divendres, 29 d’agost del 2014

La Diputación invertirá 523.200 euros en mejorar la iluminación de edificios públicos en la comarca de la Vall d’ Albaida


La corporación provincial subvenciona el 80% del presupuesto de la adquisición de artículos de iluminación tecnológica LED en la provincia de Valencia



La Diputación de Valencia invertirá 523.200 euros en el ahorro en energía y gasto corriente de los ayuntamientos de la Vall d’ Albaida mediante una nueva línea de subvención para la adquisición de artículos de iluminación tecnológica LED. 

Con esta iniciativa, la corporación provincial financia el 80% del importe total de los costes de cada municipio. En este caso al costar 654.000 euros, la Diputación inyectará 523.200 euros. Por su parte, el ayuntamiento hace frente al 20% restante, 130.800 euros. 

La finalidad de estas subvenciones es aumentar el ahorro energético y al mismo tiempo reducir la contaminación lumínica. Para ello, la corporación provincial puso en marcha el Plan de Eficiencia Energética en Edificios Municipales y el Plan de Eficiencia Energética en Alumbrado Público. 

Con estas nuevas ayudas, la entidad provincial completa un cuadro de actuaciones integrales que favorecen el ahorro energético y la mejora de la eficiencia energética en los edificios públicos de las entidades locales de la provincia de Valencia. 

Así, podrán ser beneficiarios de estas ayudas los municipios de la provincia que adquieran los siguientes artículos de iluminación tecnológica LED para edificios públicos: Tubos LED, bombillas LED, Dicroicas LED, que pueden ser bombillas dicroicas o transformadores para Dicroicas GU5.3, Downlights LED, paneles LED, campanas LED y proyectores LED. 

Ayudas 

La cuantía de la ayuda estará determinada por los siguientes baremos poblacionales: Los municipios de hasta 500 habitantes recibirán 4.800 euros; los de 501 vecinos y hasta 1.000 obtendrán 8.000 euros; las localidades desde 1.001 habitantes y hasta 3.000, 16.000 euros; los municipios desde 3.001 habitantes y hasta 5.000 recibirán 20.000 euros; las poblaciones con 5.001 habitantes y hasta 10.000, 40.000 euros, los municipios desde 10.001 vecinos y hasta 20.000, 80.000 euros y, por último, los municipios de más de 20.000, excepto la ciudad de Valencia, recibirán 120.000 euros. 

Por ello, Aielo de Rugat, Bellús, Beniatjar, Benissoda, Bufali, Carrícola, Guadasséquies, Otos, Pinet, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig recibirán hasta 4.800 euros por parte de la diputación provincial. Bèlgida, Benicolet, Montixelvo y el Palomar podrán obtener hasta 8.000 euros para realizar los cambios de bombillas. Mientras que los municipios de Agullent, Aielo de Malferit, Alfarrasí, Atzeneta d’ Albaida, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Lutxent, Montaverner y la Pobla del Duc serán subvencionados con hasta 16.000 euros. Mientras que Bocairent podrá obtener hasta 20.000 euros. L’ Olleria y Albaida recibirán hasta 40.000 y Ontinyent podrá percibir hasta 120.000 euros.



dijous, 28 d’agost del 2014

El PP apela a Suárez para justificar su reforma electoral


Presentó un proyecto de ley que preveía 
la designación automática del cabeza de lista 

Los 'populares' recuerdan que en 1998 los socialistas 
también plantearon un cambio 

"En varios países de nuestro entorno, 
como Francia y Portugal, ya se contempla"


El PP invoca a la Constitución y el legado político del ex presidente Adolfo Suárez para argumentar la decisión de Mariano Rajoy de aprobar y comenzar a aplicar una reforma electoral que permita gobernar en los ayuntamientos a la lista más votada, aunque no obtenga el respaldo del principal partido de la oposición. 

El borrador de moción que el PP ha remitido a sus grupos municipales manifiesta que la Carta Magna ya contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos directamente por los vecinos y rememora que, en 1978, Suárez presentó un proyecto de ley de elecciones locales donde se preveía «la designación automática como alcalde del cabeza de lista de la candidatura más votada». No fue finalmente aprobado, puntualizan en el texto, pero «lo cierto es que en varios países de nuestro entorno, como Francia y Portugal, se contempla». 

Los populares apelan al artículo 140 de la Constitución para apuntar también que ya se prevé que los alcaldes «serán elegidos por los concejales o por los vecinos». Y recuerdan que en 1998 el Grupo Parlamentario Socialista planteó una proposición de ley orgánica para modificar la situación actual -donde la suma de otras opciones puede desplazar al candidato con más votos-, en la que proponía cambios sustanciales como «el establecimiento de una prima electoral para el grupo del alcalde ganador o una segunda vuelta». 

La iniciativa caducó porque se disolvió la Cámara, señalan. Pero -apunta la moción- el PSOE incluyó la elección directa del primer edil en el programa electoral de 2004. «De hecho», indica «fue la propuesta estrella al inicio de la redacción del Libro Blanco para la reforma del régimen local que, como tantas otras del Gobierno de Zapatero, fue incumplida». 

Desde Santiago de Compostela, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en rueda de prensa junto a la canciller alemana, Angela Merkel, aseguró ayer que o los socialistas estaban «muy equivocados» entonces o la propuesta «no es tan mala», máxime cuando se aplica en varios países «importantes» de la UE. 

Es «mucho mejor», señaló, que sea alcalde quien es elegido por los ciudadanos que quien es fruto de pactos entre tres, cuatro, cinco o seis partidos. Rajoy se reunirá con la dirección del PP para acabar de definir la propuesta. PSOE e IU han avanzado que no se sentarán a negociar.


Artículo de: Marisol Hernández
Publicado en: El Mundo

dimecres, 20 d’agost del 2014

El Gobierno prevé que en 2015 haya elección directa de alcaldes


Arenas reta a Sánchez a que 
"presente una propuesta más democrática" 
que esa 


El Gobierno tiene la voluntad de impulsar la reforma legal necesaria que establecerá que en los Ayuntamientos gobierne la lista más votada, y con vistas a ello el PP va «a dialogar hasta la extenuación para conseguir un acuerdo». Son palabras del vicesecretario de Asuntos Territoriales del Partido Popular, Javier Arenas, que en declaraciones a ABC subrayó ayer que en septiembre se intensificarán las negociaciones con todos los grupos parlamentarios con el fin de consensuar una fórmula que garantice el máximo respeto a la decisión de la mayoría en la elección de alcaldes. Esa fórmula podría introducir mecanismos de segunda vuelta como los que ya se utilizan en otros países de Europa, o también otorgar la alcaldía al candidato que obtuviera una ventaja «clara y apreciable» con respecto a la fuerza inmediatamente posterior, que los estudios que realizan en el PP situarían en un margen «superior a cinco puntos». 

La consigna es el diálogo. No obstante, otras fuentes del PP que prefieren no ser identificadas han avanzado a este diario que los cambios se llevarán adelante para su aplicación en los próximos comicios municipales con o sin compañía de otras formaciones, particularmente del PSOE. Su recién estrenado secretario general, Pedro Sánchez, proclamó la pasada semana un «no ahora, y no en el futuro» a esta modificación tras entrevistarse en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que a su vez insistió el pasado viernes en no dar por cerrada la vía del pacto con los socialistas. 

Arreglos en despachos 

El jefe del Ejecutivo lo hizo habida cuenta de que en sus programas para los comicios municipales de 2003 y los generales de 2004 estuvo presente, aunque lo abandonó a partir de 2007, cuando vio abierta la posibilidad de desplazar al PP a través de pactos con IU o los nacionalistas. 

«El PSOE está habituado a resolver las elecciones municipales desde los despachos y no con los ciudadanos... es muy cómodo hacer una "segunda vuelta" en conversaciones con IU», lamentó Javier Arenas, que avanzó que el PP no descarta «ninguna fórmula, siempre que pase por la voluntad popular y por las urnas». 

La literalidad del programa con el que se presentó José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 proponía «elección directa de los alcaldes, en votación diferente pero simultánea a la de los concejales, en un sistema de doble vuelta que refuerce la gobernabilidad de los Ayuntamientos y en el que se reconozca el derecho de sufragio a todos los que residan legalmente en España». 

«No» presente y futuro 

En vista de aquella determinación y del rechazo absoluto exhibido ahora por el líder socialista —y antes que él, por su predecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba o la presidenta de Andalucía, Susana Díaz— Javier Arenas ha tachado de «incomprensible y cínica» la postura del PSOE

«Reto al señor Sánchez a que presente una propuesta más democrática que la nuestra. No se puede entender que el señor Sánchez, sin ninguna mayoría absoluta, sea hoy secretario del PSOE y sin embargo se oponga a que una mayoría amplia de ciudadanos elija a su alcalde», añadía el responsable de Asuntos Territoriales del PP. 

Dentro de la defensa de la elección directa de alcaldes que plantean los populares -y que ya formularon en 2010, cuando estaban en la oposición-, se prevé la presentación a partir de septiembre en todos los ayuntamientos de una moción que destaque que ese sistema «se funda en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una mayor identificación del alcalde con los electores y de un reforzamiento del ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos». 

Lejos de esa lectura, la negativa del PSOE fue, no obstante, reforzada ayer por su secretario de Organización, César Luena, quien en rueda de prensa en Ferraz dijo que esta iniciativa activada a pocos meses de las elecciones municipales «demuestra el miedo del PP a la democracia». «Nosotros lo que creemos es que la estabilidad en las normas es una parte muy importante para que la democracia funcione bien, y la derecha del PP está muy acostumbrada a cambiar las normas».


Articulo escrito por: L.L Caro
Publicado en: ABC

Rajoy está dispuesto a aprobar sin el PSOE la elección directa de alcaldes


El presidente hará en septiembre una 
propuesta a los grupos parlamentarios

Peridis; El País: 20 de agosto 2014.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está dispuesto a seguir adelante con la reforma de la ley electoral para modificar el actual sistema de elección de los alcaldes, a pesar del rechazo rotundo del PSOE, según explican diversos dirigentes y miembros de la ejecutiva del PP. Rajoy ha ordenado a responsables de su partido que sigan trabajando para presentar en septiembre esta propuesta dentro de un plan de regeneración democrática o de mejora del funcionamiento de las instituciones, añaden dichas fuentes. Escuchó directamente del nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, en su reunión de La Moncloa en julio el rechazo rotundo del principal partido de la oposición. Entonces no desveló a Sánchez si seguiría adelante, pero ha hecho caso omiso de ese rechazo y ha puesto en marcha la medida y está dispuesto a avanzar para que se aplique ya en las municipales de mayo de 2015. 

Fuentes de la dirección del PP aseguran que habrá una ronda de reuniones con todos los grupos para exponerles estas medidas, que incluirán otras novedosas que ya han sido ultimadas, y con disposición para escuchar algunas más. “Retamos al PSOE y a la izquierda a que presente propuestas más democráticas que la nuestra y que garanticen la elección directa por los ciudadanos”, aseguró a este periódico Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP. No está decidido si la negociación será entre partidos o con el Gobierno y en función de eso y de si hay acuerdo la propuesta se concretará en un proyecto de ley del Ejecutivo o una proposición de ley firmada por varios grupos. 

La intención, siempre según fuentes del PP que trabajan en la propuesta concreta, es la de sentarse con el PSOE y buscar un acuerdo global. Algunas medidas como la de establecer por ley que deban abandonar sus cargos públicos los que vayan a sentarse en el banquillo ya están en trámite en el Parlamento y otras como la reforma electoral o la reducción del número de aforados deben ser incluidas en otras. 

El PP tiene mayoría suficiente en el Parlamento para sacar adelante estas propuestas, pero nunca antes en democracia se ha cambiado la ley electoral sin acuerdo entre los dos grandes partidos. Lo más parecido ocurrió recientemente cuando María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y número dos del PP, aprobó una reforma del Estatuto que afectaba al modelo electoral solo con los votos de su partido y sin consenso, lo que no había sucedido nunca desde 1978 en ninguna comunidad. 

Hasta el momento, el PSOE ha rechazado de plano la reforma electoral que planteó Rajoy por primera vez en junio. Por eso, fuentes socialistas explican que pedirán que la reforma de la ley electoral se saque del paquete global de medidas de regeneración, por entender que es ajena al asunto y, además, solo pretende favorecer al PP. Sánchez anunció este martes en Ibiza que en septiembre presentará también “medidas radicales de limpieza democrática”. 

Desde que Rajoy hizo pública su propuesta, destacados dirigentes del PP se han pronunciado a favor de seguir adelante en todo caso. El más significativo ha sido el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que pidió que se apruebe la propuesta aunque sea sin respaldo de los socialistas. También los populares valencianos están presionando a Génova en el mismo sentido. Otros como el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, pidieron que se haga solo si hay consenso. Y destacados dirigentes del PP dan por hecho que Rajoy está decidido a ir hasta el final con su propuesta. 

Fuentes populares explican que no hay una fórmula cerrada para modificar la elección de alcaldes y que trabajan en varias opciones que, además, podrían modificarse en la negociación con los otros grupos. Por ejemplo, aseguran que una opción para intentar lograr el apoyo de los socialistas sería establecer una segunda vuelta entre las dos listas más votadas siempre que ninguna haya alcanzado un porcentaje claro que, por ejemplo, podría ser como mínimo del 40%. Si algún partido en primera instancia llegara a ese porcentaje tendría la alcaldía y el control del Ayuntamiento sin necesidad de segunda vuelta. “Que la segunda vuelta no se haga en los despachos”, explica el PP. 

Este martes se abrió una pequeña grieta en el rechazo del PSOE a esta reforma, porque el coordinador del Consejo Territorial del PSOE de Andalucía, Juan Pablo Durán, admitió que esa reforma sea estudiada para 2019, es decir, no para las próximas municipales, sino para las siguientes. El PP descarta totalmente esta opción. 

Para esta reforma legal y otras que puedan proponerse, el Gobierno dispone del tiempo justo para la tramitación parlamentaria. En la legislatura solo quedan dos periodos de sesiones parlamentarios completos: el que empieza en septiembre y acabará en diciembre y el de enero de a julio de 2015, para que las elecciones generales sean en noviembre. La reforma de la ley electoral deberá pasar por el trámite de informes no vinculantes si se aprueba en Consejo de Ministros y el posterior en el Congreso y el Senado, con tiempo justo de que esté listo antes de las municipales de mayo de 2015 para que entre en vigor. 

Después de su reunión con Sánchez, Rajoy siguió defendiendo su propuesta y ni siquiera se dio por enterado del rechazo del PSOE: “Ese tema no está cerrado con el partido socialista”. 

Así elige Europa a sus alcaldes 

El sistema electoral en el Reino Unido, tanto en lo que concierne a las municipales como a las legislativas, es nítidamente mayoritario: el primero que llega, gana; esto es, se impone el candidato más votado, con independencia de que tenga o no mayoría absoluta. En el caso concreto de los comicios locales, los electores deciden entre uno y tres nombres, según las circunscripciones, y el aspirante o aspirantes son elegidos a tenor del número de sufragios obtenidos. 

En Alemania no existe una ley única que regule el proceso electoral, ni tampoco hay una ley que impida las alianzas para gobernar en los Ayuntamientos. En 12 estados federados, el regidor es elegido por mayoría absoluta y, si ningún candidato obtiene ese resultado en la primera vuelta, los dos más votados tienen que ir al balotaje (la segunda vuelta), donde les bastará la mayoría simple. En otros cuatro Estados, los alcaldes son elegidos por los Parlamentos locales. 

En Francia, las elecciones municipales son una combinación entre los comicios mayoritarios a dos vueltas y los proporcionales. Las listas que logran más del 50% de los votos (con la participación de más del 25% de los inscritos) se hacen con la mitad de los puestos de consejeros municipales, una modalidad denominada “prima mayoritaria”, y el resto se reparte de forma proporcional entre esa misma lista y las siguientes que hayan logrado más del 5%. En caso de no alcanzar ninguna lista la mitad de los votos, lo más frecuente, se celebra una segunda vuelta, en la que pueden mantenerse las que obtienen más del 10% de los sufragios en primera, y pueden fusionarse las que obtienen más del 5%. 

En los municipios de Italia de más de 15.000 habitantes los electores pueden votar solo para el alcalde (poniendo la cruz sobre el candidato que prefieran) o también para la asamblea municipal (poniendo la cruz sobre el símbolo de uno o dos partidos). Si ningún candidato alcanza la mitad de los votos más uno, se celebra una segunda ronda entre los dos candidatos más votados.




Artículo escrito por: Fernando Garea Baragaño
Publicado en: El País

dimarts, 19 d’agost del 2014

Las autonomías frenan la ley que les obliga a asumir servicios municipales


Colas para acceder a un comedor social en Madrid, el pasado enero / SAMUEL SÁNCHEZ

La Asamblea de Madrid (con mayoría absoluta del PP) aprobó el mes pasado una ley que aplaza —hasta que se apruebe un nuevo sistema de financiación— la asunción de ciertas competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales, unas competencias que ahora están en manos de los Ayuntamientos y cuyo traspaso a las comunidades ordenaba la reciente ley de reforma local del Gobierno de Mariano Rajoy. Cataluña ha hecho lo propio con un decreto ley publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado. En el preámbulo de ese decreto, la Generalitat habla de la “incertidumbre jurídica” que ha creado la reforma local, que entró en vigor el pasado enero en toda España y que, según el texto, “ha generado numerosas y contradictorias interpretaciones por parte de los entes locales”. 

Extremadura, gobernada por el PP, ha desarrollado la ley estatal con sus propias claves para evitar que desaparezcan las mancomunidades de su región. Más contundente ha sido Andalucía, que ha aprobado un decreto ley pensado como un “dique de contención contra el desmantelamiento de la Administración local”, en palabras del vicepresidente Diego Valderas (IU). Galicia, Castilla y León, País Vasco y La Rioja también han desarrollado sus propias leyes para esquivar en mayor o menor medida uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy. 

Paralelamente, el pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite nueve recursos contra la reforma formulados por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias; y los Parlamentos extremeño, catalán, andaluz y navarro, así como el presentado por 130 diputados de PSOE, Izquierda Plural, UPyD y Grupo Mixto. El Constitucional todavía tiene que pronunciarse sobre un décimo recurso, el registrado en julio por cerca de 3.000 Ayuntamientos (de los 8.117 que hay en España) que gobiernan a unos 17 millones de ciudadanos. 

Tras esta ofensiva legislativa y judicial, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha quedado reducida a la mínima expresión ocho meses después de su entrada en vigor. Su gran objetivo, plasmado en la máxima de “una Administración, una competencia”, está siendo papel mojado mientras no se aclara el nuevo sistema de financiación autonómica, cuya negociación ha sido aplazada sine díe por el presidente del Gobierno: “Ahora es imposible”, reconoció Rajoy hace una semana. 

Sin más dinero, los Gobiernos autónomos de todo signo político se niegan a rescatar o ceder por convenio los servicios que según esa ley estatal deben dejar de prestar sus municipios: desde oficinas de consumo a casas de acogida de mujeres, albergues, guarderías, centros de mayores, oficinas de turismo o consultorios médicos. La propia reforma ya daba unos plazos muy amplios para ejecutar ese traspaso en cuanto a los servicios sociales y la sanidad, pero la opinión unánime de los alcaldes consultados es que nada se ha movido desde enero. 

El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), lo explica en clave de normalidad frente a “las posturas alarmistas que llegaron a decir que se desmantelarían los servicios sociales, se perderían decenas de miles de puestos e iríamos hacia la privatización”. “Nada de eso ha sucedido”, subraya. Aun así, De la Serna cree que hay una ofensiva de ciertas autonomías para pulverizar la ley y reclama al Gobierno que la defienda. El Ministerio de Administraciones Públicas no ha movido ficha, aunque el Ejecutivo afirma que estudiará si las normas que están aprobando las comunidades vulneran la ley estatal. 

El alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, Abel Caballero (PSOE), coincide con que apenas se ha notado la entrada en vigor de la reforma local. La legislación autonómica que ha impulsado el Gobierno gallego (PP) con el decidido apoyo de los alcaldes de su partido frena el traspaso de competencias al menos hasta 2015. “El albergue social nos cuesta 750.000 euros. Se lo tendría que quedar la Xunta, pero seguimos con él y pagándolo. En el resto de comunidades prácticamente sigue todo igual”, dice. 

Eulalio Ávila, presidente del Colegio de Interventores y secretarios de la Administración Local, razona que uno de los problemas está en la redacción del artículo 25 de la norma, el que regula las competencias de los municipios: “Adolece de cierta ambigüedad. Las comunidades han regulado en general de una manera laxa el desarrollo de la reforma local, que tendría que haber nacido de un pacto de Estado, incluidas comunidades y Ayuntamientos, con un acuerdo amplio. Pero los desarrollos normativos de cada comunidad dejan claro que no había una visión común”, afirma Ávila. 

Otro dato: Hacienda prometió que en abril publicaría la lista de las poblaciones que, por incumplir con la estabilidad presupuestaria, no pueden prestar competencias que no se recojan en la ley. Nada se sabe de ese documento. Fuentes municipales aseguran que el departamento de Cristóbal Montoro tiene razones para no mostrarse muy estricto con los alcaldes: la Administración local lleva dos ejercicios aportando superávit a las cuentas públicas y queda menos de un año para las elecciones. “[La ley] se está aplicando bajo mínimos”, analiza el responsable de política municipal de IU, Manuel Fuentes. “Nos lo temíamos la mayoría de los municipalistas: en vez de solicitar la delegación de competencias o la prestación de servicios, se deja hacer porque no se ha solucionado el problema de la financiación municipal. Pero no hay que perder de vista que tanto esta ley como todo lo que el PP ha impulsado, como el plan de pago a proveedores o la ley de estabilidad presupuestaria, pone en riesgo los servicios públicos”, añade. 

Ni una sola fusión de municipios 

Pocos meses después de llegar al Gobierno, Mariano Rajoy hizo un primer intento para convencer a sus filas de que la reforma de la Administración debía comenzar por un recorte de los 68.462 concejales que pueblan las 8.117 alcaldías españolas. Más de 30 borradores manejó el Ministerio de Hacienda del proyecto de ley de reforma local hasta que, en agosto de 2013, entró en el Congreso muy descafeinado por las presiones de cargos medios del PP. Tras cuatro meses de tramitación parlamentaria y lejos de las intenciones iniciales, la reforma refuerza el papel de las Diputaciones y no ha inducido a ninguna fusión local. La única integración (y primera en 32 años) está recurrida ante los tribunales y se produjo antes de la entrada en vigor de la ley, en diciembre pasado, entre Oza dos Ríos y Cesuras, dos pequeños Ayuntamientos coruñeses. No hay ninguna otra en marcha. 

La ley tampoco ha servido para propiciar una reducción significativa de mancomunidades: solo han desaparecido 20 de las 1.021 que había hace un año. En cuanto a las plantillas, según el Ministerio de Hacienda, entre enero de 2012 y enero de 2014 se han recortado 25.000 puestos, hasta el medio millón de empleados actuales, lo que deja la administración local en los niveles de 2006. 

La ley también fue presentada como la reforma que iba a poner coto a los sueldos en las corporaciones municipales, pero la tramitación parlamentaria elevó dos veces los límites salariales para concejales y alcaldes, de forma que apenas ha habido rebajas de nóminas. El Gobierno insiste, aun así, en que la ley ahorrará 7.129 millones de euros en tres años.



Publicado en: El País

dilluns, 18 d’agost del 2014

La Vall d’Albaida dispondrá de un millón para equipos de calefacción más sostenibles y ecológicos


Rus: “Nuestro objetivo es reducir el gasto corriente de los ayuntamientos con el fin de que destinen ese dinero a inversiones productivas y otras mejoras para los vecinos”


Dotado con 17,2 millones, el Plan de Eficiencia Energética financia a los ayuntamientos la compra de equipos de biomasa, quemadores, silos y captadores solares para calefacción de edificios públicos y su mantenimiento por dos años 


La Diputación de Valencia abre una nueva línea de subvención para la adopción de medidas en los pueblos que supongan la reducción de las emisiones de gas efecto invernadero y cumplir los objetivos europeos contra el cambio climático, además de impulsar el ahorro económico en los ayuntamientos. En concreto se va a destinar un millón a todos los pueblos de la comarca de la Vall d’Albaida, previa solicitud de cada uno de los ayuntamientos. 

El presidente Alfonso Rus ha señalado que el nuevo plan responde al objetivo de la institución provincial que dirige de reducir el gasto corriente de las corporaciones locales “con el fin de que destinen ese dinero a inversiones productivas y otras mejoras para los vecinos”. “La situación de los ayuntamientos -ha dicho- exige un esfuerzo de imaginación por parte de todos para mantener el mismo nivel de servicios y de bienestar de los vecinos y recuperar el potencial económico para revertir ese beneficio en inversiones que sean productivas y puedan crear empleo, que es lo que tenemos que buscar en este momento todos los que tenemos responsabilidades públicas”. 

Rus ha comentado, igualmente, que el plan permitirá a los ayuntamientos renovar sus fuentes de energía pasando de las tradicionales como el gasoil, gas y electricidad a las alternativas procedentes de la biomasa, como los “pellets”, o las mixtas y las solares, con la renovación de las calderas y quemadores. 

El Plan provincial de Eficiencia Energética en equipos de calefacción, con una dotación presupuestaria de 17,2 millones, colabora y financia en un 80% la adquisición de equipos de biomasa, quemadores, silos y captadores solares para edificios públicos de los municipios de la provincia de Valencia y su mantenimiento durante un plazo de dos años. 

Asignación a la Vall d’Albaida 

El millón de euros asignado por la Diputación de Valencia a la Vall d’Albaida se reparten con la dotación de 12.000 euros para Aielo de Rugat, Bellús, Beniatjar, Benisoda, Benisuera, Bufalí, Carrícola, Guadasséquies, Otos, Pinet, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere, Terrateig, respectivamente. Un importe de 20.000 euros ha sido asignado para cada una de las localidades de Bélgida, Benicolet, Montixelvo, El Palomar. Los beneficiarios de la asignación de 40.000 euros son los municipios Agullent, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Llutxent, Montaverner, La Pobla del Duc y Quatretonda. Una suma de 50.000 euros ha sido destinados a Aielo de Malferit y Bocairent, respectivamente. Además, los municipios que podrán disfrutar de una asignación de 100.000 euros cada uno son Albaida, Benigànim y l’Olleria. Finalmente, la cantidad de 300.000 euros ha sido asignada a Ontinyent. Cada ayuntamiento tendrá que solicitar previamente la solicitud según las bases que se han publicado ya en la web corporativa dival.es y, como es preceptivo, en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La Diputación de Valencia financia el 80% del presupuesto asignado a cada municipio, teniendo en cuenta los límites que se establecen por el baremo poblacional. Por su parte, el ayuntamiento tiene que costear el 20% restante. 

El plan se rige por los siguientes baremos poblacionales: Municipios de hasta 500 habitantes, 9.600 euros; poblaciones de 501 y hasta 1.000 habitantes, 16.000 euros, poblaciones desde 1.001 vecinos y hasta 3.000, 32.000 euros; municipios con más de 3.000 y un máximo de 5.000, 40.000 euros; localidades desde 5.001 y hasta 10.000, 80.000 euros; municipios de 10.0001 habitantes y hasta 20.000, 160.000 euros, y de más de 20.000 excepto la ciudad de Valencia recibirán como máximo 240.000 euros. 

Con esta iniciativa, la corporación provincial completa un grueso de actuaciones integrales que favorecen el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables en los edificios públicos de las entidades locales de la provincia de Valencia.


Fuente: El Periódic

dilluns, 11 d’agost del 2014

La Diputació destina 17,2 milions a l'estalvi energètic dels pobles per mitjà de nous equips d'energies alternatives


Rus: «El nostre objectiu és reduir el gasto corrent dels ajuntaments a fi que destinen eixos diners a inversions productives i altres millores per als veïns» 

El Pla d'Eficiència Energètica aporta el 80% del cost de la compra d'aparells de biomassa, sitges, cremadors i captadors solars


La Diputació de València obri una nova línia de subvenció per a l'adopció de mesures en els pobles, que suposa la reducció de les emissions de gas d’efecte hivernacle i el compliment amb els objectius europeus contra el canvi climàtic, i a més impulsa l'estalvi econòmic en els ajuntaments. 

El president Alfonso Rus ha assenyalat que el nou pla respon a l'objectiu de la institució provincial que dirigix de reduir el gasto corrent de les corporacions locals, «a fi que destinen eixos diners a inversions productives i altres millores per als veïns.La situació dels ajuntaments —ha dit— exigix un esforç d'imaginació per part de tots per a mantindre el mateix nivell de servicis i de benestar dels veïns i recuperar el potencial econòmic per a revertir eixe benefici en inversions que siguen productives i puguen crear ocupació, que és el que hem de buscar en este moment tots els que tenim responsabilitats públiques». 

Rus ha comentat que el pla permetrà als ajuntaments renovar les seues fonts d'energia, passant de les tradicionals com el gasoil, gas i electricitat a les alternatives procedents de la biomassa, com els pèŀlets, o les mixtes i les solars, amb la renovació de les calderes i cremadors. 

El Pla d'Eficiència Energètica en equips de calefacció, amb una dotació pressupostària de 17,2 milions, coŀlabora i finança en un 80% l'adquisició d'equips de biomassa, cremadors, sitges i captadors solars per a edificis públics dels municipis de la província de València i el seu manteniment durant un termini de dos anys. 

El programa ha sigut ratificat en Junta de Govern amb els vots favorables del PP, l'abstenció del PSPV i Compromís i el vot en contra d'EU. 

Amb esta iniciativa, la corporació provincial completa un nombre d'actuacions integrals que afavorixen l'estalvi energètic, la millora de l'eficiència energètica i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis públics de les entitats locals de la província de València. 

La Diputacióde València finança el 80% del pressupost de l'adquisició, tenint en compte els límits que s'establixen segons la població del municipi. Per la seua banda, l'ajuntament que soŀlicite els equips ha de costejar el 20% restant. 

Els beneficiaris podran ser tots els municipis de la província que desitgen adquirir equips d'equips de biomassa, cremadors, sitges i captadors solars d'estes característiques: calderes específiques de pèl·lets, calderes de biomassa, calderes mixtes o multicombustibles, cremadors de biomassa, sistemes d'autoneteja, sistemes d'extracció de cendres, sistemes d'alimentació del combustible, sistemes de seguretat de la caldera i captadors solars. 

Subvencions 

El pla es regix pels següents barems poblacionals: Municipis de fins a 500 habitants, 9.600 euros; municipis de 501 a 1.000 habitants, 16.000 euros; municipis de 1.001 a 3.000 habitants, 32.000 euros; municipis de 3.000 a 5.000 habitants, 40.000 euros; municipis de 5.001 a 10.000 habitants, 80.000 euros; municipis de 10.001 a 20.000 habitants, 160.000 euros, i de més de 20.000 habitants, excepte la ciutat de València, rebran com a màxim 240.000 euros.


Fuente: DIVAL

Intención y Estimación del Voto tras las Elecciones

Los Ayuntamientos en Twitter

La reforma local no va a conseguir muchas fusiones de municipios


España, el tercer país de la UE con más consistorios
5.754 habitantes viven de media en cada ayuntamiento español 

"El número de entes locales es inasumible", 
aseguran los expertos 

Factores geográficos, financiación y calidad de gobierno
 influyen en una fusión 



Una mayor financiación per cápita, la posibilidad de no asumir los nuevos servicios mínimos que deberían prestar por el aumento de población o una preferencia durante cinco años en la asignación de planes de cooperación local y subvenciones. Son algunos de los incentivos económicos planteados en la reforma local para promover las fusiones voluntarias de municipios. ¿Servirán estas ventajas económicas para reducir la Administración local? No mucho, responden los expertos. 

Nada hacía imaginar la inclusión en el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de medidas para promover la unión de ayuntamientos. El anuncio del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, vuelve a abrir el debate -si es que alguna vez se cerró- sobre la división territorial y la distribución de competencias entre las distintas administraciones. Y lo hace en un momento en el que se ha producido la primera unión de ayuntamientos en 45 años: la de los municipios gallegos de Oza y Cesuras

España es el tercer país de la Unión Europea en número de entes locales, con 8.117, sólo por detrás de Francia, con 36.682, y Alemania, con unos 14.000, según los datos analizados por ELMUNDO.es del Consejo de Municipios y Regiones de Europa. En el otro lado de la balanza se sitúan Dinamarca (98), Irlanda (85), Malta (68) y Lituania, con 60

"El número de municipios de España es inasumible", asegura Leopoldo Tolivar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo. Tolivar alerta de la gran fragmentación del territorio, hasta el punto de que tan sólo 400 consistorios -el 5% del total- superan los 20.000 habitantes. "El municipio español por antonomasia es muy pequeño, con una población inferior a las 5.000 personas", describe el catedrático asturiano. 

De hecho, la ratio nacional de población por municipio asciende a 5.754 vecinos. Aunque detrás de esta cifra se esconde una gran diferencia por comunidades autónomas: de los 35.806 habitantes por consistorio madrileño a los 1.120 en los municipios de Castilla y León. Y eso sin tener en cuenta las más de 80.000 personas que viven en Ceuta y en Melilla. 

"La seriedad del problema varía por comunidades autónomas, y por lo tanto habrá que hacer más deberes en algunas que en otras. Pero este es un problema nacional", señala por correo electrónico Jorge Martínez-Vázquez, catedrático de Economía de la Universidad de Georgia (Estados Unidos). 

Factores para un Ayuntamiento eficiente 

¿Existe algún umbral de población a partir del cual los ayuntamientos son eficientes? Los expertos sitúan esta cifra entre los 5.000 y los 10.000 habitantes. No obstante, la población no es el único elemento -ni siquiera el más importante- a la hora de fusionar municipios. "Hay que valorar todo el coste económico del proceso de unión, aparte de que también existan factores geográficos", subraya Núria Bosch, catedrática de Hacienda Pública de la Universidad de Barcelona. 

Martínez-Vazquez apunta a tres elementos: el área geográfica, la densidad de población y las comunicaciones por carretera. "Lo que queremos de los ayuntamientos es la prestación eficiente de servicios públicos. Pero también queremos un gobierno local responsable que responda a las necesidades de los ciudadanos, y que éstos se sientan representados y tengan acceso a las autoridades locales", añade el editor del libro 'The Challenge of Local Government Size' ('El desafío del tamaño del Gobierno local'). 

Jorge Galindo, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Ginebra (Suiza), incorpora otro factor que a su juicio debe tenerse en cuenta: la financiación municipal. "El dato de los habitantes por municipio, sin contexto, dice poco. Hay que ver qué servicios prestan los ayuntamientos y cómo los financian", explica. 

El investigador español pone el ejemplo de Suecia, donde 290 municipios recaudan el 70% de sus ingresos a través de impuestos propios, mientras que el porcentaje para los 8.117 ayuntamientos se sitúa en torno al 50%, de acuerdo a un informe de la FEMP recogido en un artículo del propio Galindo publicado en la web 'Politikon'

Por esta razón, Galindo no le da tanta importancia a la diferencia de habitantes por municipio que existe entre los 28 países de la Unión Europea, que va desde los 136.000 vecinos del Reino Unido hasta los poco más de 1.600 de la República Checa. La ratio europea se sitúa en 5.274 personas por ente local.



Un 'harakiri' para perder poder político

Los expertos consultados por ELMUNDO.es se muestran bastante escépticos sobre el efecto que pueden tener los incentivos económicos reflejados en la reforma local a la hora de promover fusiones voluntarias de ayuntamientos. "No creo que vayan a funcionar. Es muy fácil movilizar a las poblaciones para la defensa de un concepto tan etéreo como la identidad local por encima de los razonamientos económicos", sostiene Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo (Suecia). 

Jorge Martínez-Vázquez coincide con la visión de Lapuente y añade: "La experiencia europea y mundial es que en la mayoría de los casos no funcionan. Sin embargo, el éxito o fracaso también va a depender del nivel de los incentivos y, sobre todo, de cuáles son las alternativas al final. Si la alternativa es la fusión obligada (y creíble) más adelante, los incentivos tendrían más respuesta".

Por su parte, Jorge Galindo considera que las uniones voluntarias de ayuntamientos se darán en los casos en los que "el municipio pequeño no pierda mucho poder, haya un perfil de votante similar, no haya una pérdida económica importante para los consistorios y el Estado ponga el dinero suficiente". Por todo ello, el investigador de la Universidad de Ginebra cree que "la reforma local no va a conseguir muchas fusiones"

Para evitar esta situación, Víctor Lapuente aboga por que el Gobierno fuerce "de forma obligatoria" la unión de ayuntamientos, una medida a la que han recurrido muchos países europeos, como Reino Unido, Suecia, Dinamarca o Bélgica. "Los partidos deben hacerse un 'harakiri' y perder algo de poder político local. En muchos países se ha hecho y las consecuencias han sido positivas", subraya el profesor español.

Tanto Lapuente como Galindo incorporan un último elemento al debate sobre la unión de municipios: la corrupción local. "A mayor fragmentación del territorio, mayor control político. De ahí la resistencia de los políticos locales a la fusión", subraya el primero. Y el segundo añade: "No podemos tener el nivel de corrupción que hay en España y que la reforma local no haga nada al respecto. Y esto tiene que ver con la financiación local, un sistema basado en el suelo".

"Si no se toca la financiación local y la calidad de gobierno, la fusión de municipios no va a tener ningún sentido porque van a estar mal financiados y mal gestionados", concluye el investigador español de la Universidad de Ginebra.


Artículo escrito por: Jesús Escudero
Publicado en: El Mundo


Creación, Supresión y Fusión de Municipios tras la Reforma Local

Fusión, no; lo eficiente es la agrupación


El debate sobre los pueblos pequeños 


Pepe Fernández colabora gratuitamente como manitas del ayuntamiento Agustí Perales

El sostenimiento en común de servicios y personal, como sucede en Bellús, Guadasséquies y Sempere, prueba que el ahorro es posible sin perder la identidad. 

A los apóstoles de la fusión de municipios, burócratas que desde sus despachos instan a suprimir ayuntamientos invocando la supuesta eficiencia de la fusión (proponen un mínimo de 5.000 habitantes por pueblo, lo que haría desaparecer siete de cada diez municipios valencianos), les vendría bien perder una hora en el laboratorio de la realidad. Por ejemplo, en Bellús, Guadasséquies y Sempere: tres pueblos de la Vall d´Albaida seguidos uno del otro y que suman entre los tres 865 habitantes. En teoría, un caso de despilfarro de manual y un sinsentido administrativo. En la práctica, en cambio, una lección de las ventajas que conlleva una figura administrativa tan poco conocida como la «agrupación» y una constatación de lo difícil que es ahorrar suprimiendo estas localidades. 

Bellús: aquí nadie cobra. 

La primera parada es Bellús. Su alcaldesa, Susana Navarro, tumba el primer tópico. «¿Ahorrar en políticos? Aquí no cobra nadie: ni la alcaldesa ni ninguno de los siete concejales. Está previsto que cobremos 10 euros por pleno (unos dos al trimestre), pero no los cobramos», dice. No es una gran excepción: en los 60 ayuntamientos de la Costera, la Canal y la Vall d´Albaida (un vivero de pequeñas localidades perfectamente extrapolable al resto de comarcas), seis de cada diez alcaldes no cobra nada por dirigir sus municipios. Si acaso, esas irrisorias compensaciones de los plenos. El resto, los alcaldes que sí cobran, perciben una media que ronda los 1.800 euros al mes. 

Las sorpresas van en aumento. Uno de los dogmas de la fusión de municipios es la necesidad de evitar duplicidades. En Bellús (385 vecinos), más que duplicar servicios, se subdividen. La recogida de basura la realizan en común con la Mancomunitat de la Vall d´Albaida. La asistenta social la comparten con Otos, Beniatjar, Benissoda, Guadasséquies y el Palomar. La archivera —que acude una vez al mes— y el servicio de perrera lo tienen mancomunado con el resto de la comarca. Y gracias a un convenio con la Diputación de Valencia, sólo pagan un tercio del arquitecto que les asiste dos horas a la semana para revisar las obras, de la técnica agrícola que acude una vez a la semana y de la aparejadora que trabaja con el municipio. 

Además, la gestión y el cobro de los impuestos de los vecinos de Bellús lo realiza la diputación. ¿Limpieza? «Las mujeres agranen i arruixen el carrer, como toda la vida, y la alguacil (contratada seis horas al día) limpia los edificios públicos», explica la alcaldesa. Después está el intangible concepto de solidaridad y voluntad. El concejal de Servicios, Pepe Fernández, hace de manitas gratuito para el ayuntamiento (arregla farolas, recoge la maleza…), y los jóvenes del pueblo abren la biblioteca dos tardes a la semana. 

Así pues, del consistorio sólo cobra la alguacil, la Agente de Desarrollo Local (con labores administrativas) y el secretario del ayuntamiento. «Un pueblo pequeño no tiene por qué ser deficitario. Pero sería grave que desaparecieran las diputaciones, porque su papel es fundamental en estos municipios», concluye Susana Navarro antes de despedirse. 

Guadasséquies, mancomunada. 

La carretera —nada de sinuosa, conviene aparcar estereotipos españaprofunderos— llega enseguida a Guadasséquies (440 habitantes). Antes que salir en el periódico, la alcaldesa se demora con su nieta —(ai, la cosa més bonica del món!) que ha venido a saludarla. Carmen Vidal, que lleva 13 años con la vara de mando, dibuja un escenario similar de servicios mancomunados que no hace falta repetir. Entonces, ¿en qué se van los 400.000 euros que tiene el presupuesto municipal? 

Principalmente, según la alcaldesa, en el mantenimiento de edificios básicos para la vida de un pueblo, como la escuela infantil, el colegio, el centro de salud, la Casa de la Joventut o el gimnasio, y en subvencionar a los colectivos locales: jubilados, amas de casa, cazadores, colombicultores, dos cofradías, banda de música… Si fusionaran Guadasséquies con otros pueblos, alguien debería mantener esos mismos servicios y ayudar a las asociaciones, subraya la alcaldesa. Pero añade un matiz interesante: «Lo que sí tendría que fomentarse es compartir personal como el de secretario municipal, porque para mí es una ruina tener que sostener un sueldo de 3.000 euros al mes cuando no me hace falta para nada tenerlo todos los días». 

«Agrupación», la solución. 

La respuesta está en la reformada ley valenciana de Régimen Local, de 2010. Aunque también permite al Consell suprimir pueblos de menos de 500 vecinos y fusionarlos con otros si las condiciones económicas lo hacen conveniente, la nueva ley potencia una figura clave en este debate de reordenación territorial. 

Es la «agrupación». Fuentes de la Generalitat, recelosas del anuncio de fusión planteado por el Gobierno, apuntan que el futuro de los municipios pequeños transcurrirá por esta senda que permite, no ya mancomunar servicios, sino —y ésta es la novedad de la ley— «formar agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común de personal». Es decir, pagar a un administrativo entre dos, tres o cuatro ayuntamientos. Es el segundo escalón: detrás de la unión de servicios va el sostenimiento del personal entre varios consistorios. Conclusión: las herramientas para que los municipios pequeños ganen eficiencia ya existen y muchas se utilizan. Tal vez lo que ahora conviene es utilizarlas al máximo. 

Sempere, sin deuda

La excursión finaliza en Sempere, que con sus 36 habitantes es el pueblo más pequeño de la provincia de Valencia y el tercero con menos habitantes de la Comunitat Valenciana. Aquí sólo trabaja una auxiliar administrativa en el ayuntamiento dos días por semana, y el secretario (que sólo acude un día) está mancomunado. 

«Y no debemos nada a nadie, el ayuntamiento está saneado», destaca su alcalde, Miguel Juan, de quien no hace falta decir que no percibe ni un céntimo de los 60.000 euros de presupuesto municipal. «Si nos fusionaran, saldríamos más caros. ¡Seguro que habría que pagar la dedicación exclusiva a un alcalde para todos! Además, el municipio más grande de la fusión concentraría la mayor atención y los pequeños no tendríamos fuerza para nada», objeta. 

Eficiencias aparte, también está la dimensión afectiva, identitaria, personal. «Aquí nacimos, aquí fuimos a la escuela y muchos, incluso aquellos que se han marchado a vivir fuera, queremos ser enterrados en Sempere. Si dicen que estos pueblos no tienen futuro, cuando se acaben ya se acabarán—dice Miguel—. Pero que no lo hagan a la fuerza».


Autor: Paco Cerdà
Fuente: Levante Emv

La ola de fusiones no llega a España


Francia dejará sus 22 regiones en 9 e integrará municipios para que el tamaño mínimo sea de 20.000 habitantes Suecia estudia eliminar la mitad de sus 21 regiones Italia erradicará provincias y creará grandes áreas metropolitanas


Consecuencia de la crisis, Grecia, Italia y ahora Francia saldrán más ligeras de equipaje. Con el objetivo de reducir gasto público, han decidido adelgazar su aparato administrativo, y la fusión de ayuntamientos, incluso de regiones, ha sido la fórmula que triunfa más allá de Pirineos, pero en España no cuaja. La reforma local impulsada por el Gobierno central no obliga a integraciones y solo incentiva y muy poco las alianzas. La Xunta quiso abanderar la fusión de municipios, pero hasta el momento solo Oza y Cesuras, que suman algo más de 5.000 habitantes, han sellado su unión. Francia es el último país en Europa que se ha sumado a la lista de Gobiernos que impulsan un drástico recorte en su modelo organizativo. Reducirá regiones y fusionará ayuntamientos. Antes fue Italia, que también recorta escaños y poderes en el Senado, y Grecia. La crisis económica hace temblar las arcas de los Estados, y éstes buscan aligerar las facturas de gasto para contener el déficit, metiendo la tijera al aparato burocrático.La ola de fusiones que estos tres países fuerzan en aras de una mayor eficiencia de la administración no llega sin embargo a España, y eso que hay voces que apuestan por una poda en el número de consistorios, y más las que abogan directamente por cargarse el Senado. La reforma local ya aprobada ha quedado desdibujada y las integraciones serán solo voluntarias y para animar a uniones se contemplan incentivos económicos. Las Diputaciones, que para el BNG por ejemplo deberían desaparecer, son las ganadoras. 

El Gobierno trabaja en la revisión de la Cámara Alta para que sea sobre todo cámara de representación territorial, pero ni se le pasa por la cabeza eliminarla, lo que obligaría a un cambio constitucional. La Xunta quiso ser el adalid de las fusiones locales, pero desde que anunció la primera, la de Oza-Cesuras, un concello de la provincia de A Coruña que ahora suma algo más de 5.000 habitantes, no ha cuajado ninguna más. Las reticencias de los regidores son muchas, aunque desde el PPdeG sostienen que alguna se está fraguando. 

Francia:

El Gobierno socialista de Francois Hollande y su primer ministro, Manuel Valls, de origen español, impulsa un lavado de cara al aparato institucional del país. El objetivo es ahorrar al menos 12.000 millones de euros en los próximos años. La Asamblea gala ya dio el visto bueno solo con el voto de los socialistas al proyecto de ley que dibuja la reducción de regiones, al pasar de 22 a 13. Y solo cuatro se mantienen igual. El nuevo mapa regional entrará en vigor en enero de 2016, pero no se descartan más integraciones. Estas nuevas regiones tendrán más competencias, que quitarán a las provincias o departamentos, que desparecerán a partir de 2020. Las asambleas o consejos generales están ahora integradas por más de 4.000 cargos públicos electos. 

En España casi es inconcebible imaginar solo el debate de eliminar autonomías. En el país vecino se ha hecho y además sin suscitar un frente rebelde en las propias regiones. La oposición, además, no es beligerante y si no ha dado el visto bueno al plan de Hollande y Valls, es sobre todo porque se ha presentado a prisa y corriendo y no se ha negociado con ella. ¿Por qué no suscitó el rechazo que seguró levantaría en España? Porque en la nación gala las regiones no tienen el componente identitario que tienen aquí . Y donde lo hay no se ha tocado la región. Es el caso de Bretaña o Alsacia. "Para Francia, reducir regiones solo es un problema de gestión, sin embargo para España es una cuestión política, identitaria e histórica", argumenta Enrique Varela, profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Vigo. "No podemos obviar la tradición jacobina de Francia, mientras que España historicamente es diversa y plural", añade. El proyecto de Hollande y Valls es de calado. También contempla la integración de los municipios de menos de 20.000 habitantes. En la actualidad, Francia es el país con más consistorios del mundo: 36.700. España tiene 8.117. Y reducir a la mitad las 13.400 mancomunidades que prestan servicios a varios ayuntamientos. "Fusionar municipios será más complicado. Tienen más tradición que las regiones y ahí ya hay oposición. Además hay regidores galos con muchos poder en el seno de su partido y en su país son considerados casi como ministros", explica Enrique Varela. 

Italia:

El primer ministro Matteo Renzi, que llegó al Gobierno a comienzos de año prometiendo una reforma cada mes y cuya "energía y visión" sorprendió al propio Barack Obama, ya llevó a la Cámara de los Diputados en abril el proyecto de ley para suprimir provincias y cambiarlas por ciudades metropolitanas. Renzi, en su propia cuenta de Twittter, defendió entonces que "3.000 políticos dejarán de recibir una pensión del bolsillo de los italianos". El ahorro será de 800 millones de euros al año. Su plan pasa porque a partir de 2015 Italia se divida en ciudades metropolitanas, que sustituirán a las provincias, y con ayuntamientos fruto de la integración de varios consistorios. En España la reforma local pasa por reforzar el papel de las Diputaciones, las grandes beneficiarias del plan de Montoro para modernizar la estructura local del país. Deben prestar los servicios que los ayuntamientos más pequeños no pueden. La fusión de los concellos en España quedó en nada, aunque en torno a este debate se han derramado ríos de tinta. Los regidores dieron un golpe en la mesa y demostraron su poder. 

Otra reforma ya esbozada en el papel por el equipo de Renzi y que la oposición italiana intenta boicotear es la del Senado. Renzi, líder en auge tras su éxito en las elecciones europeas, quiere convertirlo en una Cámara de las regiones, con 148 escaños en total, frente a los 320 de ahora. Serán ocupados sin sueldo por los presidentes de las regiones y alcaldes de las capitales de cada región. En este caso, el Gobierno italiano no solo quiere meter la tijera en el apartado de gastos. Busca ganar eficacia, pues Italia, con el sistema bicameral perfecto, podía tardar años en aprobar leyes necesarias para la marcha del país. 

En España, se han alzado voces reclamando la eliminación del Senado, que este año maneja un presupuesto de 51,7 millones de euros. Los políticos confiesan su inutilidad y que la Cámara Alta es un cementerio de elefantes, a donde van parar viejas glorias de la política a la espera de la jubilación. El partido en el Gobierno propone una reforma para reforzar su carácter como Cámara de representación territorial, pero el PP se niega a su desaparición. 

Grecia:

En mayo de 2010, en pleno rescate de la UE, Grecia se cepilló 679 municipios y quedan solo 355 frente a los 1.034 de antes de la explosión de su crisis. Solo sobreviven los Ayuntamientos que tienen más de 10.000 vecinos. El objetivo fue recortar 1.185 millones de euros de gasto público en un país sobrepasado por el endeudamiento. El ahorro de recursos públicos supone también reducir a la mitad los actuales 50.000 cargos políticos municipales griegos. 

El Parlamento griego acordó también que los comicios locales se celebren cada cinco años y no cada cuatro para coincidir con las elecciones europeas, y así ahorra 75 millones de euros al hacer coincidir campañas electorales 

Suecia: 

A raíz de la crisis económica, Islandia pasó de 7.200 a 76 ayuntamientos y Letonia, de 500 a 118. Suecia, no tanto por las estrecheces económicas, debate quedarse con menos de la mitad de las 21 regiones en que se organiza ahora. En el pasado ya aplicó un drástico recorte a los consistorios, de 2.282 a 286.



divendres, 8 d’agost del 2014

Los expertos discrepan del alcance de la reforma que propone el PP


Mariano Rajoy. / ARTURO WONG (EFE)
¿Qué significa que gobierne la lista más votada? Según cómo se plantee podría querer decir cosas distintas. El Partido Popular ha lanzado el debate sin ofrecer una propuesta con letra pequeña y tanto los expertos consultados como las federaciones de municipios y provincias sondeadas por este periódico consideran que estudiarla es algo aceptable (el PSOE lo ha planteado en el pasado). Sin embargo, discrepan sobre su alcance. 

Ignacio Lago Peñas, profesor de Ciencia Política en la Pompeu Fabra de Barcelona, recuerda que en el ámbito local la personalización política es más acentuada alrededor de la figura del alcalde. “Sería una reforma de muchísimo calado, un cambio en las reglas del juego en mitad del partido que previsiblemente beneficiaría a quien concentra el voto, como el PP, PNV o CIU en detrimento de quién está en tercer o cuarto lugar, como ocurre con IU o UPyD”. Según Lago Peñas, que el Gobierno de un Ayuntamiento sea para la lista más votada podría articularse con una bonificación de concejales para esa lista, lo que “distorsionaría las preferencias de los ciudadanos”. Este experto en analizar las consecuencias políticas de las leyes electorales recuerda que esto era así durante la II República, donde la lista más votada conseguía el 60% o 70% de representatividad, lo que forzaba de partida la existencia de coaliciones. Algo que, de plasmarse en la Ley Electoral, tendría efectos “mecánicos y estratégicos”. Entre los primeros, impulsaría que los partidos políticos minoritarios tendrían claro que no llegarían a colocar a un alcalde de los suyos. “En cuanto a los estratégicos, sería un incentivo fortísimo para aglutinar a las fuerzas de izquierda”, algo que podría volverse en contra del PP, según este experto. 

Íñigo de la Serna, presidente de la Federación de Municipios y Provincias y alcalde de Santander (PP), cree que “se ajusta mucho más a lo que es la democracia y acerca el Gobierno del municipio a la voluntad de los ciudadanos”. El presidente del organismo que aglutina a los 8.117 alcaldes españoles recuerda que “es una propuesta abierta que ha hecho el PP y no es la primera vez que lo plantea”, y ataca que en ocasiones los votantes se ven traicionados porque las siglas a las que apoyan se alzan con la alcaldía mediante pactos con partidos que tienen programas distintos. Sobre la urgencia de esta reforma, lanzada a menos de un año de las elecciones municipales, De la Serna mantiene que “el Gobierno sigue planteando otras reformas de calado”. 

La catedrática de derecho Constitucional María Luisa Baguer considera que una reforma hacia esa dirección atajaría lo que llama el “efecto perverso”, de que a través de pactos se consigan mayorías absolutas de partidos ideológicamente dispares. “No me parece ningún disparate, ni que beneficie solo al PP”, asegura. 

A falta de datos concretos sobre cómo se llevaría a cabo, otro de los mecanismos electorales para conseguir lo que proponen los populares pasa por una segunda vuelta electoral que eliminase a los partidos que no hubiesen conseguido en la primera un porcentaje determinado de los votos. “La doble vuelta presenta un gasto enorme”, reflexiona el profesor Victoriano Ramírez González, director del Grupo de investigación en Métodos Electorales de la Universidad de Granada. Contrapone este sistema, aplicado en Francia, al llamado Majority Judgment o de la mediana, propuesto recientemente por el economista Michel Balinski, que permite que compitan “muchos candidatos” sin que ello suponga una división de los votos. “Este método propone establecer calificativos a un candidato tales como: excelente, muy bueno, bueno, aceptable o rechazable, de tal forma que sean muy fáciles de entender por los electores sin necesidad de explicación alguna y además no dan lugar a confusión, como podría ocurrir con las puntuaciones numéricas”. Con esta fórmula, dice, cada partido podría presentar a más de un candidato y serían los electores los encargados de designar al de sus preferencias. 

“En el ámbito local real”, apunta Francisco Velasco, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid, “los liderazgos no son tanto de partidos”. Considera que desde el punto de vista teórico no sería una mala idea porque, en ocasiones, “el modelo obliga a los partidos a apoyar a candidatos que a menudo no respetan el ámbito de decisión local”. Es decir, que no siempre un alcalde toma decisiones en clave local sino de partido, y una reforma encaminada a evitarlo sería bienvenida. 

Varios expertos consultados lanzan además la siguiente reflexión: con un sistema electoral que se aplica con continuidad en todos los escalones del Gobierno —elecciones generales, autonómicas y locales— dando hueco a las minorías, la reforma debería extenderse a todos esos ámbitos o, de lo contrario, sería muy difícil de justificar ante la opinión pública. En cualquier caso, hay unanimidad en solicitar sosiego. “Un cambio de estas características requiere tiempo, reflexión”, apunta Lago Peñas. 

El catedrático de Constitucional Javier Pérez Royo se pronuncia en contra: “Tenemos un sistema que funciona a través del consenso, de la búsqueda de pactos, no podemos alterarlo así como así”. Apunta además a que la reforma conllevaría una cadena de cambios y pone un ejemplo: “Un alcalde no puede aprobar el presupuesto con la mayoría del pleno en contra”. 




Autora: Maria Fernández Lago 
Publicado en: El País

Heràldica valenciana





Interessants articles publicats al diari Levante Emv que tracten d'heràldica municipal valenciana.



De coronas borbónicas y barras donde no toca

Muchos de los 231 escudos municipales que carecen de validez oficial arrastran errores como los remates cerrados en el timbre, de tradición castellana; las armas reales de las cuatro barras en pueblos que no pertenecieron al rey sino a un señor; y formas no cuadrilongas 

Desde que en 1837 se obligó a cada población a tener un escudo propio, los ayuntamientos valencianos con la complicidad de Madrid en el siglo pasado han caminado de forma dispar sin atender la unidad simbólica ni el respeto a la tradición heráldica. Ésta es una muestra de los errores más habituales que no acepta la Generalitat. 

Que 231 municipios valencianos tengan un escudo no reconocido por la Generalitat, como desveló ayer Levante-EMV, se explica mirando a Madrid. Allí, cuando en 1837 se abolieron los señoríos y se obligó a todas las poblaciones a dotarse de un escudo municipal, entre la Real Academia Española de la Historia y el Ministerio de la Gobernación aprobaron en serie las propuestas de escudos que recibían. Sin apenas sensibilidad hacia los criterios más arraigados en la propia identidad municipal y en la heráldica regional, autorizaban escudos con las armas reales de la Corona de Aragón la cuatribarrada sobre oro sin importar que la villa en cuestión no hubiera dependido del rey sino de un señor feudal, como era lo habitual salvo en casos como Valencia, Xàtiva, Alzira, Sagunt, Cullera, Castelló, Morella, Borriana, Vila-real, Ontinyent o Alicante, por citar algunas ciudades de realengo. También se validaban los escudos rematados en el timbre por una corona real cerrada a lo borbónico, totalmente ajena a la tradición heráldica de los territorios de la Corona de Aragón, donde es propia la corona abierta, como destaca Jesús Huguet, secretario del Consell Valencià de Cultura y miembro del Consell Tècnic d'Heràldica i Vexil· lologia de la Generalitat. 

Muchos escudos fueron cambiando a lo largo de los siglos XIX y XX, especialmente en los años 50, 60 y 70 de la pasada centuria. Pero con los requisitos heráldicos establecidos por el Consell en su decreto 116/1994 ya no hay marcha atrás: todo ayuntamiento que quiera tener un escudo oficial reconocido por la Generalitat la Administración competente en esta materia debe plegarse a sus criterios y adaptar su escudo. Por ese proceso que es voluntario y recomendado, pero no obligatorio han pasado 311 ayuntamientos. El resto de poblaciones sigue en el limbo con unas enseñas que no se ajustan a los criterios comunes que pretenden unificar los símbolos del municipalismo valenciano. 

Y las irregularidades que cometen los escudos no validados por el consejo heráldico son, por ejemplo, las siguientes. En el escudo de Benicarló y Puçol, aprobados en Madrid los años 1971 y 1961 respectivamente, el escudo es cuadrilongo como toca pero acaba en punta final, algo no permitido por la normativa autonómica. El decreto exige escudos de tipo cuadrilongo redondo, excepto la forma en losange (rombo) en casos excepcionales justificados por una antigua tradición que se remonte a antes de 1837, como el de Valencia o Alzira. De los dos ejemplos antes señalados, cada uno incumple otra norma: el de Benicarló luce corona cerrada borbónica y el de Puçol exhibe una contradicción: por un lado muestra en uno de sus cuarteles el símbolo episcopal del capelo, los cordones y las borlas en alusión a que la población perteneció como señorío al obispado de Valencia, pero por otro lado luce los cuatro palos de gules sobre oro de la cuatribarrada, cuando no fue villa real. Esas barras le sobrarían. 

La política en el escudo 

En el escudo no oficial de la Pobla de Vallbona aprobado en 1976, cuando arreciaba la batalla de símbolos en tierras valencianas, entre la cuatribarrada incorrecta según la norma autonómica y la corona cerrada también contraria a los criterios de la Generalitat aparece un extraño y sospechoso color azul que pertenece al interior de la corona y que logra transmitir la imagen de una señera tricolor. Parece una muestra de política incrustada en la heráldica. 

La apariencia espartana de la enseña de Almassora sufre la falta de una corona. En sentido contrario, la sobreabundancia de elementos haría inviable en su forma actual los escudos municipales de Museros, Moncada, Orihuela, Manises o Burjassot. De hecho, el reglamento valenciano estipula de forma tajante que «no se adornará el escudo municipal con ningún otro ornamento exterior ni lemas o filacterias». 

Para comprobar el proceso de normalización de un escudo, resulta instructivo observar el reciente caso de la Font de la Figuera. Aprobado en 1978 por Madrid, contenía errores como su forma cardiforme, más propia de la tradición alemana o polaca, y la corona cerrada. El nuevo escudo, aprobado por la Generalitat, sigue incluyendo como elementos únicos la font de la plaza mayor y la figuera. Pero con forma cuadrilonga y corona abierta. Asunto solucionado. Ahora bien: en el fragor de la batalla, la oposición, del PP, hasta llegó a reclamar una consulta popular sobre la nueva enseña. Pese al paso de los siglos, otra vez las lanzas se abaten contra los escudos.


Autor del artículo: Paco Cerdà