Rubalcaba ya propuso sustituir estos órganos administrativos por Consejos de Alcaldes en 2011, pero tuvo que aparcar la propuesta por la resistencia interna en su partido
Las diputaciones provinciales son las grandes desconocidas para muchos ciudadanos, sobre todo para aquellos que viven en comunidades uniprovinciales, donde ni siquiera existe ese órgano administrativo. Previstas en la Constitución, tienen un presupuesto de unos 5.971 millones de euros, según datos del Ministerio de Hacienda de 2015. Ese presupuesto se dispara hasta los 20.000 millones si se suman los de las tres diputaciones forales vascas.
En 2013, la deuda de las diputaciones provinciales llegaba a 6.979 millones de euros, frente a los 5.392 millones de 2007., un 23 por ciento más desde el inicio de la crisis. Entre el 30 y el 50 por ciento de su gasto va destinado al capítulo de personal, y otro 25 por ciento aproximadamente es gasto corriente.
En las diputaciones, cabildos y consejos insulares trabajan 59.326 personas, de acuerdo al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. De ellos, 27.812 son funcionarios y los otros 31.514 personal contratado. En total, en toda España hay 1.040 diputados en este tipo de instituciones.
Entre sus funciones, seguramente si se pregunta en la calle la mayoría que sepa qué son exactamente contestará que sirven para auxiliar a los municipios pequeños. Sus competencias se vieron reducidas según fueron ganando terreno las comunidades autónomas.
Desde que estalló la crisis, las diputaciones han estado en el punto de mira, no solo por su presupuesto y su deuda creciente, sino por la necesidad de simplificar los niveles administrativos en España, que en algunos provincias se acercan a la decena. Entre los partidarios de su supresión se encuentra Ciudadanos, pero también el PSOE de Rubalcaba, y ahora el de Pedro Sánchez. El PP, en cambio, se ha opuesto a su eliminación, ya que entiende que prestan unos servicios insustituibles en muchos municipios pequeños de España.
Ya en 2011, Alfredo Pérez Rubalcaba propuso sustituir las diputaciones por consejos de alcaldes, exactamente lo mismo que ha hecho ahora Pedro Sánchez. Rubalcaba sostuvo que no hacía faltar cambiar la Constitución, ya que esta dice que «el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo». Por tanto, los consejos de alcaldes sustituirían sin más a las diputaciones. El líder socialista encontró una fuerte resistencia interna, sobre todo en Andalucía y Extremadura, y la propuesta se metió en un cajón.
Entre los retractores, se sostiene que son instituciones perfectas para tejer redes clientelares, y se sostiene que la opacidad de muchas de sus actuaciones y subvenciones son otro argumento para su reforma o desaparición. Entre sus defensores se pone el acento en el auxilio a miles de municipios en toda España, que sin las diputaciones no tendrían capacidad de prestar muchos servicios.
El mapa de estos gobiernos locales intermedios quedó configurado del siguiente modo tras las elecciones de 2015: 17 diputaciones provinciales están presididas por el PSOE; 16 por el Partido Popular; las cuatro catalanas por CDC y una, la de Teruel, por el PAR.
Un poco de historia
Las diputaciones provinciales existen en España desde 1836 y son, según la Constitución (artículo 141.2), el órgano de gobierno y de administración de las provincias. En España hay 38 diputaciones provinciales, y tres diputaciones forales. No todas las provincias, como se ve, tienen diputaciones. Las comunidades uniprovinciales no tienen diputación, porque sus competencias las asume la Comunidad Autónoma, como ocurre en Madrid o Murcia. En las islas tampoco existen, ya que al frente de cada isla o agrupación de islas hay un consejo insular en Baleares, y un cabildo insular en Canarias.
Además, en las provincias y territorios históricos del País Vasco (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya), el órgano de gobierno y administración es la diputación foral. A diferencia de las diputaciones provinciales, son órganos de elección directa. Previsiblemente, estas tres diputaciones forales quedarían fuera del posible acuerdo entre PSOE y Ciudadanos.
Hablamos, por tanto, de 38 diputaciones provinciales. La elección de sus diputados está regulada en la Ley Orgánica de 1985, del Régimen Electoral General. Las diputaciones son órganos de elección indirecta, y su composición se establece a partir de los resultados de las elecciones locales. El número de diputados provinciales se establece a partir del número de habitantes de cada provincia. Van desde los 25 para provincias que tengan hasta 500.000 residentes, hasta los 51 para que las mayores, con 3,5 millones o más.
El sistema de composición es así: una vez elegidos los ayuntamientos, los escaños de las diputaciones provinciales se reparten, por cada partido judicial, según la ley D'Hondt, entre aquellos partidos que han obtenido algún concejal en cada partido judicial y según el número de votos conseguido por cada uno de ellos. Los diputados son elegidos por y entre los concejales elegidos en cada partido judicial.
Según la ley Electoral, en todas las diputaciones existe un presidente, los vicepresidentes, la junta de Gobierno y el pleno. Sus competencias se detallan en el artículo 36: entre otras, la coordinación de servicios municipales, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de los municipios, especialmente los pequeños, la prestación de servicios de carácter supramunicipal, el fomento del desarrollo económico y social, recaudación tributaria, la administración electrónica, el desarrollo de infraestructuras y actividades culturales y de ocio.
Fuente: ABC
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