La secretaria general de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro, afirmó hoy que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas analizará, enviará los correspondientes "requerimientos" a los gobiernos autonómicos, hablará para llegar a un acuerdo y, en su caso, recurrirá al Tribunal Constitucional, las leyes regionales que puedan desvirtuar la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Así se pronunció en su intervención en el XXVII Curso de Economía para Periodistas de Información Económica que organiza la asociación que agrupa a éstos, APIE, a preguntas de los asistentes sobre la posibilidad de que gobiernos autonómicos aprueben leyes que interpreten a su modo la reforma local aprobada por el Ejecutivo central. En concreto, la Junta de Castilla y León aprobó en este sentido un decreto-ley y la Xunta de Galicia está elaborando una ley que justifican por la necesidad de clarificar dudas que puedan surgir en la apliación de la reforma local.
Navarro contestó que Hacienda reacciona con el procedimiento habitual en estos casos: estudiar las normas aprobadas por las comunidades autónomas, si detectan alguna anomalía enviar los correspondientes requerimientos al gobierno regional en cuestión, negociar y tratar de llegar a un acuerdo sobre los puntos en litigio durante seis meses y, en su caso, las impugnará ante el Tribunal Constitucional.
Por lo demás, Navarro defendió que, con el Fondo de Liquidación Autonómica, se ha atendido a la vieja reivindicación de los ayuntamientos de que las comunidades les paguen los más de 1.600 millones que tenían de deuda con ellos, y también el Plan de Pago a Proveedores por el que se han saldado ocho millones de facturas pendientes con 190.000 proveedores, de un montante total de 41.800 millones, el 62% para proveedores del ámbito sanitario y otro 34% de servicios sociales. Según vaticinó, la factura electrónica y la Ley de Transparencia evitarán que pueda volver a crearse una deuda así.
Además, la secretaria general respondió al presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, que intervino antes que ella, que el Gobierno tendrá en cuenta a las entidades locales en el diseño del sistema de financiación autonómica, le reconoció que el margen de maniobra de las comunidades ha sido siempre mayor que el de los ayuntamientos, cuyo sistema es "mucho más rígido".
De la Serna reclamó también que el diseño del nuevo modelo no se haga mirando sólo la situación actual, donde las comunidades parecen más necesitadas que los municipios, porque cuando se reactive la economía aquéllas tendrán más posibilidad de mejora por su tipo de orientación económica.
Navarro destacó el "esfuerzo considerable" de las comunidades autónomas para ajustar su deuda, "aunque no han llegado a tanto como las entidades locales", y reivindicó el valor del Fondo de Liquidez Autonómica, al que se apuntan también las regiones que tienen superávit, por el interés más accesible que les ofrece sobre el que obtendrían en el mercado. Así, explicó que cada año se ahorran 508 millones sobre lo que pagarían a los bancos; 224 de ellos Cataluña.
Fuente: La Información
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