Los grandes partidos empiezan a discutir medidas éticas y de transparencia
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| La estatua de Jordi Pujol que se levantaba en Premià de Dalt (Barcelona) amaneció derribada el pasado 21 de octubre. |
Son capaces los partidos de regenerarse a sí mismos y al sistema sin que medie una catástrofe electoral? La pregunta lleva años enunciada, sobrevolando la escena política española, pero es ahora, en momentos de convulsión y catarsis, cuando está siendo puesta a prueba. Desde que han tocado a rebato, particularmente tras los pasados comicios europeos, las grandes formaciones anuncian medidas de
regeneración democrática que puedan actuar de cortafuegos ante la oleada de indignación y desafección levantada en la sociedad. ¿Se quedarán en la cosmética de las apariencias y el lavado de cara o llegarán al fondo de la cuestión?
“Saben que tienen que hacer algo. El impacto de la crisis ha hecho que la gente caiga en la cuenta de que ‘el rey (las instituciones) está desnudo’ y perciba que por impotencia, insolvencia o puro clientelismo los que regentan las instituciones van a lo suyo, se conchaban entre ellos, incumplen las leyes, burlan los controles y nos engañan”. Lo dice el exdiputado socialista y catedrático de Filosofía Política en la Universidad de Cádiz Ramón Vargas Machuca y lo suscribiría de corrido buena parte de la opinión pública. La oferta regeneradora tropieza con la dificultad primera de la falta de credibilidad y el obstáculo mayor de que el objetivo requiere que los mismos partidos promotores se recorten sus propias alas y tentáculos.
Los españoles estaríamos pagando ahora el error en el que incurrieron nuestros legisladores durante la Transición cuando fiaron el funcionamiento del sistema a la capacidad de autorregulación de las formaciones políticas. En su libro póstumo Corrupción y política, el periodista Javier Pradera nos advierte de que estamos pagando también el error de no habernos dado cuenta en su día de que aquello que en las décadas de los ochenta y noventa parecían “las andanzas de una serie de pillos” era, en realidad, un rasgo casi sistémico.
“En el marco institucional de la democracia española prima la búsqueda de la gobernabilidad sobre la garantía de representatividad, aunque, en la práctica, eso no garantiza que los Gobiernos sean eficaces”, se afirma en el
estudio sobre la integridad política institucional en España, llevada a cabo en 2012 por
Transparencia Internacional a cargo del proyecto ENIS, financiado por la Comisión Europea. Según ese informe, en el que participaron miembros de la judicatura, la universidad, la política y las fuerzas de seguridad, el sistema político español estaría caracterizado por el presidencialismo, los gobiernos monocolor, el bipartidismo imperfecto, la primacía del Ejecutivo sobre el Legislativo y la capacidad de los líderes de decidir los componentes del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, los Ombudsman, el Banco Central, la Junta de Energía Nuclear, los Organismos Reguladores y la Fiscalía General del Estado, entre otros, además de influir en el nombramiento de la cúpula del Poder Judicial.
“Los partidos han ido colonizando poco a poco las instituciones y eso ha anulado la indispensable rendición de cuentas a la sociedad. A la falta de controles efectivos, se ha sumado la brutal opacidad de nuestro modelo que les permite no dar explicaciones y actuar con impunidad”, sostiene Manuel Villoria, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Juan Carlos I de Madrid e investigador principal del estudio.
“Sacad vuestras manos de los órganos reguladores, dejad respirar a la democracia”, ese viene a ser el mensaje. El informe confirma la tendencia española a la partitocracia, una deformación del sistema democrático en el que las oligarquías dirigentes se erigen en actores únicos de la soberanía nacional y tienden al control efectivo de todas las instituciones del Estado. La alternancia regular en el poder, la escasa predisposición a los pactos de Estado —compatible, por lo visto, con el reparto alícuota en el control de los organismos públicos— y la beligerancia dialéctica permanente entre las respectivas siglas serían algunas de sus características. ¿España está a tiempo de soslayar el peligro de la partidocracia?
“Tenemos dos salidas falsas y una acertada”, indica Ramón Vargas Machuca. “La más comprensible y recurrente en estos casos es la antisistema. Aciertan al subrayar las metáforas más hirientes de lo que está ocurriendo, pero proponen una respuesta imposible y nada nueva. La segunda salida falsa es la populista. Algunos de los culpables del despilfarro, la corrupción y el desmantelamiento de los servicios públicos se envuelven en su particular enseña nacional y culpan a otros para huir de la quema”, señala el catedrático de Filosofía Política.
En su opinión, la única vía posible es la aplicación de controles institucionales que impidan la impunidad, la arbitrariedad, las corruptelas, los engaños y la inseguridad jurídica. “Empezaré a creer en su oferta de regeneración cuando se garantice por ley el funcionamiento democrático de los partidos y la transparencia de su financiación, cuando me hagan creer que el Tribunal de Cuentas sirve para fiscalizar y no tanto para proporcionar canonjías a los cesantes de los partidos y un puesto a los parientes”, subraya Vargas Machuca.
Tras evaluar la ley de transparencia y las medidas dirigidas a reducir el número de aforados, prohibir que los bancos les condonen deudas, apartar a los políticos convocados a juicio oral, restringir las donaciones de las empresas y crear el estatuto del alto cargo, que el Gobierno plantea actualmente en busca de consenso parlamentario, Manuel Villoria ha llegado a la conclusión de que la oferta regeneradora se está quedando a medio camino. “Hay avances en el proyecto de ley de financiación, porque se establecen sanciones y se incluye la responsabilidad de los partidos en el Código Penal, pero no se resuelve la independencia del Tribunal de Cuentas, ni se modifica la elección del Tribunal Constitucional. En el PP, se oponen a las elecciones primarias internas. Su idea es gobernar el partido con mano de hierro”, señala.
¿Qué medidas consideran imprescindibles? Además de un gran pacto nacional de lucha contra la corrupción que implique al Gobierno, partidos, ONG, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación, el estudio pone el acento en la necesidad de modificar la normativa de financiación de los partidos, de forma que queden obligados legalmente a hacer públicas sus cuentas de manera detallada y sometidos a la supervisión de un organismo independiente.
La experiencia muestra que, lejos de ser intolerantes con las corruptelas domésticas, los partidos han tendido a respaldar a los suyos cuando han sido pillados en falta. En el país de los Gürtel, Bárcenas, Filesa, Naseiro, Pallerols, Palma Arena, Nóos, Palau de la Música, Pujol, Malaya, ERE fraudulentos… no ha habido sanciones por incumplimiento de la normativa de financiación. Y es que el Tribunal de Cuentas, supremo órgano fiscalizador de las cuentas del Estado, se ha revelado ineficaz. “Los dos grandes partidos no podían permitir que un órgano de esta importancia quedara fuera de su control. La lucha contra la corrupción en España se juega esencialmente en el ámbito de los dos grandes partidos nacionales y de los tres grandes regionales: CIU, PNV y CC”, se apunta en el informe. De ahí, quizás, que subrayen la necesidad de impulsar la democracia interna en los partidos. “Deben comprometerse públicamente a no incluir en sus listas a personas procesadas por corrupción y aplicar elecciones primarias”, indican. Dentro de la batería de medidas que recomiendan, hasta 44, la despolitización de los órganos superiores del poder judicial ocupa un lugar central. “La politización en los nombramientos del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas es un grave problema para la integridad del sistema y para la legitimidad de los propios órganos”, señalan, aunque a renglón seguido admiten que la solución no es fácil. Evitar la reelección de los integrantes de estas instituciones y hacer que los miembros del Consejo General del Poder Judicial sean nombrados por sorteo entre magistrados cualificados y abogados y juristas de reconocido prestigio y sometidos, posteriormente, a una entrevista pública selectiva en el Congreso y el Senado es una de las fórmulas que plantean.
Otra medida aboga también porque la Fiscalía refuerce su independencia y proteja, muy particularmente, la de aquellos elementos policiales destinados a la lucha contra la corrupción para que no puedan ser cesados de forma injustificada.
La creación de una dirección pública profesional que reduzca significativamente la posibilidad de nombramientos y ceses discrecionales en la Administración Pública es otra cuestión capital. “Hay que garantizar la calidad de los nombramientos. Es imprescindible eliminar la libre designación como instrumento de nombramiento y cese en la Administración Pública”. Los partidos necesitan ahora recolocar a multitud de militantes liberados que dependen profesionalmente del triunfo de sus siglas. A diferencia de otros países europeos, donde la alternancia conlleva cambios mínimos en la alta dirección, en España el cambio de gobierno ya sea municipal, provincial, autonómico o central acarrea el desembarco de militantes o simpatizantes del partido ganador. Una inspección somera muestra, además, que tanto en el Tribunal de Cuentas como en empresas públicas y semipúblicas abundan los directivos vinculados familiarmente con dirigentes políticos. Eso, pese a que está demostrado que las Administraciones más proclives a las prácticas corruptas son aquellas que tienen un mayor número de empleados deudores de un nombramiento político. La fidelidad prima ahí sobre la excelencia profesional.
“Tenemos un modelo diferente del anglosajón en el que la dirección de la Administración está profesionalizada y no dependiente de las órdenes directas del político. Aquí, el ministro, además de definir la política del ministerio, que sería lo suyo, ejerce como jefe de la Administración, lo que facilita que los asuntos administrativos tiendan a politizarse y los problemas internos a encubrirse”, indica José Víctor Sevilla, ex secretario de Estado de Hacienda y ex secretario general del Instituto de Estudios Fiscales. Considerado uno de los máximos expertos en financiación pública, Víctor Sevilla destaca como segundo elemento distintivo de nuestro modelo la potestad de nombramiento discrecional en los altos cargos de la Administración. Esa facultad se ejerce sin más cortapisa que la necesidad de que los cargos inferiores a subsecretario tengan la condición de funcionarios. “Conlleva el problema de que la dirección política acostumbra a manejar perspectivas y plazos diferentes de los de la propia Administración y, a veces, relega al ostracismo a buenos funcionarios no afines. Mientras los políticos operan con una perspectiva de cuatro años, la que media entre elección y elección, la Administración trabaja o debería trabajar más a medio plazo puesto que la continuidad es clave en su tarea”, afirma José Víctor Sevilla.
Establecido que un partido democrático no puede contemporizar con la corrupción ni tratar de confundirse con el Estado sin traicionarse a sí mismo, la disyuntiva de las grandes formaciones es reformarse antes de que el descrédito mine sus cimientos y queden desbordados por el populismo y el antisistema.
“Tienen que ceder parte del poder a la sociedad, abrir puertas y ventanas, atajar la corrupción”, resume Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. Según Ramón Vargas Machuca, el precio a pagar hoy por los partidos es “el desapoderamiento, su sujeción a los controles jurídicos y democráticos”. Dice que tendrían que hacer como Ulises, amarrarse al mástil de la regeneración democrática para evitar que los cantos de sirena de la corrupción y el ansia de poder les lleven a conducir el barco de la democracia contra las rocas.
Autor: José Luis Barberia
