- Se prohiben las donaciones de personas jurídicas a partidos políticos, hasta ahora permitidas con un límite de 100.000 euros.
- Todos los partidos deberán presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas y se crea la figura del responsable económico.
- Se prohibe la condonación de las deudas bancarias a los partidos políticos.
- Fortalecimiento de la respuesta penal contra la corrupción y devolución de las donaciones indebidas.
Para prevenir abusos y reforzar el control en la Administración:
- Selección de los altos cargos bajo criterios de competitividad.
- Límite y transparencia de retribuciones para prevenir abusos.
- Los condenados por terrorismo no podrán ser altos cargos de la Administración.
- Tampoco se nombrará a condenados a sentencias firmes, inhabilitados o suspendidos para empleo o cargo público.
El Gobierno ha puesto en marcha un intenso programa de reformas para salir de la crisis y volver a crear empleo. La economía centra nuestro impulso reformista, pero somos conscientes de que la recuperación de la confianza pasa también por el fortalecimiento de nuestras instituciones.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno es una pieza fundamental en este objetivo. Porque creemos que contribuirá de forma determinante a restaurar la confianza en las instituciones y a mejorar la calidad de nuestra democracia. Por eso, hemos desarrollado un trámite de consulta pública sobre el texto de esta nueva norma. Para que los ciudadanos pudiesen conocer de primera mano y participar en primera persona en la elaboración de esta Ley; porque serán precisamente ellos sus principales protagonistas y beneficiarios.
Estamos ante una norma que hará que España deje de ser uno de los pocos países europeos sin Ley de Transparencia y, por esta razón, queremos tener la mejor posible. Una Ley completa en términos de obligaciones de transparencia de nuestras administraciones, que garantice el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública y que refuerce la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos que son de todos.
Con este trámite de información pública hemos tratado de hacer partícipes a los ciudadanos de esta mejora, con sus aportaciones, sugerencias y apreciaciones. Y los resultados han sido muy positivos. En estos 15 días la página web que hemos habilitado ha recibido casi 80.000 visitas y los ciudadanos han enviado más de 3.600 contribuciones.
Quiero dar las gracias a todos los que han participado en esta consulta pública, por su interés y por su colaboración, porque estoy plenamente convencida de que experiencias como éstas contribuyen a reforzar nuestra democracia y los derechos que ampara.
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA
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