El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas de la portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, la cordobesa Rosa Aguilar, ha asegurado que la Reforma de la Administración Local que promueve "no impide que se continúe la prestación y atención de servicios sociales por parte de los ayuntamientos".
El Gobierno de la Nación, en respuesta a preguntas de la portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, la cordobesa Rosa Aguilar, ha asegurado que la Reforma de la Administración Local que promueve "no impide que se continúe la prestación y atención de servicios sociales por parte de los ayuntamientos".
Así se recoge en la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que ha dado el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy a la portavoz socialista, la cual había dirigido al Gobierno central una batería de preguntas para saber "¿cómo se llevará a cabo la implicación de los servicios sociales de las entidades locales en la lucha contra la pobreza cuando entre en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que priva a estas administraciones de la competencia en servicios sociales?".
También preguntó Rosa Aguilar "cómo se va a compatibilizar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016" con la Reforma de la Administración Local y "¿cómo se va a desarrollar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 con la reducción del personal en los servicios sociales, trabajadores sociales, educadores, etcétera, cuando se aplique la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local?".
Ante estas cuestiones, el Gobierno de España ha señalado que la Reforma Local no impide que los ayuntamientos sigan prestando servicios sociales dado que, "en la modificación que realiza del artículo 26.1 apartado c) se establece que en los municipios de población superior a 20.000 habitantes deberán prestar en todo caso los siguientes servicios: protección civil, evaluación e información de las situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social"
A esto ha añadido el Ejecutivo central en su respuesta que "la asunción por las comunidades autónomas de la titularidad de las competencias relativas a servicios sociales está prevista (...) que se realice con fecha 31 de diciembre de 2015. Si en dicha fecha las comunidades autónomas no hubieren asumido dichas competencias seguirían prestándose por los municipios, con cargo a la administración autonómica".
Además, según ha recordado el Gobierno, "en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se mantienen las aplicaciones presupuestarias correspondientes a la cofinanciación con las comunidades autónomas de los programas sociales" y también "se dispone de un crédito extraordinario de 17 millones de euros destinados a luchar contra la pobreza infantil".
Junto a ello, en la respuesta del Ejecutivo se señala que la Reforma de la Administración Local "no modifica la obligación de las administraciones de ofertar unos servicios sociales cercanos al ciudadano, sino solamente la atribución de competencias de los mismos, a fin de incrementar su eficiencia y eficacia en la atención al ciudadano".
De hecho, según ha subrayado el Gobierno, "el propio Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAin) 2013-2016, en los objetivos operativos 9, 10 y 11, apuesta por potenciar la eficacia y el acceso a los servicios sociales, mejorando los servicios de información para poder asignar recursos de forma más eficiente, fortaleciendo la intervención dentro de las familias y fomentando la coordinación de éstos con los educativos y sanitarios. Las diversas actuaciones recogidas en estos objetivos operativos están mayoritariarnente asignadas a las comunidades autónomas y corporaciones locales, prestadoras de los servicios".
Por último, el Gobierno ha afirmado que "la Ley 27/2013 (Reforma Local) está dirigida a que los servicios sociales se presten por una única administración, en este caso las comunidades autónomas, aunque siempre pueden delegar la prestación de este servicio a los ayuntamientos mediante convenio", si bien "las comunidades autónomas han asumido la competencia exclusiva en materia de 'asistencia social', en virtud del artículo 148.1.20 de la Constitución Española, por lo que son estas administraciones las que, mediante su propia normativa y recursos, tienen absoluta libertad para organizar su sistema de servicios sociales".
También, según ha insistido finalmente el Gobierno en su respuesta a la diputada del PSOE por Córdoba, "hay que tener en cuenta que hasta el 31 de diciembre de 2015 no entrarán en vigor los cambios de la reorganización competencial incluidos en la Ley 27/2013, por lo que es muy pronto para poder valorar las futuras consecuencias de esta legislación" y, "en consecuencia, se seguirá con la línea mantenida hasta la actualidad de colaboración técnica y financiera entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la realización de programas de servicios sociales".
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