucho mayor calado político que se obvia en el pacto PSOE-C's, y que hay que relacionar con el hecho de que las comunidades autónomas puedan asumir sus competencias, lo cual podría alterar el equilibrio de poderes en muchas regiones en las que el poder autonómico es de un partido y el provincial, de otro.

Gestión sin titularidad

Y es que el papel de las diputaciones es tan extraño en términos constitucionales (son muy anteriores a las comunidades autónomas) que uno de sus problemas esenciales tiene que ver con las competencias que prestan sin que la titularidad de las mismas les corresponda. Es decir, son administradoras de recursos ajenos. Este extremo tiene su fundamento legal en una Disposición Transitoria de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Muchas carreteras provinciales, hospitales psiquiátricos o residencias universitarias están en estas circunstancias.

Ese poder 'delegado' es el que hace extraño el papel de las diputaciones, una antigualla del pasado que la Constitución dio carta de naturaleza. Sin duda, porque la Carta Magna consolidó el papel de la provincia (artículo 137) pese a que el constituyente también puso las bases del Estado autonómico.

Esta aparente contradicción (la causa de muchas duplicidades y de los conflictos entre los entes locales y los autonómicos) es la que no aborda la reforma constitucional que proponen PSOE y Ciudadanos. Algo que es verdaderamente singular si se tiene en cuenta que también la existencia de la provincia (un mandato constitucional) está en el origen del sistema electoral español, con un claro sesgo en favor de los núcleos de población más pequeños. Es decir, se quiere acabar con la provincia como entidad gestora de los recursos públicos, pero no se aborda su función electoral, cuando los dos partidos han prometido cambios.

Artículo de: Carlos Sánchez

Publicado en: El Confidencial

PSOE y Cs liquidan la reforma que iba a ahorrar 3.441 millones en los ayuntamientos

Con la ley de racionalización de la Administración local que socialistas y riveristas quieren derogar, los ayuntamientos son el único rincón del Estado con estabilidad presupuestaria

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, después de firmar el acuerdo. (Reuters)

El acuerdo “para un Gobierno reformista y de progreso” firmado por Pedro Sánchez y Albert Rivera no solo incluye la idea de suprimir las diputaciones provinciales y la reforma laboral, también incluye otro punto que afecta a la estabilidad institucional y económica del Estado: el compromiso de liquidar la reforma local que ha convertido a los ayuntamientos en la única Administración en equilibrio presupuestario, incluso en superávit. Es un plan que tiene que ahorrar al erario 3.441 millones de euros entre 2014 y 2020.

Desde el pasado año, al menos hasta la llegada al poder en algunas grandes capitales como Madrid o Barcelona de las 'alcaldías del cambio', los gobiernos municipales se habían convertido en el único sector de la Administración que no gastaba más de lo que ingresaba vía impuestos directos o aportaciones de la Administración central. El superávit final para el ejercicio de 2015 estaba previsto en un 0,4.

El cambio en el panorama que en 2011 ofrecían los ayuntamientos al borde de la quiebra (con Madrid a la cabeza) y la autonomía plena para fijar sueldos, nombrar asesores y convocar plazas de funcionarios, más la proliferación de las empresas públicas y concertadas, se debe a la entrada en vigor en 2013 de la “ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local”.

El Gobierno de Mariano Rajoy consiguió sacar la reforma adelante gracias a su mayoría absoluta y después de más de un año de complicadas negociaciones internas con el PP por la resistencia de sus representantes en el mundo local a admitir la pérdida de poder, competencias, salarios y plantillas. Al final, se aplicó un recorte menor del propuesto en principio desde el Ministerio de Hacienda que encabeza Cristóbal Montoro, pero que ha tenido un efecto inmediato sobre la estabilidad presupuestaria de los ayuntamientos. Por primera vez se establecieron baremos a la hora de fijar sueldos a los alcaldes (Madrid y Barcelona duplicaban el del presidente del Gobierno), se limitaron los cupos de nombramientos de personal de libre designación, el número de concejales 'liberados' (con sueldo y plena dedicación) y se eliminaron hasta 1.200 organismos, empresas públicas, consorcios, entes y demás fórmulas que los gobiernos municipales controlaban.

La reforma local estaba ahora pendiente de encajar con la reforma de la financiación autonómica, aplazada desde final de la pasada legislatura. Y la decisión de reforzar las competencias en servicios públicos de las diputaciones era obligada para lograr un mayor ahorro en el mantenimiento de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes sin poner en peligro las prestaciones que reciben los ciudadanos.

De acuerdo con la última actualización de la memoria económica correspondiente al programa de estabilidad del Reino de España 2015-2018 (el que se presenta en Bruselas), la cifra de ahorro prevista por la vigencia de la reforma local ascendía a los 3.441 millones de euros entre 2014 y 2020. La etapa de mayor ajuste es la que toca este año, cuyo importe llega a los 1.373 millones.

El acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Albert Rivera incluye el compromiso de “derogar las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local”. Socialistas y riveristas esgrimen la intención de “asegurar la autonomía local” y, al tiempo, “sin comprometer la estabilidad presupuestaria”. También defienden “la fusión voluntaria de municipios”.

Artículo escrito por: Ángel Collado

Publicado en: El Confidencial

Diputaciones provinciales: quién gobierna, qué son, cuánto cuestan y para qué sirven

Rubalcaba ya propuso sustituir estos órganos administrativos por Consejos de Alcaldes en 2011, pero tuvo que aparcar la propuesta por la resistencia interna en su partido

Las diputaciones provinciales son las grandes desconocidas para muchos ciudadanos, sobre todo para aquellos que viven en comunidades uniprovinciales, donde ni siquiera existe ese órgano administrativo. Previstas en la Constitución, tienen un presupuesto de unos 5.971 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda de 2015. Ese presupuesto se dispara hasta los 20.000 millones si se suman los de las tres diputaciones forales vascas.

En 2013, la deuda de las diputaciones provinciales llegaba a 6.979 millones de euros, frente a los 5.392 millones de 2007., un 23 por ciento más desde el inicio de la crisis. Entre el 30 y el 50 por ciento de su gasto va destinado al capítulo de personal, y otro 25 por ciento aproximadamente es gasto corriente.

En las diputaciones, cabildos y consejos insulares trabajan 59.326 personas, de acuerdo al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De ellos, 27.812 son funcionarios y los otros 31.514 personal contratado. En total, en toda España hay 1.040 diputados en este tipo de instituciones.

Entre sus funciones, seguramente si se pregunta en la calle la mayoría que sepa qué son exactamente contestará que sirven para auxiliar a los municipios pequeños. Sus competencias se vieron reducidas según fueron ganando terreno las comunidades autónomas.

Desde que estalló la crisis, las diputaciones han estado en el punto de mira, no solo por su presupuesto y su deuda creciente, sino por la necesidad de simplificar los niveles administrativos en España, que en algunos provincias se acercan a la decena. Entre los partidarios de su supresión se encuentra Ciudadanos, pero también el PSOE de Rubalcaba, y ahora el de Pedro Sánchez. El PP, en cambio, se ha opuesto a su eliminación, ya que entiende que prestan unos servicios insustituibles en muchos municipios pequeños de España.

Ya en 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba propuso sustituir las diputaciones por consejos de alcaldes, exactamente lo mismo que ha hecho ahora Pedro Sánchez. Rubalcaba sostuvo que no hacía faltar cambiar la Constitución, ya que esta dice que «el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo». Por tanto, los consejos de alcaldes sustituirían sin más a las diputaciones. El líder socialista encontró una fuerte resistencia interna, sobre todo en Andalucía y Extremadura, y la propuesta se metió en un cajón.

Entre los retractores, se sostiene que son instituciones perfectas para tejer redes clientelares, y se sostiene que la opacidad de muchas de sus actuaciones y subvenciones son otro argumento para su reforma o desaparición. Entre sus defensores se pone el acento en el auxilio a miles de municipios en toda España, que sin las diputaciones no tendrían capacidad de prestar muchos servicios.

El mapa de estos gobiernos locales intermedios quedó configurado del siguiente modo tras las elecciones de 2015: 17 diputaciones provinciales están presididas por el PSOE; 16 por el Partido Popular; las cuatro catalanas por CDC y una, la de Teruel, por el PAR.

Un poco de historia

Las diputaciones provinciales existen en España desde 1836 y son, según la Constitución (artículo 141.2), el órgano de gobierno y de administración de las provincias. En España hay 38 diputaciones provinciales, y tres diputaciones forales. No todas las provincias, como se ve, tienen diputaciones. Las comunidades uniprovinciales no tienen diputación, porque sus competencias las asume la Comunidad Autónoma, como ocurre en Madrid o Murcia. En las islas tampoco existen, ya que al frente de cada isla o agrupación de islas hay un consejo insular en Baleares, y un cabildo insular en Canarias.

Además, en las provincias y territorios históricos del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), el órgano de gobierno y administración es la diputación foral. A diferencia de las diputaciones provinciales, son órganos de elección directa. Previsiblemente, estas tres diputaciones forales quedarían fuera del posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos.

Hablamos, por tanto, de 38 diputaciones provinciales. La elección de sus diputados está regulada en la Ley Orgánica de 1985, del Régimen Electoral General. Las diputaciones son órganos de elección indirecta, y su composición se establece a partir de los resultados de las elecciones locales. El número de diputados provinciales se establece a partir del número de habitantes de cada provincia. Van desde los 25 para provincias que tengan hasta 500.000 residentes, hasta los 51 para que las mayores, con 3,5 millones o más.

El sistema de composición es así: una vez elegidos los ayuntamientos, los escaños de las diputaciones provinciales se reparten, por cada partido judicial, según la ley D'Hondt, entre aquellos partidos que han obtenido algún concejal en cada partido judicial y según el número de votos conseguido por cada uno de ellos. Los diputados son elegidos por y entre los concejales elegidos en cada partido judicial.

Según la ley Electoral, en todas las diputaciones existe un presidente, los vicepresidentes, la junta de Gobierno y el pleno. Sus competencias se detallan en el artículo 36: entre otras, la coordinación de servicios municipales, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de los municipios, especialmente los pequeños, la prestación de servicios de carácter supramunicipal, el fomento del desarrollo económico y social, recaudación tributaria, la administración electrónica, el desarrollo de infraestructuras y actividades culturales y de ocio.

Fuente: ABC